Derechos que no se heredan

La democracia no solo trajo el derecho al voto, sino también muchos otros derechos que hoy nos parecen lo normal: derechos cuyo valor pasa desapercibido, como si toda la vida hubieran estado ahí. Para la gran mayoría de quienes nacieron en España a partir de los años 80, la educación, la sanidad, la libertad sexual o el simple hecho de salir por la noche sin restricciones –ni horarias ni morales– forman parte de su vida cotidiana, llegándolos a contemplar con la distancia de quien hereda algo sin conocer su precio ni el esfuerzo colectivo que implicó, como si las luchas que los hicieron posibles pertenecieran a una historia que no les concierne. 

En la dictadura que algunos idealizan –porque no la vivieron en carne propia o por no haber nacido–, no había libertades políticas ni se podía vivir al margen de la moral católica. Cuando la democracia llegó, con sus luces y sus sombras, cada persona, hombre o mujer, empezó a imaginar un proyecto de vida propio, sin pedir permiso y, sobre todo, sin miedo a un régimen que castigaba cualquier disidencia política, social, religiosa, afectiva o sexual. El espacio público dejó de estar sometido al control policial y el espacio privado a la moral del confesionario. En la España que ahora habitamos, resultarían inconcebibles muchas situaciones que se vivieron en el franquismo. Nos hemos acostumbrado tan deprisa a los derechos que olvidamos que nada garantiza su permanencia. 

Los primeros derechos conquistados en democracia fueron los políticos y los civiles. Recuperar la libertad de expresión, de asociación, de reunión y de manifestación supuso devolver a la ciudadanía lo que la dictadura había arrebatado. La legalización de los partidos políticos que hasta ese momento eran tachados de enemigos de España desactivó una lógica de persecución antidemocrática. La calle se convirtió en espacio de convivencia, las manifestaciones por la amnistía se mezclaron con las de los movimientos feministas, LGTBI y vecinales.

El derecho a decidir

La democracia no solo permitió ir a las urnas, sino que reconoció que la voz de cada persona tenía el mismo valor político y moral. El voto dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho que no distingue género, ideología ni clase social, aunque su universalidad plena siga siendo una tarea pendiente. De hecho, no ha sido hasta 2019 cuando las personas con discapacidad intelectual o psicosocial han podido votar por primera vez, al eliminarse una restricción anacrónica sostenida por el paternalismo capacitista. Sin embargo, esa democracia, que nació para devolver la voz a quienes no la tenían, sigue debiendo reconocimientos políticos, entre otras a quienes ya forman parte de nuestra comunidad, a cientos de miles de personas migradas a nuestro país que viven y trabajan en España y que siguen excluidas de ese derecho fundamental. 

La democracia no solo recuperó derechos políticos, también ha ido transformando la vida privada. Y fueron las mujeres quienes, al reclamar derechos de igualdad y autonomía, convirtieron esa libertad recién estrenada en una revolución que ha ido cambiando el país desde dentro. Durante los 40 años de dictadura franquista, el Estado y la Iglesia habían decidido por ellas: el cuerpo, la moral, la educación, el trabajo y el deseo. Al avanzar la democracia, dejaron de necesitar el permiso del varón para trabajar o abrir una cuenta, y empezaron a firmar sus propias decisiones. Cada conquista (el divorcio, el aborto, la igualdad laboral…) ha sido una conquista real, pero también simbólica: el derecho a decidir sobre la propia vida y los propios cuerpos, derechos que todavía se niegan a reconocer y respetar los movimientos más reaccionarios que anhelan recuperar el control sobre las mujeres, para gobernar sus vidas. Sin embargo, la igualdad que empezó a escribirse en el Código Civil, ha ido cambiando también la manera en la que el país mira a las mujeres. Sin embargo, aquel impulso de cambio que marcó los primeros tiempos de la democracia no siempre ha mantenido su fuerza y a fecha de hoy, persisten desigualdades estructurales (en el empleo, en los cuidados, en la representación política o en la violencia machista) que recuerdan que la igualdad legal no basta si no se traduce en igualdad efectiva, un recordatorio que no cae en saco roto gracias al movimiento feminista.

El camino de las mujeres abrió otras puertas. De la mano del feminismo, la democracia comenzó a reconocer otras realidades que habían sido silenciadas, reprimidas, tortuosas y encarceladas. Las personas LGTBIQ+ pasaron de ser perseguidas por la Ley de Peligrosidad Social (heredera de la de Vagos y Maleantes) a tener un lugar en la calle, la cultura y las leyes. En 1977, mientras los presos políticos salían de las cárceles, las personas homosexuales seguían dentro de ellas lo que provocó que centenares de personas marcharan en Barcelona reclamando “amnistía sexual”. La historia había empezado a cambiar con aquel primer Orgullo. En 1979 se despenalizó la homosexualidad, en 1982 la reasignación sexual dejó de ser delito y en 2005 España reconoció el matrimonio igualitario, afirmando que el amor y la familia no tienen una sola forma posible. En 2007 se aprobó la Ley de Identidad de Género, que permitió por primera vez el cambio registral de nombre y sexo sin necesidad de autorización judicial, si bien no permitía el cambio sin necesidad de autorización médica. No ha sido hasta el 2023 cuando se aprobó la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans que ha reconocido el derecho a la identidad y a la libre autodeterminación de género, incluyendo a la infancia y la adolescencia. 

