Los comisionistas ganan

“Es hora de que el Tribunal Supremo ponga fin a estas ilegales prácticas”

Demanda ante la Sala Tercera

He ganado la apuesta. El CGPJ nunca defrauda. Nunca, incluso si para ello tiene que hacer chanchullos obviando la ley o -espero que el Supremo algún día así lo diga- saltándosela directamente. Les dije hace muy poco, cuando les hablé de las comisiones de servicio ilegales que el ganador del nuevo refuerzo a dedo en la Sala de lo Penal de la AN -que eso es en resumen una comisión de servicio, por la que compitieron hasta siete jueces- iba a ser el ínclito Alejandro Abascal, a pesar de estar el más bajo en el escalafón y tener menos experiencia que otros candidatos.

Ya les puedo decir que he ganado mi apuesta. No tiene ningún mérito. Primero, porque apostaba contra mí misma y, segundo, porque era absolutamente seguro que esa plaza tenía nombre y que era el de Abascal. Apúntenme el tanto, pero sepan que era fácil, muy fácil. Aquí lo verdaderamente difícil es saber qué tiene el joven magistrado para que tanto lo bendigan y para que nunca esté abocado a regresar a su verdadero destino, mucho más de a pie y mucho menos esplendoroso que el de magistrado de sala de la Audiencia Nacional.Y eso que desde el TSJM han informado negativamente una y otra vez esta situación que le mantiene lejos y muy por encima de su verdadero puesto.

Está a años luz de poder conseguir por escalafón llegar a la Nacional, a años luz, mas ahí sigue, supongo que hasta que logren nombrarlo vocal de un próximo CGPJ renovado, cuando el PP disponga, o secretario de Estado o lo que sea que hayan dispuesto o él ambicione. Recuerden que estas comisiones de servicio son una forma de poner a dedo a jueces en órganos de enjuiciamiento y, con una insistencia sangrante, en la Audiencia Nacional. Tales refuerzos están limitados por ley a una permanencia de dos años -artículo 350.1 de la LOPJ y artículo 177 del Reglamento de la carrera judicial-, un extremo que se pasan por el arco una y otra vez. Lo han vuelto a hacer con la connivencia del Ministerio de Justicia, que llegó a decir que no proporcionaría dotación presupuestaria para estas prórrogas pero que, por arte de donde dije Diego digo lo que quiero, ahora ha cambiado de opinión. 

Ayer mismo se volvieron a llevar a Comisión Permanente las renovaciones del resto de comisionistas penales de la AN: María Reyes Jimeno, Joaquín Gadea, Joaquín Delgado, Jose Pedro Ventura, Fermín Echarri y María Fernanda García Pérez. Esa última, por poner un ejemplo, lleva ahí enganchada desde al menos 2018, que sin duda son más de dos años. En el mismo caso están casi todos ellos. Eso significa que una parte importante de los jueces penales de la AN tienen una jurisdicción que respeta dudosamente el principio del juez predeterminado por la ley: son los que el Consejo ha querido, no los que el número de escalafón arrojaría y durante el plazo que el Consejo quiere, muy por encima del legal. 

Les da exactamente igual. Un magistrado que ha protestado por estas anomalías ante el Tribunal Supremo lo explica: “La forma de llevarlo a cabo (...) transcurridos los dos años se vuelven a sacar a concurso las comisiones, adjudicándoselas a los mismos invocando como mérito preferencial el tener experiencia por haber estado ya en ellas”. Su demanda pretende que el Supremo se pronuncie de una vez por todas sobre estas prácticas tramposas. Y no lo debe tener mal porque sibilinamente ya han intentado que retire su procedimiento y, además, le han dado la plaza que reclamaba, a ver si así deja de incordiar. Es importante para ellos porque si el TS se pronunciara sobre ese fraude de ley, el chollo de meter a juzgar o a instruir en la Audiencia Nacional a quien les apetece se podría acabar y eso no les mola nada. 

Sobre esta cuestión hay todo tipo de velos. Transparencia muy poca, aunque haya mucho informe y mucho requisito burocráticamente legal. Las renovaciones por otro medio año de estos magistrados se quedaron sobre la mesa a mediados de junio. Desde el ministerio llegaban ecos de que el grifo presupuestario se había cerrado. Una forma como otra cualquiera de impedir que el CGPJ siguiera colocando en puestos sensibles a quiénes quisiera. Héteme aquí que ese cerrojo presupuestario se ha roto. Dicen unos y dicen otros que han sido conversaciones directas con la ministra saliente Llop las que han logrado activar los dineros para estas discutibles renovaciones. Y no deben ir descaminados, porque la propia Comisión Permanente del Consejo le ha dirigido atenta carta en la que le reclama “la reconsideración de su decisión de 16 de junio de denegar 49 de las 146 medidas de refuerzo” y, sobre todo, le piden que “notifique las razones que le han llevado a autorizar unas sí y otras no, así como que informe de las partidas presupuestarias con que se cuenta hasta final de año”. 

Y es que, claro, la comisión de Abascal sí debe contar con presupuesto porque ya se ha aprobado ¿Cómo es que Llop ha cambiado de parecer en algunos casos? Ya les dije que no me gustan los ministros que son astilla de la misma madera y luego tienen que regresar al mismo sitio donde están sus administrados. ¿Cuál será el destino de Llop ahora que ya no va a ser ministra ni diputada? Su antecesor Juan Carlos Campo volvió ¡redoble! a la Sala de lo Penal de la AN, donde estuvo a la espera de su nuevo nombramiento para el Constitucional. Ha habido que nombrar a dedo a otro comisionista para sustituirlo, Javier Ballesteros. El inefable Enrique López, ex consejero de Justicia de Ayuso, desterrado por ser hombre de Casado, ¿a dónde vuelve?, ¡redoble! a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, a la que también llegó con trampa. Y suma y sigue. Tengo para mí que demasiada gente que jamás hubiera puesto los pies en García Alix cuando te jugabas el pellejo, ahora recala allí con soltura, en un destino lucido, a la espera de futuros nombramientos y canonjías varias. No estaría mal si no fuera por lo que juzgan es muy poco terrorismo y mucha corrupción. Dedo y corrupción, mala combinación. 

Esta situación anómala sólo beneficia a unos señores muy concretos y a quienes les promueven. Perjudica, desde luego, a los justiciables y a los ciudadanos, porque rompe el principio de la jurisdicción ejercida por quien gana la plaza conforme al escalafón. Perjudica también al resto de jueces -que ignoro por qué no ponen medios para evitarlo- que ven cómo su carrera depende de ser tocados por el dedo nada divino de quién manda. El que se mueve no sale, le sepultan los expedientes. 

Es preciso revisar el sistema de designaciones que además de la discrecionalidad, y las corruptelas posibles, sólo visten a un santo de relumbrón para desvestir a otro más mendicante. Los presidentes de tribunales superiores, que celebran estos días su reunión anual, “han propugnado la modificación del sistema de selección para los puestos de asesoramiento en el Gobierno el gabinete técnico del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el CGPJ y otros”, o sea, los puestos chachi a los que se van a dedo los enchufados dejando desnudos sus destinos reales, y han exigido que se creen las plazas orgánicas necesarias para que no les anden despojando de su propio personal. Esa es otra, los favorecidos perjudican también a sus destinos reales. 

Carreras meteóricas a base de padrinos. Clientelismo. Nepotismo. Afinidades políticas. En el fondo, la corrupción judicial.