Modelo policial: cuentos pendientes

En el año 1986, bajo la tensión de una etapa que se caracterizó por el “ruido de sables” y con todavía en la retina de la ciudadanía las imágenes de la intentona golpista del 23-F, se aprueba la Ley Orgánica de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCS). En ella se determinaron las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las FCS. Desde entonces se han llevado a cabo pocas reformas de gran calado en la política de Seguridad Ciudadana para adaptar nuestro modelo policial a la realidad social de nuestro territorio. 

Aunque aquella Ley supuso en su momento un avance importante para adaptar nuestros cuerpos de seguridad al orden constitucional, lo cierto es que no hubo en el modelo policial una ruptura total entre el franquismo y la recién estrenada democracia. Hoy, sin ninguna duda, nuestros policías y Guardias Civiles son un reflejo de la sociedad y han dado con creces ejemplo de profesionalidad y compromiso con el Estado de derecho. No ocurre lo mismo con parte de las estructuras de ambos cuerpos puesto que a día de hoy continúan en plena vigencia algunas normas de la etapa pre-constitucional.

A título de ejemplo, cabría recordar la norma por la que en ambos cuerpos se conceden las medallas. En el caso de la Policía Nacional su regulación pertenece al año 1964; en el de la Guardia Civil, al año 1976 (aunque esta última fue modificada levemente en la etapa de Fernández Díaz. Lo que vino después ya lo conocemos: la concesión de medallas a Vírgenes y amigotes. 

Hemos tenido la oportunidad de ver las dificultades que crean estas normas a la hora de retirar reconocimientos, medallas y recompensas a quienes fueron premiados por oponerse a la llegada de las libertades a nuestro país. El caso de Billy el niño es el más conocido, pero también podemos recordar las que entregó el Gobierno de Rajoy a siete policías, ahora imputados, por participar en una de las mayores tramas de corrupción policial, la conocida como “policía patriótica” cuyo miembro más conocido es Villarejo. Adjetivar como “patriótica” esa policía que se salta la Constitución demuestra igualmente cómo la derecha confunde la patria con sus intereses particulares. Por no hablar de la utilización de la policía con fines políticos durante la etapa del Partido Popular en el gobierno, que ha acabado con parte de la cúpula de la policía nacional entre rejas. 

Pero estos son sólo la punta del iceberg de muchos otros casos con las mismas características. El objetivo de las medallas en ambos cuerpos es el de resaltar servicios de especial relevancia, sacrificio y compromiso en favor de nuestra ciudadanía. No lo contrario. 

La cuestión es que necesitamos mecanismos ágiles para la retirada de esos reconocimientos a quienes incumplen esos principios. Es nuestra obligación crear la norma que no deje en la estacada a miles de agentes honrados y decentes que se quedan esperando una medalla por culpa del sistema actual. Medalla que casi siempre acaba en la pechera de personas que en pocas ocasiones han pisado la calle.

Pero el tema de las medallas supone una milésima parte de las cuestiones a abordar sobre nuestro modelo policial. Existen otros asuntos importantes: el despliegue territorial, las duplicidades en las funciones, el manejo de los fondos reservados, la descoordinación y cooperación entre las diferentes FCS, el uso y abuso de las vacantes de libre designación, la escasez de mujeres en ambos cuerpos, la falta de medios para trabajar o la falta de mecanismos eficaces que protejan algunos de los derechos de sus agentes, especialmente en la Guardia Civil. En definitiva, está pendiente una modernización y democratización efectiva, así como la adaptación de ambos cuerpos a la realidad y necesidades actuales.

