Montes, incendios y desinformación
Cada gran incendio forestal deja tras de sí un paisaje quemado, personas afectadas y una comprensible necesidad de encontrar explicaciones. Vaya por delante la solidaridad para quienes lo han padecido y, especialmente, para quienes lo han combatido. También deja un espacio fértil para los oportunistas de la desinformación. Antes incluso de que se conozca la causa del fuego, las redes sociales se llenan de mapas sin contexto, supuestas conspiraciones y responsables elegidos de antemano. Desde la agenda 2030 (que muchos no han leído siquiera) hasta los ecologistas, la ristra de culpables y barbaridades se multiplica…
Como ejemplo (desgraciadamente hay muchos más), una de las burradas más repetidas afirma que “se quema el monte para instalar placas solares o aerogeneradores”. La frase funciona porque ofrece una explicación sencilla, un culpable reconocible y una indignación inmediata. El problema es que es falso y omite el marco jurídico.
Los hechos: la Ley 43/2003, de Montes, establece que las comunidades autónomas deben garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados. Su artículo 50 prohíbe el cambio de uso forestal durante al menos treinta años y también las actividades incompatibles con la regeneración de la cubierta vegetal. Punto. Si bien es cierto que la ley contempla excepciones tasadas (como que el cambio de uso estuviera previsto antes del incendio o para que la competencia no fastidie los planes, por ejemplo), no es algo sencillo poner una planta solar o un centro de datos en tierra quemada. Dichas excpeciones, además, deben ir acompañadas por medidas compensatorias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente. En los montes catalogados de utilidad pública, para colmo, esta última excepción no puede aplicarse.
Por tanto, un incendio no recalifica automáticamente el terreno, no elimina sus protecciones y no abre una vía rápida para construir una instalación energética. En una sociedad normal esta explicación debería servir para atajar tales gilipolleces, pero la verdad es que la gente tampoco lee aquello que no le gusta. Maldita postverdad. Y malditos saprófitos que usan el miedo y la ignorancia a su favor.
Los incendios forestales son un problema complejo. Y, como tal, requieren soluciones de cierta complejidad. Pocas personas quieren ser ganaderas, agricultoras, forestales o pescadoras, porque es duro. Muy duro. Y por eso el monte, que desde que bajamos del árbol (algunos siguen en él) nos ha nutrido de recursos (leñas para cocinar y calentarnos, forraje para los animales que nos daban la carne, madera para construir barcos o edificios…), está en su mayoría abandonado a su suerte, salvo honrosas excepciones.
Desgraciadamente, la desinformación prospera precisamente cuando una cuestión compleja se reduce a una coincidencia dibujada sobre un mapa. Que exista una solicitud de parque solar, una línea eléctrica, una explotación minera o cualquier otro proyecto en una comarca no permite concluir que el incendio haya sido provocado para favorecerlo. Otro ejemplo: las dificultades burocráticas para que una finca tenga un proyecto de ordenación de montes con el fin de aprovechar sus recursos alimenta el discurso de quienes de forma falaz dicen: “Es que si tocas una piña te denuncian”. Convertir una sospecha en certeza sin investigación es desinformar, aunque la afirmación se presente como una denuncia valiente o como una defensa del territorio.
No son los únicos bulos. También se repite que los montes arden porque “no se limpian” (como si un ecosistema forestal fuera un solar y toda la vegetación fuese suciedad), que bastaría con llenar el país de cortafuegos o productos milagrosos, que más aviones apagarían cualquier incendio, o que el pastoreo, las quemas prescritas, la tala o la prohibición absoluta de intervenir son, cada una por separado, la solución definitiva. Todas esas herramientas pueden resultar útiles en determinados lugares y bajo determinadas condiciones. Ninguna sirve para todo el territorio, frente a cualquier comportamiento del fuego y en cualquier escenario meteorológico.
El incendio 3x1 (Burgohondo en Ávila, San Martín de Valdeiglesias en Madrid y Almorox en Toledo) se originó, respectivamente, por una imprudencia grave con maquinaria pesada, un vehículo que comenzó a arder en la carretera M-501 y la presunta negligencia junto a una urbanización y acabaron juntándose en el incendio más grande de nuestra historia. Entre 70 y 80.000 hectáreas. Y es que la causa de la ignición, siendo importante, lo es menos que la causa de la propagación. Y los fuegos se propagan más y con mayor intensidad porque hay más energía disponible arriba (atmósfera) y abajo (vegetación seca y disponible para arder).
