Pactos de La Moncloa y pactos de progreso

En los últimos días los medios de comunicación han iniciado una fuerte campaña reivindicando la firma de unos acuerdos equivalentes a los Pactos de La Moncloa para la salida de la crisis económica generada por la pandemia. El Gobierno, a través de su presidente y con el apoyo público de Pablo Iglesias, ha recogido la iniciativa.

Pero estamos ante situaciones muy diferentes y frente a problemas muy distintos a los de 1977. Joan Coscubiela ha explicado en este mismo medio los contenidos de los Pactos de La Moncloa y las diferencias con las necesidades actuales son evidentes. También hay una experiencia concreta de cómo las partes cumplieron esos acuerdos. La comisión de seguimiento no se implementó, la derecha económica no impulsó ningún cambio significativo en un modelo productivo perverso, que ha mantenido hasta ahora y está de nuevo impulsando una vez recuperada la tasa de ganancia afectada por la crisis sistémica del 2008. Las fuerzas políticas que aplicaron soluciones neoliberales (también el PSOE) remacharon institucionalmente esa salida, reforzada por algunos compromisos internacionales. Paro las “terceras vías” de Blair o Clinton fracasaron. Es, por tanto, lógico, que haya una fuerte desconfianza en la izquierda a una experiencia equivalente.

Además, estamos viendo que la derecha tampoco está ahora por la labor. Las reticencias mostradas por Casado y la frontalidad de la negativa de la derecha extrema son evidentes. Esto lo deberíamos haber asimilado ya desde las políticas que se impusieron para la salida de la crisis de 2008. Fuimos los trabajadores los que pagamos los costes y, en segundo término, los autónomos y las pequeñas empresas desplazadas del mercado. Encima pagamos la recuperación de la banca y soportamos que la recaudación por Impuesto de Sociedades haya descendido entre 2007 y 2019 un 39%.

En el fondo, las políticas del estado de bienestar ya no eran, ni son, posibles porque no se dan ninguna de las condiciones que las habían generado y además la derecha no se ve obligada a ellas: no tiene por qué entregar a la socialdemocracia ningún elemento de redistribución de la renta a través de la financiación suficiente de los servicios públicos mediante la adecuada fiscalidad, aunque hayan obtenido a cambio no solo que se respete la propiedad privada de los medios de producción sino que se privatice gran parte de lo que era público. Quiere la propiedad, recuperar los impuestos y convertir los servicios públicos en mercancías de las que se pueden obtener buenos beneficios.

Y en eso estábamos. Pero la pandemia está cambiando las cosas. Desde el punto de vista médico, también se mueren los ricos y tampoco les pueden despedir sus familiares. Pero desde los criterios de confinamiento, no es lo mismo confinarse en 15 metros cuadrados por persona, que en 60 con jardín y piscina; ni la educación por internet se puede seguir sin dispositivos. Hay quienes aquí, pero sobre todo en muchos países del mundo, no pueden confinarse porque no tienen vivienda para hacerlo. Es otra forma de pagar la crisis, que si no se pone remedio pronto volverá a hacer estallar el desempleo.

Una fuerte convicción por la necesidad del cambio se está extendiendo. En mi calle, que vota en un colegio electoral donde sistemáticamente gana la derecha con amplitud, ahora se aplaude a las 20.00 horas desde la mitad de los balcones. No tiene valor estadístico, pero es un síntoma.

Por tanto son necesarios los acuerdos y serán posibles. No con los contenidos, el estilo y el escaso control de los Pactos de La Moncloa, sino de acuerdo con las circunstancias y necesidades actuales y futuras de la reconstrucción del país.

La primera cuestión, y es una diferencia notable con 1977, es que hay gobernando en el país de forma legal y legítima una coalición de partidos progresistas. Corresponde a ese gobierno la iniciativa en cualquier acuerdo. Una iniciativa que debe ser completamente abierta para que se sumen a ella quienes quieran hacerlo.

La segunda cuestión, y también es otra diferencia notable, es que los objetivos de hoy son sustancialmente diferentes. Se trata de la reconstrucción económica y social del país. Para lo existente hasta el inicio de la pandemia ya había un programa legítimo y legal de gobierno. Cualquier propuesta que no parta de ahí es inasumible y no puede ser aceptada democráticamente porque ese programa ha sido respaldado por la ciudadanía. Pero hay recorrido y espacio para el acuerdo y sobre eso se puede pactar. La reconstrucción del país se tiene que hacer en un contexto de cambio climático con requisitos productivos y sociales nuevos, en el marco de la robotización de los procesos productivos y su influencia sobre los sistemas de trabajo, y en el avance en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por las Naciones Unidas y vinculados a la Agenda 2030. Este es el espacio para el acuerdo y los sectores empresariales que defienden que aún hay lugar para que el capitalismo cumpla un papel de progreso, pueden involucrase en ello. En definitiva explorar la posibilidad de acuerdos ganador-ganador.

