Prórroga de Estado

El 14 de marzo el Gobierno declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 mediante decreto acordado en el Consejo de Ministros. Este decreto no puede exceder los 15 días y solo se puede prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados. Dado que las razones para declarar el estado de alarma han persistido, el Congreso de los Diputados autorizó una primera prórroga hasta el 11 de abril, una segunda hasta el 26 de abril, una tercera hasta el 10 de mayo y una cuarta hasta el 25 de mayo. La aprobación de la última prórroga hay que entenderla como una buena noticia independientemente de quién la apoyara. Si no hubiera habido prórroga, este domingo hubiéramos ido a un desconfinamiento abrupto, algo muy peligroso desde el punto de vista sanitario y de lucha contra la pandemia.

Los resultados de la votación fueron los siguientes: 178 a favor, 75 en contra y 97 abstenciones. A favor votaron el PSOE (120), Unidas Podemos (35), Ciudadanos (10), PNV (6), Más País (2), Coalición Canaria (1), Nueva Canarias (1), Partido Regionalista Cántabro (1), Compromís (1) y Teruel Existe (1). En contra votaron Vox (52), ERC (12), JxCat (8), CUP (2) y Foro Asturias (1). Se abstuvieron el PP (88), EH Bildu (5), UPN (2), ERC (1) y BNG (1). Estos resultados se han convertido ya en una foto amarga de los diputados y diputadas que libremente eligieron cómo querían quedar retratados. No es el momento de cuestionar los apoyos a una prórroga absolutamente indispensable para poder vencer al virus.

Mantener el estado de alarma es una necesidad de salud pública ante una pandemia sin precedentes en la historia reciente. Se trata de una medida para salvar vidas, probablemente la más alta responsabilidad institucional a la que ha visto abocada el Congreso de los Diputados. Las medidas de distanciamiento social y confinamiento amparadas por el estado de alarma se han demostrado eficaces para aplanar la curva de contagios. La reducción de la movilidad solo es posible al amparo del estado de alarma y es determinante a la hora de garantizar una desescalada en condiciones para evitar un rebrote.

Tampoco podemos olvidar que al mantenimiento del estado de alarma están asociadas las medidas del escudo social que ya están protegiendo y dando seguridad a la ciudadanía. La prohibición de despidos, la simplificación del procedimiento de ERTE, de la prestación por desempleo por causa de ERTE, la protección a trabajadores y trabajadoras temporales, la prórroga de contratos de personal docente e investigador, el mantenimiento de la actividad de centros sanitarios y servicios sociales, las medidas para las cooperativas, la prestación por cese de actividad de los autónomos/as, la prórroga automática de los subsidios de desempleo, la moratoria de hipotecas, la prohibición de corte de suministros, la ampliación del bono social, la moratoria en el pago de suministros para autónomos y PYMES, las medidas de protección de los derechos del consumidor garante a bienes y servicios no prestados, la exoneración de cuotas empresariales a la seguridad social a las empresas respecto a las personas trabajadoras afectadas por ERTE, la posibilidad de acogerse a ERTE de las entidades que tengan una parte de la actividad no declarada esencial, las medidas para los grandes tenedores respecto a los alquileres.

Estas son algunas de las medidas del escudo social que se sostienen mientras se prorrogue el estado de alarma y que revelan el compromiso de Unidas Podemos con que la crisis de la COVID-19 no la paguen los de siempre. El sufrimiento que provocó en millones de familias la crisis de 2008 y la forma en la que se gestionó, una política basada en recortes y austeridad, no fue inevitable. En estos momentos de excepcionalidad e incertidumbre, persistimos en la voluntad y el deber de ofrecer seguridad, protección y certezas a la mayoría social.

En definitiva, el estado de alarma es un instrumento que ha demostrado su eficacia frente a la COVID-19 tanto para aplanar la curva de contagios como por las medidas de protección a las personas en situación de vulnerabilidad. La autorización de la prórroga por parte del Congreso de los Diputados es una buena noticia ya que de esta manera se puede garantizar el proceso hacia una nueva normalidad sin riesgos sanitarios y sin rechazar el esfuerzo de toda la ciudadanía durante más de 50 días de confinamiento. Prorrogar el estado de alarma no era solo una cuestión de responsabilidad institucional y política, sino también de responsabilidad con la ciudadanía, de garantizar la protección sanitaria y las medidas de protección social de este Gobierno para no dejar a nadie atrás.