Este virus lo paramos juntas y regularizadas

En el contexto de una pandemia en expansión, somos tan fuertes como la más débil de nosotras. Es hora de hacer lo que sea necesario, de ser implacable en la protección de todas las personas, y sobre todo a las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Los estados deben garantizar que la atención preventiva, los servicios de salud, las medidas de protección social y otros bienes y servicios imprescindibles, como la información, estén disponibles y sean accesibles para toda la ciudadanía, independientemente de su situación administrativa. Siempre ha sido necesario y ahora es urgente reformar las políticas existentes que agravan el día a día de las personas con situaciones administrativas precarias.

Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo son particularmente susceptibles de sufrir las peores consecuencias de la COVID-19. Esta vulnerabilidad surge de respuestas insuficientes y políticas defectuosas que confinan a las personas en movimiento a condiciones de vida difíciles, ya sea en espacios que sufren sobreocupación (CETI) o que no son los adecuados para quienes solo han cometido una falta administrativa (CIE). Las abocan a la informalidad, desempeñando trabajos precarios que son clave, o al dejarlas fuera de los planes nacionales de respuesta y de las medidas de protección social. Esto hace que, aunque el impacto sanitario y económico afecte a toda la sociedad, estos grupos lo van a sufrir desproporcionadamente.

La pandemia está exponiendo nuestra intensa dependencia de los trabajadores y trabajadoras en ciertas ocupaciones, particularmente todas las personas empleadas en el sector de cuidados y en la producción y abastecimiento de bienes y servicios de primera necesidad, formal o informalmente. Todas estamos agradecidas a las personas que trabajan en primera línea, desempeñando funciones esenciales que sirven al bien público, profesionales de la salud, productores y vendedores de bienes esenciales, trabajadores de la agricultura y la cadena alimentaria, trabajadores de limpieza y saneamiento, transportistas y muchos otros, especialmente en el sector de los cuidados. Muchas de estas personas son migrantes en situaciones administrativas diversas y son esenciales para la salud pública, la vida y los cuidados en esta crisis, arriesgando su propia salud y sus vidas para servir a la sociedad.

Las políticas excluyentes y la precaria situación de muchas personas migrantes, solicitantes de asilo y sus familias, pone en peligro su salud y sus vidas durante esta pandemia, y limita todo lo que pueden ofrecer como soluciones a esta crisis, desde la atención médica hasta la recuperación social y económica. Un enfoque totalmente inclusivo de toda la sociedad es esencial para una respuesta efectiva a esta pandemia.

La regularización amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en territorio español que hemos reclamado más de 200 organizaciones y más de 40.000 firmas individuales es la medida más ágil y exhaustiva para garantizar que todas las personas, incluidas las que enfrentan situaciones más vulnerables, pueden hacer frente a crisis sanitaria y económica desencadenada por la COVID-19, accediendo a la atención sanitaria necesaria y a las medidas de protección social que está poniendo en marcha el Gobierno. Así como la puesta en marcha de un ingreso mínimo es una de las medidas más eficaces para que la personas salgan de la pobreza, la regularización de las personas migrantes es la mejor forma de garantizar que estas medidas tan necesarias no dejan a nadie atrás.

Para salir todas de esta crisis sanitaria tenemos que hacerlo juntas, en igualdad de derechos y oportunidades como lo ha recomendado el Consejo de Europa y el Defensor del Pueblo. Por ello, interpelamos a todas las autoridades competentes para que asuman este desafío de manera integral, inclusiva y humana.