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Un bochorno perfectamente evitable

Junqueras promete su cargo de diputado "como preso político".

Antón Losada

Lo peor del embarazoso y vergonzoso espectáculo que se nos ha ofrecido en sesión doble en el Congreso de los Diputados es que era perfectamente evitable. No me refiero al patético numerito de los diputados de Vox corriendo a ocupar los escaños de la bancada socialista. En todos los inicios de curso de todos los colegios del mundo concurre esa cuota de tontería inevitable. Cuando no puedes llamar la atención por otra cosa, la llamas por payasete. Es una verdad universal que acompaña al género humano desde la noche de los tiempos. De las sesudas informaciones sobre quién le dio o no la mano a quién, mejor ni hablamos.

La vergüenza que sí nos podían haber evitado se dio con el trato dispensado a los diputados presos catalanes. Representantes de la soberanía popular, legítimamente elegidos por el pueblo soberano y ciudadanos en posesión de sus derechos políticos, entre ellos a elegir y ser elegido. En una decisión que solo se puede calificar de peregrina, se les permitió acudir a la cámara a tomar posesión de su acta de diputado y participar en el pleno, pero haciéndolo como cuando aún se usaba el fax y las noticias llegaban por teletipos que escupían ruidosas en impresoras de agujas.

El resultado era un accidente esperando para ocurrir. En la era digital solo nos faltó ver a sus señorías lavándose las manos después de mear, para indignación de la prensa y las diputadas y diputados de la derecha, siempre con el teatrillo del melodrama constitucionalista a punto para la representación y siempre prestos para patear y abuchear todo aquello que no les gusta oír.

El baile de responsabilidades que se traen el Tribunal Supremo y la Mesa del Congreso, para ver quién se come el marrón de suspender a unos diputados electos y no condenados, pinta mal y amenaza con un resultado aún más catastrófico. El show mediático y político que se puede montar en España, cuando el eurodiputado Oriol Junqueras acuda a Estrasburgo a tomar posesión de su más que probable acta, puede acabar colocándonos en la pura antología del disparate y el esperpento ante una Europa asombrada.

Otra vez el quiero y no puedo de la Justicia española que acompaña al juicio del procés. Se les reconocen sus derechos porque no hay base legal para negárselos, pero cuando pretenden ejercerlos se recurre a toda suerte de trampas administrativas y trucos de salón; desde el horario de las prisiones a las urgencias de la seguridad parlamentaria. Todo vale para recordarles y hacernos recordar a cada minuto del día que son presos bajo la tutela del Estado.

Poco Estado es aquel que no puede permitirse ni sabe soportar con normalidad que unos diputados protegidos por la presunción de inocencia, que han demostrado decenas de veces que no tienen intención alguna de huir de la Justicia, puedan comportarse como tales sin restricciones ni trabas burocráticas: hablar con la prensa, ocupar su escaño, votar, asistir a reuniones, hacer el trabajo para el que han sido elegidos por el pueblo soberano hasta que una sentencia y una condena firmes se lo impidan. Los Estados fuertes saben cómo hacerlo sin abochornar a nadie.

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