Por cierto, el potencial del incendio 3x1 era de más de 100.000 hectáreas quemadas de no ser por el eje de contención entre Cebreros y Robledo de Chavela apoyado en la AV562, M539 y M512 a ambos lados del río Cofio de no ser por dos razones clave: la primera, las fincas El Queixigal (Ávila) y El Endrinal (Madrid), gestionadas por sus propietarios -¡gracias!- con trabajos forestales, ganadería extensiva y una red fantástica de caminos, han sido fundamentales para sostener la cabeza del incendio más grave de nuestro país hasta la fecha. La segunda, un gran despliegue de servicios públicos de emergencia, el esfuerzo denodado de profesionales y personas voluntarias para contener el paveseo (chispas incandescentes que saltaban a la carretera) con la utilización de maquinaria pesada, tendidos de manguera, descargas de medios aéreos, uso de fuego técnico… y trabajo en equipo.
Seguro que se puede hacer mejor. Tiempo habrá. Pero este episodio inédito, complejo y muy intenso muestra un paradigma claro: sólo conseguiremos afrontar el reto de los incendios forestales que vamos a sufrir a partir de ahora trabajando en equipo. Con todas las capacidades del país.
Las mentiras tienen una ventaja política: caben en un eslogan. La gestión forestal real, en cambio, exige diagnóstico, planificación, inversión continuada, personal cualificado, mantenimiento, evaluación de resultados y adaptación a cada paisaje. Exige decidir dónde actuar, con qué intensidad, para proteger qué valores y asumiendo qué efectos. Exige integrar selvicultura, ganadería extensiva, agricultura, aprovechamientos forestales, fuego técnico, restauración, conservación de la biodiversidad, infraestructuras defensivas y autoprotección. De ahí la importancia de la ciencia y el conocimiento. Y exige admitir una realidad incómoda: habrá incendios que, durante determinadas fases, superarán la capacidad de extinción. Prometer que todos pueden evitarse o apagarse es tan irresponsable como resignarse a no gestionar el territorio.
La agenda forestal de Navarra tasa en unos 10.000 euros el coste de extinción por hectárea (aviones, helicópteros, camiones, maquinaria, personal, comida, combustible, horas de personal…). Multipliquen por 80.000.
Si, nos hemos gastado en extinción unos 800 millones de euros.
¿Sabe usted cuántas hectáreas se pueden gestionar con esos recursos? Si invirtiéramos más en verde (hectáreas gestionadas), no gastaríamos en negro (tierra quemada).
Quiero aprovechar la oportunidad que me da elDiario.es para poner en valor un trabajo que hicimos muchas personas hace tres años tras los incendios de 2022. Frente al ruido, la Declaración sobre la gestión de los grandes incendios forestales en España, impulsada por la Fundación Pau Costa, ofrece una base sensata para construir acuerdos. Su punto de partida es inequívoco: un problema complejo, agravado por el cambio climático, no puede abordarse mediante creencias, mitos ni discursos sesgados. La declaración se apoya en el conocimiento científico, la experiencia de los servicios de extinción y las necesidades del territorio. Si no nos hacemos las preguntas correctas, es imposible que encontremos las respuestas que necesitamos.
Combatir la desinformación no significa negar que existan delitos, negligencias, conflictos de intereses o malas decisiones administrativas. Significa exigir que cada acusación se sostenga sobre hechos comprobables. También significa rechazar el uso oportunista del miedo. Quien aprovecha un incendio para ofrecer culpables instantáneos y remedios universales degrada el debate público y aleja recursos y atención de las medidas que realmente pueden reducir el riesgo.
Considerar el monte un decorado estático que solo merece atención cuando arde, aceptar que la realidad forestal se propague por cadenas virales, vídeos manipulados o consignas electorales, es insostenible. ¿Queremos ser merecedores del apellido “sapiens”?
Demostrémoslo.
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