Nuestro actual modelo policial hace aguas por muchas vías. Fijémonos en la situación de la España vaciada. Nos encontramos con cientos de pueblos de la zona rural que se encuentran desde hace años prácticamente abandonados, sin el servicio básico de seguridad ciudadana que el estado tiene la obligación de garantizar a todos los ciudadanos, vivan donde vivan, convirtiéndoles con esa escasez de servicios en ciudadanos de segunda. Hay pueblos que, ante la ausencia de un servicio permanente de Guardia Civil o Policía, son los propios vecinos los que, al no recibir una respuesta de las administraciones, han optado por crear sus propias patrullas vecinales, situándose al margen de la ley y asumiendo un grave riesgo al enfrentarse a esa labor. Estas salidas desesperadas e inconvenientes expresan perfectamente las carencias de nuestro modelo, que en el caso de la Guardia Civil, sigue manteniendo, ya en la segunda década del siglo XXI, un despliegue más cercano al de su fundación en el siglo XIX.

Los atentados del 11M  o los sucedidos en Barcelona y Cambrils en 2017, dejaron al descubierto la importante descoordinación y falta de cooperación entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad en España, otro de los problemas que acucian a nuestras FCS y que hasta ahora no se ha querido abordar en serio. 

No nos equivocamos al afirmar que, a pesar de aquellas conclusiones y transcurridos ya 17 años, no se han producido todavía avances importantes y de calado para dar respuesta a aquellas carencias que quedaron evidenciadas en aquellos trágicos episodios que incluyen los mayores atentados terroristas de la historia de España.

El problema no es de número. Si observamos los datos de la ratio del número de policías respecto a Europa, España se encuentra por encima de la media Europea. Según la Agencia Europea de Estadística (Eurostat) la media en la UE es de 318 policías por cada 100.000 habitantes. España cuenta con 361 por 100.000 habitantes, de manera que no solo estamos por encima de la media, si no que somos uno de los primeros países a nivel mundial en lo que se refiere a la ratio de agentes. Esto sin contar que desde que comenzó la crisis de 2008, y especialmente bajo el gobierno del PP, España ha perdido casi 20.000 agentes. Prácticamente ninguna unidad ha podido aún recuperarse de aquel desmantelamiento de lo público que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy también en el área de seguridad. Es ahora cuando comienzan a recuperarse las plantillas de ambos cuerpos. Si somos uno de los países como mayor ratio de policías ¿cómo es posible entonces que se esté demandando constantemente agentes para cubrir las necesidades de seguridad ciudadana? El caso más ilustrativo lo encontramos en la España vaciada, como he comentado antes, pero también podríamos hablar de la zona del Campo de Gibraltar o de las unidades de élite de la Guardia Civil y la Policía Nacional, donde también existe un importante déficit. Parece que la clave está principalmente en el despliegue actual, en la duplicidad de competencias y en la falta de coordinación y cooperación. 

Hemos visto demasiadas veces la utilización con fines políticos de las FCS, hemos asistido a demasiados casos graves de descoordinación, hemos sufrido la falta de transparencia y el obsoleto despliegue. Ya es hora de que se salde esa cuenta pendiente para dar respuesta a todos estos problemas que nacen como consecuencia de un modelo policial desfasado, y que perjudican a los miembros de las FCS y a toda la ciudadanía.

Cuando propongo abordar el estudio y reforma de nuestro modelo policial no hablo de dar solución a los problemas que el anterior gobierno del PP ha dejado en el Ministerio del Interior. Esos asuntos, que dañan la imagen de España, van por otra vía y algunos de ellos ya se están resolviendo en los juzgados. La apuesta es más ambiciosa. Se trata de  abrir en canal nuestro modelo policial, de poner en marcha una gran conversación sobre la seguridad en el siglo XXI y, finalmente, consensuar el modelo que necesitamos para las próximas décadas. La modernización y actualización de nuestro modelo policial es una cuestión pendiente y urgente. Tarde o temprano tendrá que abordarse. ¿Para qué retrasarlo? Hay que hacerlo pensando en los ciudadanos, en los retos de futuro y en nuestro estado de derecho.  La democracia que no democratiza su seguridad difícilmente podrá democratizar el mandato social de nuestra Constitución.