Un acuerdo contra la Constitución que incita el odio

El acuerdo alcanzado entre PP y Vox para gobernar en coalición la Junta de Extremadura no es una deriva ideológica más, es una quiebra de nuestro modelo constitucional. No estamos ante un programa político con el que disentir, estamos ante una arquitectura de exclusión y violencia institucional que reproduce, con perversión inquietante, las políticas que Donald Trump ha instalado en Estados Unidos. Un sistema que legisla para discriminar, que decide quién merece la protección del Estado y quién no. Ahora son las personas migrantes, mañana, las racializadas. Después, las personas con discapacidad, las comunidades gitanas, las disidencias sexuales... La exclusión es solo un primer paso de la dominación, la opresión… de la violencia. 

Los líderes de Vox celebran públicamente el acuerdo como “un hito histórico” y alardean de que esta es la primera vez en la historia política española en que la que se institucionaliza la discriminación entre españoles e inmigrantes en la planificación de las políticas sociales. El eje del acuerdo es la llamada “prioridad nacional”. No es un simple criterio de gestión administrativa, es la institucionalización de una jerarquía de derechos, de vidas. Es la legalización de la violencia institucional. El acuerdo plantea un sistema en el que el acceso a derechos sociales, económico y culturales como las prestaciones, la vivienda o los servicios públicos quede condicionado en función del origen, del arraigo o de la “vinculación con el territorio”. Distinguir entre quién merece derechos y quién no tiene un nombre preciso en nuestro ordenamiento: discriminación.

El artículo 14 de la Constitución no deja margen a la ambigüedad. La igualdad ante la ley no admite ciudadanías de primera y de segunda. Para hacer lo que propone Vox no basta reformar la Ley de Extranjería, como se compromete el PP; habría que cambiar la Constitución. Es más, con este acuerdo, ambos partidos tensan también la Ley Orgánica de Partidos Políticos, cuyo artículo 9 establece que los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades, debiendo respetar la Constitución y la ley, al tiempo que su actividad deberá ajustarse a los principios democráticos. Este acuerdo ni los representantes políticos que lo promueven, no respetan la Constitución, y este acuerdo representa una actividad que no se ajusta a los principios democráticos.

Las medidas concretas revelan la magnitud del problema. Vox sabe (como lo sabe el PP) que hay conflictos de competencias insalvables y claros vicios de inconstitucionalidad en lo que dicen que harán. Pero su intención va más allá de ocupar gobiernos. Quieren ocupar las mentes, corromper la convivencia, lograr que lo que hoy resulta inadmisible empiece a parecer razonable. Porque una vez introducido el principio de “prioridad nacional”, lo que se erosiona no es solo el acceso a determinados derechos, sino el fundamento mismo de la igualdad. Se instala la idea de que hay personas más legítimas que otras para ser protegidas por lo público. Y cuando eso ocurre, la exclusión (la limpieza) deja de percibirse como una vulneración de derechos y empieza a justificarse como una opción política más.

El veto a la asistencia sanitaria a personas en situación irregular es directamente ilegal. El Tribunal Constitucional ya lo resolvió. La atención sanitaria, incluida la de urgencia, es un derecho subjetivo que ninguna norma autonómica puede retirar y el TC ya lo ha blindado. Vincular el acceso a vivienda y ayudas públicas al arraigo o al empadronamiento prolongado contradice frontalmente los artículos 13 y 14 de la Constitución y la Ley 15/2022, que prohíbe expresamente la discriminación por origen nacional o étnico. El requisito de cinco a diez años de empadronamiento continuado para acceder a vivienda protegida es lo que la Directiva 2000/43/CE define como discriminación indirecta, es decir, una medida aparentemente neutra que produce un impacto desproporcionado sobre personas de origen extranjero, sin justificación objetiva ni proporcionada. La prohibición del burka y el niqab en espacios de prestación de servicios públicos vulnera el artículo 16 de la Constitución y discrimina a un colectivo singularizado por religión, etnia y origen. La supresión del programa de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí choca con el artículo 27 de la Constitución y con compromisos bilaterales con Marruecos.

Pero es en el tratamiento de la infancia migrante donde el acuerdo muestra con mayor claridad su ruptura con el Estado de Derecho. Plantear la devolución de personas menores de edad no acompañadas excede las competencias autonómicas y vulnera principios básicos del ordenamiento español e internacional. El interés superior del menor, la prohibición de devoluciones automáticas y el deber de protección de la infancia en situación de desamparo son obligaciones jurídicas vinculantes, recogidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por prácticamente toda la comunidad internacional (con la excepción de Estados Unidos y Yemen) y plenamente integrada en nuestro sistema jurídico. La infancia no puede ser tratada como un instrumento de control migratorio. La experiencia reciente lo confirma. En julio de 2021, los intentos de devolución de menores desde Ceuta fueron paralizados por los tribunales precisamente por incumplir estas garantías básicas.

Hay además una dimensión que va más allá de la inconstitucionalidad de cada medida, y es valorar el potencial de este acuerdo como discurso de odio institucional. El artículo 510.1a del Código Penal protege frente a quien fomente o incite la discriminación por origen nacional. El TEDH tiene establecido que para que exista discurso de odio no hace falta incitar explícitamente a la violencia, basta con incitar a la discriminación o ridiculizar a partes de la población. Es exactamente lo que el Tribunal aplicó en el caso Féret contra Bélgica, donde condenó a un político de extrema derecha por un discurso xenófobo dirigido a restringir derechos de personas migrantes. Cuando desde Vox se califica la discriminación entre españoles e inmigrantes de “hito histórico” y “eje estratégico” se producen declaraciones que, bajo ese estándar y el del artículo 510.1a del Código Penal, podrían sustentar una denuncia ante la Fiscalía Delegada en Delitos de Odio. 

Pero el problema no es únicamente Vox. El problema es que el Partido Popular ha decidido asumir ese marco como propio. La extrema derecha ya no es una fuerza que presiona desde fuera, es una lógica que se integra en un gobierno autonómico. Por eso es muy importante que tengamos claro que pasar de la igualdad jurídica a la preferencia identitaria no es compatible con la Constitución y que la respuesta jurídica existe (recursos de inconstitucionalidad, conflictos de competencias, impugnaciones contencioso-administrativas). También es necesario que tengamos claro, que el daño más inmediato y profundo de este acuerdo no es lo que dice que prohibirá, recortará o derogará, es el marco mental que instala en la ciudadanía, en el pueblo español. 

Pero el problema no es únicamente Vox. El problema es que el Partido Popular ha decidido asumir ese marco como propio y, al hacerlo, lo legitima y lo amplifica. La extrema derecha deja de ser una fuerza que presiona desde fuera para convertirse en quien dicta la lógica de un gobierno con un programa que sus electores no votaron, para eso ya hubieran votado a Vox. El PP es el que está desplazando el umbral de lo aceptable, el que está tensionando la Constitución y el propio sistema con tal de permanecer en el poder. Porque el daño más profundo de este acuerdo no es solo lo que pretende prohibir, recortar o expulsar, es el marco narrativo, de creencias y no-convivencia que instala. Es la idea de que se puede discriminar, excluir, prescindir de vidas. Ese es el verdadero peligro, sustituir el interés general que define a un Estado social y democrático de Derecho por una lógica de “prioridad nacional” que convierte los derechos en privilegios. Es renuncia al artículo 10 de la Constitución que dice que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.”