Cosas que no se recuerdan sobre la Ley Mordaza

El pulso reaccionario contra el Gobierno alcanza nuevas cotas. Ya no es noticia que exista sino cuánto crece y qué fuerzas se suman. Este sábado la muy extrema derecha española sale a la calle alentada por sus líderes políticos -Casado, Ayuso, Abascal- para apoyar las demandas de las fuerzas de seguridad que no quieren que se modifique la Ley Mordaza. Casado llegó a decir -en sintonía con todo el grupo de presión- que el Gobierno quiere dejar a la policía “a merced de los delincuentes”.

España es uno de los países con menores índices de delincuencia y solo se dispara en la corrupción política que conlleva la de quienes les ayudan a perpetrarla. Y de eso sabe más que nadie el Partido Popular y sus adláteres. Así que menos cuentos. Lo patético es que no se racionalice que en España la delincuencia grave es la que se perpetra con cuello blanco y a esos no los acorrala la policía con porras.

Durante más de 34 años, desde la Constitución de 1978 a la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa en 2012 de forma efectiva, la policía vivió sin esa eufemísticamente llamada Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana. La Ley Mordaza, como las reformas del Código Penal, nacen de ese gobierno del PP -que no dio ni una sola puntada sin hilo en su mandato- con el único objetivo de reprimir las protestas ciudadanas. Veníamos del 15M y la sociedad entusiasmada con sus reivindicaciones desvió un tanto el mensaje y le dio al PP el triunfo en todas las elecciones: generales, autonómicas, municipales y europeas. Con las manos libres, Rajoy con sus ministros de Interior y Justicia se puso a la obra.

No había habido daños de entidad en las manifestaciones salvo para algunos manifestantes, pero sí demasiada gente en la calle -añadamos las Mareas por la educación y la sanidad pública- y muy a menudo para el gusto del PP. La ley fue renombrada por el New York Times como “La ominosa Ley Mordaza”. El diario conservador británico The Telegraph escribió: “España, acusada de medidas draconianas para acallar las protestas”. Nadie mentó que hubiera que defender a las fuerzas de seguridad de delincuentes sino que se estaban implementado unas leyes que recordaban a la dictadura franquista –Telegraph, New Yorker, etc-. El trabajo se complementaba con reformas del código penal que recibieron el mismo calificativo. Incluso en el informe de Margarita Robles, entonces vocal en el Poder Judicial. Ni Franco se atrevió a ir tan lejos, le dijeron a Gallardón. Era otro Consejo, antes de ser tocado también por la mano de Rajoy.

Allí estaban el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y el de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón trabajando por la causa. Querían, dijeron, un endurecimiento del Código Penal para reprimir el “vandalismo”, en palabras de Fernández Díaz, el ministro inmerso con su cúpula en la guerra sucia de las cloacas. Buscaban, por ejemplo, que convocar actos violentos en Internet (una manifestación) fuera delito de pertenencia a organización criminal. Penar también con similar consideración la “resistencia pasiva” a la autoridad en las manifestaciones. La ley no se aprobó hasta 2015. La oposición en pleno la rechazaba y todas las asociaciones profesionales de la justicia suscribieron una carta en la que calificaba de “una indeseable avalancha de reformas legislativas” la llevada a cabo por el ministro Ruiz-Gallardón.

Pero la mano dura ya estaba en la práctica, de hecho, la ley no hizo sino oficializar las instrucciones que tenían las fuerzas de seguridad. Así lo pensaba también Greenpeace, por ejemplo. Un informe de Amnistía Internacional denunció en 2014 que en España estaba amenazado el derecho a protestar y criticaba las multas a participantes en manifestaciones, la “fuerza excesiva” en los arrestos, y documenta casos de maltrato bajo custodia policial. Y eso que la ley en sí tardó tres años en aprobarse. En 2018 el Consejo de Europa insistía en su censura de la ley y afirmaba que España “carece de un mecanismo de denuncia policial fuerte e independiente que afecte a todas las fuerzas del orden”.

