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OPINIÓN

La historia trágica de una frontera sin derechos

Vallas del paso fronterizo de Nador con Melilla

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Un grupo de jóvenes procedentes de países como Sudán y Chad, donde persisten guerras cronificadas y olvidadas que ya no están en primera plana como la de Ucrania, trataron de acceder al territorio español a través de la valla de Melilla, para poder pedir protección internacional y poner su vida a salvo. Y digo poner su vida a salvo, porque estas personas no encuentran la protección necesaria y suficiente ni en su país de origen ni en nuestro país vecino, Marruecos, que ejerce un acoso y persecución inaceptable en el norte del país, contra las personas de origen subsahariano.

La mayor parte de estos jóvenes, si hubieran tenido la posibilidad de llegar a España por otras vías, hubiera tenido grandes opciones de recibir protección internacional, según podemos deducir de los datos de asilo publicados por el Ministerio del Interior. En 2021 la tasa reconocimiento positivo en nuestro país para personas procedentes de Chad fue del 82,14%, y las procedentes de Sudán obtuvieron un reconocimiento del 91,75%, datos que claramente demuestran que estos colectivos responden al perfil de refugiados.

El detalle de cómo se produjo la tragedia no se conoce con exactitud, pero de lo que sí hay constancia es que se produjo la omisión del deber de socorro y un trato inhumano por parte de la gendarmería marroquí hacia los cientos de personas heridas, desfallecidas o muertas, con la pasividad de las fuerzas del orden españolas. Autoridades españolas que también permitieron y facilitaron la entrada de la gendarmería marroquí a nuestro territorio al llevarse ‘ilegalmente’ a personas que ya se encontraban en España y que, según la normativa internacional y española, deben ser asistidas, contando con asistencia legal e intérprete para poder identificar adecuadamente posibles casos de vulnerabilidad. ¿Hay mayor vulnerabilidad que estar huyendo de una guerra?

Así mismo, ha sido vulnerado el principio de no-devolución, consagrado en el artículo 33 de la Convención de Ginebra, ratificada por España, y que cubre cualquier medida atribuible al Estado que pueda tener el efecto de devolver a una persona a un país donde su vida o libertad pueden verse amenazadas, o donde corra riesgo de persecución, incluyendo su intercepción, rechazo en la frontera o devolución indirecta. El principio de no devolución se debe aplicar también en situaciones de afluencia masiva como reconoce ACNUR y debe solucionarse con medidas que respeten los derechos humanos.

Las imágenes de la tragedia son de alta violencia. El uso indiscriminado de la fuerza para gestionar las migraciones y controlar las fronteras, con el fin de evitar que lleguen a territorio español personas que podrían ser susceptibles de protección internacional, es una barbaridad que ni la ciudadanía ni las organizaciones defensoras de derechos humanos podemos tolerar en un estado de Derecho. Este es el alto coste de la externalización de fronteras que se está practicando, poniendo en manos de un país como Marruecos, que no respeta los derechos humanos, la responsabilidad de controlarlas. Todo ello a cambio de un altísimo coste, tanto económico, como en materia de derechos humanos, como ha sido con el cambio de posición de España en relación al Sáhara Occidental.

Lo más irónico de lo ocurrido es que, a pocos metros de donde se produjo el trágico incidente donde han perdido la vida al menos 37 personas, existe una oficina habilitada para solicitar asilo en la frontera. Deberemos preguntarnos por qué este grupo de jóvenes optaron por jugarse la vida, en vez de acudir pacíficamente a solicitar asilo allí o al consulado de España en Nador, donde según el artículo 38 de la Ley de asilo, se contempla la posibilidad de facilitar la presentación de la solicitud de asilo en embajadas o consulados, cuando se formula fuera del territorio nacional y en un tercer país para ser trasladado de una forma segura hasta España y formalizar allí la solicitud de protección.

La respuesta es contundente a la vez que vergonzosa: la fuerza del orden marroquí no les permite el acercamiento, por lo que cabe preguntarse quién da la instrucción a Marruecos de impedirles el acceso a este puesto fronterizo en Melilla, para poder acceder de forma legal a solicitar asilo. Del mismo modo, España no tiene habilitada la posibilidad de recurrir a consulados en Marruecos para formalizar una solicitud de asilo, dejando en un vacío el contenido de la ley.

Tras esta terrible tragedia, donde se evidencia la impunidad que continúa existiendo en las fronteras, es necesario exigir responsabilidades ante una barbaridad de esta dimensión tras la pérdida de al menos 37 vidas que deben sumarse a las cientos de víctimas que se van acumulando en las fronteras. Urge una reflexión como país sobre el modelo de políticas migratorias y control de fronteras que queremos ejercer. Las palabras que no se demuestran con hechos, no sirven de nada.

Directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)

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