Los sindicatos ante la derecha involucionista, 50 años después

Hace 50 años CC.OO. desafiamos al ministro de la Gobernación, Fraga Iribarne y contribuimos decisivamente a desbaratar su “Operación Fragamanlis”. Un burdo remedo de la transición a la democracia que había pilotado Karamanlis en Grecia un par de años antes. Fraga propugnaba un proceso en dos plazos: uno inicial en el que pergeñar una Ley Fundamental de la monarquía, previa modificación de algunos artículos de las leyes homónimas del régimen y presentarla como una “constitución” a modo de carta otorgada por el rey; limitar la legalización de los partidos y sindicatos hasta el espectro socialista; y, tras la celebración de unas primeras elecciones, otro posterior procediendo paulatinamente a legalizar al resto de formaciones sociales y políticas.

Estratagema que terminó abortada cuando Adolfo Suárez la rebatió en el Consejo Nacional del Movimiento primero y en las Cortes (franquistas) después; como él mismo contó en el ciclo de conferencias organizado por la Real Academia de la Historia con motivo del 25º de la coronación del rey Juan Carlos y quedó publicado en el volumen que recogió todas las aportaciones de cuantos intervinimos en aquella convocatoria (25 años del reinado de J.C. I, pg.111; Espasa Calpe, Madrid, 2002).

Pero las diatribas entre los diferentes clanes residuales del régimen fueron sacudidas por las incesantes movilizaciones de muy diversos sectores sociales y la “galerna de huelgas” (así caracterizada por el conde de Motrico) del período 1975-1976; que habían herido de muerte a la dictadura aún antes del fallecimiento del dictador, catalizando un proceso democrático sin exclusiones, ni menos aún postergando a las fuerzas que más lo habían impulsado: Comisiones Obreras y el PCE. Sin embargo, Fraga lo intentó en el mundo sindical, pues al tiempo que toleraba la celebración del XXX Congreso de UGT en abril de 1976 (Felipe González no le había hecho ascos a la “vía Fraga”; todo hay que decirlo) prohibía el que habíamos solicitado las CC.OO. Afrontamos el pulso convocando una Asamblea Nacional de CC.OO. en la que reunimos a 650 delegados/as de toda España en la iglesia de Sant Medir de Barcelona el 11 de julio de 1976. Aunque el reto se lo habíamos lanzado a Fraga, para cuando fuimos a celebrar la Asamblea, Suárez llevaba ocho días como presidente del gobierno.

No obstante, conviene recordar que con Fraga y su Alianza Popular no habría habido Transición consensuada sino confrontación enconada y quien sabe con qué mayores costos de todo tipo de los que tuvimos en la que, pese a ser nominada como “pacífica” se cobró varios centenares de vidas. Como no estuvieron por la labor entonces, no es de extrañar que los descendientes de aquél Fraga que bramaba “¡la calle es mía ¡” tergiversen la Transición como si hubiese sido un regalo del monarca, envuelto en celofán con la colaboración de algunos perspicaces próceres del postrero franquismo, otorgado al pueblo español. Y en lugar de reflexiones autocríticas no han heredado otra cosa que argucias dialécticas para seguir trabucando la Historia que a punto estuvieron de hacerla descarrilar. Y pese a todo, el resto de fuerzas democráticas siguieron y siguen esperando que se sumen a los consensos básicos del Estado de Derecho en lugar de instrumentalizarlos cuando los pueden aprovechar en beneficio propio y sabotearlos si sirven a los intereses generales.

La contribución de los sindicatos de clase, Comisiones Obreras (CC-OO.), Unión Sindical Obrera (USO) y Unión General de Trabajadores (UGT) a la caída de la dictadura y a la recuperación de la democracia en España fue tan notable como infravalorada fue y sigue siendo. También contribuyeron a dinamizar la unidad de la oposición antifranquista; la que venía repartida (y dividida) entre la Junta Democrática promovida por el PCE (julio del 74) y la Plataforma auspiciada por el PSOE (junio, 1975). Sin embargo, ya tuvieron que constituir un Comité de Coordinación en octubre del 75 inducido por el empeño popular democrático que solo podía encauzarse unitariamente. Meses más tarde cristalizó la “Platajunta” el 26 de marzo de 1976 (23 días después del asesinato de cinco trabajadores en Vitoria a manos de la policía bajo el mando de Fraga) y en octubre de aquel mismo año terminaron creando la Plataforma de Organismos Democráticos para la negociación con Suárez y consensuar la recta final hacia la Transición.

Una encomiable historia del movimiento sindical español que de quedarse en la evocación nostálgica de la efeméride puede sumirnos en una melancolía paralizante. Atesorar la memoria requiere revalidar, renovado, el compromiso activo y preeminente con la defensa de los derechos sociolaborales, sí, pero conscientes de que son indisociables de los derechos civiles, de la igualdad, de la solidaridad y, en suma, de las libertades y de la democracia misma. O sea, destacándose frente al PP y a VOX, que hoy encarnan la mayor amenaza que se cierne contra todo lo conseguido hasta la fecha y atenaza el progreso con equidad por el que hay que seguir luchando. No es una presunción, es una negra perspectiva fundamentada en un turbio pasado reciente.