Paralelamente, el gobierno de Rajoy en sus primeros Presupuestos Generales (2012), aumentó exponencialmente el gasto en material antidisturbios y protección: un 1.780% Pasó de 173.670 euros en ese ejercicio a una previsión de 3,26 millones en 2013. Y  a 10 millones de euros a cinco años vista.

Había otro frente en el que actuar: la información. Tras imponer la “rueda de prensa” sin preguntas a través de un plasma, se viste a los informadores de calle para distinguirlos. Algunos estaban buscando sindicarse para ser defendidos de las agresiones policiales, así se dijo. La FAPE (Federación de Asociaciones de la Prensa de España) que no son sindicatos profesionales, escribió una de las páginas más amargas de la profesión que pasó sin pena ni gloria. Cedió al uso de chaleco identificativo de prensa –como si las calles españolas fueran escenario de un conflicto bélico- “en acontecimientos que requieran la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado”. Las manifestaciones de protestas contra las medidas del Gobierno, en la práctica. De carácter voluntario, sin embargo,  a menudo ha servido para que sus portadores recibieran precisamente cargas policiales.

Las protestas experimentaron una drástica reducción, pero no cesaron. Luego la aplicación fue desigual, aunque las multas y condenas atestiguan que las leyes represivas son de utilidad, en especial según quien las imparte, como vemos. De ahí la resistencia a derogarlas.

Ahora, las tendencias conservadoras de policía y guardia civil salen a la calle en protesta por la anunciada reforma de la ley. Son mayoritarias en la profesión, aunque no unánimes, hay en ambos cuerpos quienes tienen una postura contraria y les acusan de estar haciendo partidismo con estas manifestaciones. Apoyados por el PP y Vox en su permanente idea de desestabilizar al Gobierno. Acuden sus medios a reforzar, como siempre. Y la judicatura azuza el conflicto con Catalunya al cargarse la inmersión lingüística para que la ultraderecha política –las gentes de Casado y Abascal- pidan nada menos que implantar el artículo 155 para la comunidad que les sirve de trampolín de su estrategia. Un clásico que harta al infinito a la ciudadanía normal.

La ley no se va derogar como se prometió, se reforma y suaviza en su recorte de derechos. Los convocantes de la protesta han llevado su reivindicación a la calle y las redes, algunos probablemente hasta de buena fe. Pero incurren “en imprecisiones” y “en omisiones” varias. Por ejemplo, no tienen que devolver a la persona identificada desde la comisaría al lugar donde fue detenida en todos los casos, solo si la comisaría está en otra ciudad distinta a la que se llevó a cabo la detención. Vamos, que más parece un evitar retrocesos en el terreno ganado gracias a la ominosa ley del PP aún vigente. La Comisión Europea piden que se reforme la ley. El Consejo de Europa lo hizo desde el principio y su dictamen es claro: insta a España a reformar la ley de Seguridad Ciudadana “por su potencial represivo”. Nada de delincuentes campando a sus anchas, ni de libertinajes ciudadanos, ni mucho menos de ser delincuentes por manifestarse.

Todo vale para el fin. Es el ADN de la derecha española más turbia. Desestabilizar y mentir. Dolors Monserrat ha osado asegurar a toda la Eurocámara que “Casado no participó en una misa en honor a Franco”. Dijo, sin sonrojarse, que es una “fake news” lo que tiene hasta registro gráfico. Ya no les importa ni quedar en ridículo si alguien les cree, si alguien les vota.

De nuevo en la misma encrucijada, más caliente cada vez. Podíamos ser un gran país –hay gente estupenda aquí- si los ciudadanos conservadores lo fueran de verdad y no soportes de la corrupción y la trampa y si el gobierno progresista cumpliera en su justo significado ese nombre y le echara más coraje al hacer y evitar cuanto la ciudadanía precisa.