A lo largo de esas décadas, la protección de las personas LGTBIQ+ se ha ido extendiendo también al ámbito laboral, educativo y penal. Desde la reforma del Código Penal que incorporó los delitos de odio como agravante por motivos de orientación sexual o identidad de género, hasta las leyes autonómicas que prohíben expresamente la discriminación en el trabajo, en la atención sanitaria o en la educación. España ha ido tejiendo un marco de igualdad que, aunque imperfecto, nos sitúa entre las democracias más avanzadas en equiparación de derechos entre las personas que son LGTBIQ+ y la que no lo son.

Sustituir tutela por autonomía

Esa misma lógica de igualar y equiparar los derechos de todas y todos ha guiado también los cambios en la respuesta social, que pasó de la beneficencia, el estigma y el castigo a un sistema de protección y de derechos. Los servicios sociales, la atención a la infancia, a las personas mayores y a las personas con discapacidad sustituyeron la vigilancia por el acompañamiento y la tutela por la autonomía. Supuso reconocer que la vulnerabilidad no es un fallo individual, sino una responsabilidad colectiva ante una vulneración de derechos. Las inclusas, los reformatorios y el Patronato de Protección de la Mujer –instituciones que durante décadas sirvieron para disciplinar la pobreza, la maternidad fuera del matrimonio o la disidencia moral– fueron desapareciendo a medida que la democracia se hacía cargo de sus sombras. 

Sin embargo, ahora que es tiempo de memoria y de reparación, se echa en falta que durante todos estos años apenas se haya prestado atención a quienes pasaron por esos lugares. Las víctimas de aquellas instituciones (niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, todas ellas pobres o marginadas) siguen siendo invisibles, no solo por el silencio de la historia, sino por el de las propias instituciones y administraciones que, en base a los mismos sesgos de entonces, perpetúan hoy una forma de violencia institucional difícilmente justificable en una lógica de derechos humanos.

En los años ochenta y noventa, España construyó un sistema público de salud, educación y servicios sociales que situó a las personas en el centro. Se crearon las becas que permitieron a hijas e hijos de familias obreras llegar a la universidad. En 2006, la Ley de Dependencia reconoció que cuidar y ser cuidado también es un derecho. La ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008) y la de la Convención sobre los Derechos del Niño (1990) marcaron un cambio de paradigma: todas las personas, sin distinción de edad o capacidad, debían ser reconocidas como sujetos de derechos. Ese mismo principio de autonomía y dignidad, se extendió también al tramo final de la vida con la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (2021), que ha ampliado el horizonte de la libertad individual al reconocer el derecho a decidir sobre el propio final de vida. 

Sin democracia no hay derechos

Sin embargo, la democracia que derribó en las leyes tantas jerarquías mantiene abiertas las heridas del racismo estructural y del legado colonial a través de una ley de Extranjería que funciona como un muro interior y penaliza la irregularidad, precariza la vida y convierte la falta de papeles en una forma contemporánea de esclavitud y sometimiento. Ningún país es libre mientras niegue derechos a quienes ya forman parte de él.

España es hoy un país plural, hecho de muchas procedencias, lenguas, acentos y memorias. Pero también es cierto que la democracia no ha logrado traducir esa diversidad en igualdad de derechos. Sin embargo, en los últimos años, la desigualdad económica, el descrédito institucional y la expansión de discursos de odio están erosionando nuestra confianza en la necesidad de un sistema democrático. La crisis de 2008 y las políticas de austeridad recortaron derechos sociales y la pandemia puso a prueba la fortaleza de los servicios públicos y la fragilidad de las vidas sostenidas por los cuidados. El auge de la extrema derecha ha devuelto al debate público discursos que creíamos superados: el cuestionamiento de la violencia machista, la negación del cambio climático, la criminalización del feminismo o del movimiento LGTBI. Frente a esa ofensiva, conviene recordar que los derechos humanos son el esqueleto invisible de la democracia. 

La historia demuestra que el retroceso empieza siempre en los márgenes: cuando se cuestiona el derecho de las mujeres a decidir, el de las personas migrantes a ser protegidas o el de las minorías a existir, lo que se debilita no es solo su libertad, sino la de todos. La gran paradoja es que muchos de quienes hoy desconfían de la democracia lo hacen gracias a los derechos que ella les da: la libertad de expresión, la educación que los formó, la sanidad a la que acceden y el dinero público que les sostiene, no solo a través de ayudas sino pagando los sueldos de las y los funcionarios o a través de la financiación de colaboraciones público-privadas. Celebrar la democracia es señalar no solo los fallos sino también reconocer que el camino recorrido es fruto de luchas colectivas y que los derechos no se heredan, se ejercen.