Aún no había nacido VOX ni aventado su “patraña nacional” cuando el PP se evidenció pionero de la xenofobia. Le pudo esa pulsión latente, descorchada por Aznar y Mayor Oreja a finales de su primer mandato gubernamental, hasta preferir convertirse en el primer gobierno que perdió la votación de una ley orgánica, por encima de respetar el consenso laboriosamente fraguado durante 18 meses entre todos los grupos parlamentarios (incluido el suyo) y los agentes sociales para reformar la ley de extranjería. Se llevó al Congreso y al Senado y fue aprobada en diciembre de 1999, quedando derrotado el gobierno. En cuanto Aznar obtuvo su primera mayoría absoluta dilapidó aquel consenso y la primera ley derogada en 2000 fue la que por una única vez concitó la unanimidad social y política ante el fenómeno migratorio.

Los gobiernos del PP, primero Aznar y después Rajoy, también fueron los que descerrajaron, sin diálogo social, las dos reformas laborales más regresivas de las 52 habidas desde los Pactos de la Moncloa. El segundo aún derrapó más contra los derechos sociales imponiendo una demoledora reforma de las pensiones, que de no haber sido revertida por el gobierno de Pedro Sánchez les habría supuesto a todos los pensionistas y jubilados una pérdida acumulada de poder adquisitivo de unos 30 puntos porcentuales hasta la fecha. Se inventaron un cabalístico y tramposo “factor de sostenibilidad” del sistema público que habría hecho insostenible la vida misma a una gran mayoría de pensionistas.

Como las injusticias se imponen mejor cercenando libertades y reprimiendo a quienes más las combaten, el segundo gobierno del PP dictó la “ley mordaza”, y le fue aplicada con más saña precisamente a sindicalistas detenidos y denunciados mientras luchaban por sus empleos o por sus convenios colectivos.

Y para traca final con acento texano Aznar fue “el adelantado” en subordinarse a una administración reaccionaria estadounidense, en detrimento del europeísmo, metiéndonos de hoz y coz en la guerra de Irak.

Son solo algunas muestras de las políticas ya practicadas por el PP cuando ha gobernado y allí donde hoy gobierna, que podrían servir para corregirla, en el fondo, compasiva denuncia de algunos dirigentes de la izquierda increpando al PP por dejarse condicionar por la extrema derecha. Pero VOX no es el condicionante del PP, sino su pretexto para seguir haciendo corregidas y aumentadas las políticas involutivas que siempre anhelaron hacer. Ahora las despliegan descaradamente por todas las regiones y ayuntamientos que gobiernan amparados en la tosquedad fascistoide de VOX.

El binomio derechista está consiguiendo oscurecer la política bajo la ideologización. Deforman la realidad a base de azuzar la frustración y agitar el resentimiento hasta borrar del debate cabal las políticas reales que está llevado a cabo el gobierno, sobre todo las que están suponiendo mejorar la situación global y las condiciones de vida particulares y al tiempo escabullirse de rendir cuentas de los destrozos sociales y de las fechorías que están perpetrando allí donde gobiernan al alimón. Esta escisión entre política e ideología a manos del fascismo condujo a la hecatombe a las democracias europeas en el siglo XX y puede estar carcomiéndolas de nuevo. Por eso ya no basta con dar trigo por parte de la izquierda y esperar a que por la lógica inversa la ciudadanía acabe hartándose de las barbaridades que vomitan las derechas. Es urgente e inexcusable recuperar la pedagogía cultural y política que nunca debió abandonar la izquierda, para asociar congruentemente valores, principios e ideales con las políticas que se implementen a diario.

Los sindicatos se ganaron a pulso su autonomía respecto de los partidos, los gobiernos y las patronales; pero ni son apolíticos ni permanecen indiferentes ante lo que acontece y la previsible involución sociopolítica de España. Precisamente porque ya no se refieren a la situación general a través de ningún “referente” de los que antaño pudieron ser correas de transmisión, tienen toda la legitimidad para opinar y hasta el deber de actuar en consecuencia. Los datos de todas las encuestas y los que les llegan a diario a tantos delegados/as sindicales en sus centros de trabajo revelan el escalofriante avance de bulos más reaccionarios entre los trabajadores/as y del porcentaje de voto al PP y a VOX. Una tendencia que interpela directamente a los sindicatos y a la que deben responder por sí mismos, desmontando los infundios que esparcen las derechas, ofreciendo a cambio informaciones objetivas y no por ello exentas del sentido crítico que corresponda ante determinadas actuaciones del gobierno y alertándoles del efecto boomerang que tendría su voto si se lo otorgan al PP o a VOX.

Desde las primeras elecciones democráticas, las CC.OO. jamás pedimos el voto para ningún partido concreto, pero tampoco dejamos de decirle a los trabajadores a quien no había que votar: a la derecha. Ahora corresponde a sus legítimos representantes decidir las formas y actos a realizar para redimensionar el sindicalismo sociopolítico que tan buenos servicios viene prestando a la clase trabajadora y a la democracia desde sus orígenes.