Pero estamos viendo que es muy difícil un pacto global y la derecha ha empezado a decirlo claramente. Su intención no es reconstruir el país sino derribar al Gobierno y si no es posible, devaluar su programa. Tomemos nota.

No se trata de un nuevo régimen, como teme Casado, simplemente porque no se puede llegar más lejos de donde permita la correlación de fuerzas, pero no es menos cierto que la sociedad globalmente está asumiendo la necesidad de un nuevo modelo social y la economía exige un nuevo modelo productivo porque la pandemia ha hecho saltar el existente.

Hay que ser cuidadoso en cuanto al modelo de sociedad. Se está manoseando la idea de que todo deberá cambiar. Ya es suficientemente conocido el aforismo de que todo cambie para que no cambie nada. La solidaridad y el sacrificio del mundo del trabajo, por poner un ejemplo, tendrá que ser resaltada. Un giro de 180 grados en el cuidado de las personas mayores, que debe ser vinculado radicalmente a un sistema público de pensiones dignas, al cumplimiento de la Ley de Dependencia, al cambio estructural del modelo de residencias que debe limitarse fundamentalmente a los mayores con necesidad de cuidados médicos, es necesario urgentemente. Hay que revisar el papel de los medios de comunicación para garantizar el derecho constitucional a recibir información verdadera, que es el reconocido, frente a la mentira y la manipulación de la realidad. Los medios de información públicos deben abandonar ya la promoción de modelos de comportamiento sustentados en personajes ociosos, cuando no condenados por conductas antisociales. Un organismo democrático de garantías del derecho a la información veraz será necesario.

La pandemia ha hecho visible para muchas personas al menos la debilidad del modelo productivo español, incapaz de generar empleo. El turismo de baja calidad está muerto; la especulación inmobiliaria es rechazada y la economía financiarizada, alejada de la producción, nos lleva a la catástrofe social. La construcción de un polo público en la banca, la energía, la industria farmacéutica, la investigación, los transportes, la vivienda y otros sectores (sin radicalismos, simplemente al mismo nivel que otros países de la UE) es insoslayable. El fortalecimiento de los servicios públicos será garantía de salud, formación y vida digna. La soberanía alimentaria cobra una importancia estratégica. Un ejemplo muy interesante es la crisis de la recogida de la cosecha de frutas en las próximas semanas. Aparte de las medidas de sobresueldo, aprobadas por el Gobierno, ¿de verdad si se pagan los salarios de convenio, se respeta la jornada, se facilita en condiciones dignas el transporte y la residencia y se proporcionan medidas serias de protección contra el contagio no habrá trabajadores suficientes? ¿Los trabajadores que hacían la recogida en Francia, por ejemplo, no preferirán trabajar en España si hay buenas condiciones? ¿No será ya necesario reorganizar definitivamente la cadena alimentaria? ¿Y el papel de los contratos de futuros?

Una Agencia consultiva con la representación de los agentes sociales será también necesaria para poner en pie las reformas necesarias del modelo productivo.

Todo ello requiere una reforma fiscal suficiente y progresiva. También sin radicalismo, con una contribución fiscal como la de Francia y Alemania, por ejemplo, que no están gobernadas por socialcomunistas. Que incluya una lucha eficaz contra el fraude y la economía sumergida y una limitación seria de la elusión fiscal. Factores que limitan gravemente la competencia y la CEOE debería empezar a condenar.

Otro acuerdo con una importancia clave es el relativo a la reforma en profundidad de la Unión Europea. Porque estamos también ante una crisis que puede ser agónica de la construcción europea y porque el cambio es condición necesaria para afrontar la reconstrucción del país.

Concluyendo: un acuerdo global y que incluya al PP y al nacionalismo de derechas, tal como están las cosas, sería incapaz de responder con eficacia a los retos que implica la situación. Y la dificultad no está tanto en que se hagan declaraciones más o menos críticas para justificar el autorrelato, sino en que no existe ninguna coincidencia en el diagnóstico de la situación. Sin un diagnóstico razonablemente común se pueden recetar jarabes para la tos pero no una terapia efectiva para una crisis. Eso sería decepcionante y con graves riesgos para la democracia.

Si puede haber un compromiso serio, son ellos quienes deben aclararlo porque si no se involucran quedarán fuera de la realidad social y política.

Mientras ese compromiso llega es más constructivo y eficaz un abanico de acuerdos de geometría variable, con fuerzas políticas que podrían apoyar en el Parlamento las medidas concretas, con sindicatos y organizaciones empresariales y con fuerzas sociales, que podrían dar un respaldo social; con sectores sociales e instituciones que expresan la cultura y el talento existentes en el país, que pueden aportar un compromiso de rigor y comunicación; finalmente con otras instituciones, y pienso especialmente en los Ayuntamientos, que podrían responsabilizarse de un nuevo modelo de descentralización de competencias.