Ser médica en un hospital privatizado en venta
Hace ya siete años que tuve la inmensa suerte de poder vivir de primera mano la puesta en marcha del Hospital de Torrejón, y fue una experiencia muy ilusionante. A priori, lo que nos contaban sobre la gestión indirecta era bastante coherente y parecía una clara mejora de la eficiencia. En manos de Ribera Salud y con las leyes madrileñas de área única y libre elección, comenzábamos una “sana competencia” con los hospitales vecinos para ofrecer el mejor servicio posible y recuperar los pacientes de nuestra área, mediante una política empresarial orientada hacia la excelencia profesional y la calidad asistencial.
En ese año, los médicos disfrutamos de unas buenas condiciones laborales y económicas. Muchos de mis compañeros superaron el encadenamiento de contratos eventuales con la sanidad pública clásica y obtuvieron un contrato indefinido, que les permitió cosas tan básicas como poder pedir un crédito hipotecario. La gestión indirecta superaba en agilidad al SERMAS, y las listas de espera se resolvían sin mucho trámite burocrático, ofreciendo horas extra de consulta, quirófano o pruebas diagnósticas, sin muchos conflictos con los profesionales, puesto que se retribuía por acto médico. Esto podía ser causa de una cierta mercantilización, más parecida a la facturación por acto médico de los autónomos en la privada pura, que al modelo clásico de la pública. En cualquier caso, la calidad percibida por los pacientes era muy buena, puesto que las citas se daban mucho antes que en los hospitales públicos vecinos. También se cuidaba mucho, como marca empresarial, el trato al paciente.
A mí lo único que me escamaba de todo aquello, y estábamos en 2011, era el ambiente de “bonanza” que se percibía, mientras el país estaba sumido en una gran crisis económica y los hospitales públicos se empezaban a resentir a golpe de recortes.
El cuento de hadas duró apenas un año. El plan de privatización del consejero Lasquetty saltó como una bomba en octubre de 2012 y, justo un mes después, Ribera Salud, por temas de liquidez –según se rumoreaba–, vendió su paquete de acciones a Sanitas. Enseguida supimos que Sanitas optaba a la compra del Hospital del Henares.
El traspaso de manos empresariales supuso un cambio sustancial en la filosofía de la gestión del hospital, y de puertas para dentro, y aunque el paciente no notase nada, los profesionales nos resentimos mucho. Se acabó la búsqueda de la excelencia y llegaron los recortes: en retribuciones, en proveedores, en proyectos. El cuento de hadas también le duró poco a Sanitas, pues en enero de 2014 el plan de privatización se paralizó definitivamente en los tribunales. Desde entonces, percibimos que Sanitas no nos quiere, que busca continuamente deshacerse de nosotros.
Estos 6 años han sido de rumores constantes de venta. El modelo empresarial que se ha impuesto es el de los resultados económicos a costa de la calidad del servicio y de la satisfacción de los profesionales. Satisfacción difícil de lograr cuando se nos divide entre old y new. Los nuevos contratos son más baratos y tienen peores condiciones laborales, pero amigos, esto es la privada, no hay obligación legal de pagar igual salario por igual trabajo. Por romper una lanza a favor de Sanitas, es probable que la gestión de Ribera Salud no fuese la más adecuada y que los recortes fueran necesarios para sanear las cuentas del hospital. Recordemos que Ribera Salud ha tenido bastantes problemas de solvencia en los hospitales de Valencia, con rescates, etc.
Como resultado del vaivén empresarial, muchos de mis compañeros se han ido del hospital, otra vez de vuelta a la precariedad de los contratos eventuales de la pública, en muchos casos. Las listas de espera ya no son tan cortas ni los pacientes están tan contentos. Y tanto Sanitas como la Consejería de Sanidad muestran un desinterés brutal por Torrejón. Hemos pasado de ser la “joya de la corona” de Esperanza Aguirre a un modelo residual de gestión a extinguir.
Otro gran problema que tenemos, a diferencia de los hospitales de Quirón Salud, es la falta de un centro de tercer nivel donde derivar sin penalización económica, a nuestros pacientes más complejos, por ejemplo, los bebés muy prematuros. Nosotros no tenemos una Fundación Jiménez Díaz, así que cada derivación supone una pérdida de ingresos para el hospital, que nos repercute a los profesionales, como si estuviese en nuestra mano controlar esas variables.
Desde dentro echamos en falta el control de la Consejería sobre cómo se gestionan los hospitales de este tipo, pues nos compran y venden y cambian nuestras condiciones sin que la administración rechiste. Nos regimos por un convenio laboral que no se parece en nada al marco estatuario de nuestros compañeros de la gestión pública: tenemos menos derechos, menos vacaciones, menos coberturas por baja laboral, no tenemos carrera profesional, ni siquiera una regulación legal de las guardias. Y encima, pueden hacer con nosotros lo que quieran, pues el despido es fácil y barato.
He trabajado como médico especialista durante 8 años en un hospital de gestión pública y 7 años en uno de gestión privada. Creo poder afirmar que no me siento deslumbrada por ninguno de los dos modelos y que conozco ambos en profundidad. Los dos tienen pros y contras, de ambos se puede aprender y mejorar. De mi hospital, Torrejón, puedo decir, por experiencia, que la gestión privada permite unos resultados que tiendan a la excelencia o a la mediocridad, según el estilo empresarial.
No sé lo que nos espera con la nueva Ribera Salud. Nueva, porque nada tiene que ver con la empresa que conocimos hace 7 años. La americana Centene es una incógnita para nosotros. Nos toca otra vez a empezar de cero. Pero tenemos esperanza de cambio, de volver a tender a la excelencia. Ojalá lo consigamos, pues el sistema, con todas sus imperfecciones, lo permite. Solo depende de la voluntad de sus gestores.
