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Opinión - Vivir sobre un polvorín. Por Rosa María Artal

La democracia madura del Rey en la que todos pueden hablar

Felipe VI durante su mensaje de Navidad. EFE

Rosa María Artal

Apagas el horno y vas a escuchar el discurso del rey en Nochebuena. Sonríe, ha apeado la dureza desplegada en octubre, tan decisiva en la forma con la que se afrontó la Cataluña del referéndum. Y le oyes decir: “España es hoy una democracia madura, donde cualquier ciudadano puede pensar, defender y contrastar, libre y democráticamente, sus opiniones y sus ideas; pero no imponer las ideas propias frente a los derechos de los demás ”. Y ya no se va de tu cabeza, ni prestas atención al rosario de bendiciones que constituyen el país de las maravillas del relato. Luego llegarán, por días ya, los encendidos elogios de la prensa cortesana y esa constante reverencial de especular sobre el sentido de las palabras del rey como si se tratara del oráculo de Delfos. Aquel santuario de la antigua Grecia se convirtió en centro de consulta a los dioses basándose en interpretaciones de signos, hace muchos siglos. En octubre no hizo falta, la alocución real se entendía con toda claridad.

No deja de ser curioso. España ha perdido libertades ostensiblemente desde que gobierna el PP. En particular desde que se aprobó la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida con razón como Ley Mordaza. Un empeño del PP, no justificado en ningún estado de alarma, que sacó adelante con su mayoría absoluta y que entraría en vigor el 1 de Julio de 2015. Junto con las reformas del Código Penal y la ley llamada antiterrorista que abre paso a otros controles, han mermado con certeza la libertad de expresión, manifestación y reunión. Es un hecho cierto que palpamos en el vivir cotidiano al ver denunciados y hasta condenados a tuiteros, raperos, humoristas y todo aquél a quien le toque la diana. La daga de la censura y del castigo pesa ya a la hora de ejercer cualquier crítica al poder o a una serie de sentimientos que no entran en la racionalidad de la convivencia en el Siglo XXI.

Este martes, las crónicas palaciegas andan ya pasando lista de adhesiones y censuras al mensaje del rey, demostrando precisamente que la libertad para “defender y contrastar, libre y democráticamente, las opiniones” funciona mejor con las favorables a la tesis dominantes. Felipe VI, el conciliador; Felipe VI y el renacimiento de cataluña (en minúscula), La democracia madura del Rey, análisis de la coreografía en todos sus detalles, el lenguaje y hasta un “guiño del rey a Cataluña” por mostrar un trofeo de los premios Princesa de Gerona. “La nota discordante la pusieron Podemos y el PNV”, afirma El País, que en una edición anterior del artículo decía y destacaba: “Podemos y los secesionistas critican el discurso en el que el Rey llama a la convivencia.” Suprema maldad criticar “una llamada a la convivencia”. Los matices, les sobran. Y no solo los matices. Algunos van más lejos, Zarzalejos, ex director de ABC, titula en El Confidencial: “Acoso y derribo al rey”. Y es algo que conllevaría penas severas en el ordenamiento jurídico vigente. No para el autor, para los acusados.

Las consideradas como injurias y calumnias a la Corona, en concreto, están acarreando condenas en esa democracia madura en la que cualquier ciudadano puede hablar y expresarse. La más reciente, la multa impuesta por la pitada al himno de España en una final de la Copa del Rey, al que la justicia encontró promotor. Años y años de pitadas en los encuentros de fútbol han hallado soporte legal para la condena. Si parecía que los gritos en los estadios eran escapes de la ansiedad habrán de repensarse. Lean el Artículo 491 del Código Penal revisado en 2015. Hasta la utilización de la imagen del rey o la reina es punible, si la encuentran ofensiva.

La ley Mordaza tiene ya al menos 200.000 damnificados según el recuento que este verano hizo Amnistía Internacional y recogió el periodista Eduardo Bayona. Un tercio de ellas castiga delitos de manifestación, reunión u ofensas a la autoridad en distintas expresiones. Sin pasar por el juez, que fue la medida más alarmante de la Ley, en un conjunto temible. Amnistía destacaba que “sus efectos están siendo negativos para el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información”. Baste decir que 1.200 personas al mes son multadas por “falta de respeto” a los agentes. Con datos recogidos por eldiario.es en el propio Ministerio del Interior. Insistamos: según la opinión de los agentes y sin otro control. Se ha dado el caso también de multar con 600 euros por darle al “me gusta” en redes sociales porque aparecía un policía en un vídeo viral.

Censurada por el Consejo de Europa, calificada de “ley ominosa de España” por la prensa internacional como The New York Times, la Ley Mordaza sigue en vigor más de un año después de perder Rajoy su mayoría absoluta. Hasta el Defensor del Pueblo la cuestionó al pedir la anulación de la condena a una periodista. Los trámites en el Congreso lleva ya cerca de un año de dilaciones. Se encuentran literalmente bloqueados. El PP con ayuda de Ciudadanos y algunos miembros del grupo mixto consiguen ampliar plazos para las enmiendas y retrasar el debate. El PSOE, que presentó la solicitud, no quiere derogar la ley sino reformarla y regresar, con algunos añadidos, a la que su partido articuló en 1992, conocida como Ley Corcuera. Un prodigio de libertades, se diría al compararla con la que rige. Unidos Podemos apuesta por una reforma drástica de la Ley y por anular condenas impuestas con ella. Las maniobras, rivalidades y protagonismos políticos siguen manteniendo vigente esta ley.

No hemos llegado al punto de Turquía, por supuesto. Todo no se persigue, pero el mecanismo existe y depende de quién y por qué lo utilice. En la España actual, cualquier juez dispone de base legal para abrir sumarios y condenar por delitos que no lo eran hasta el acceso del PP al poder. Ahora se puede llegar a admitir una denuncia -seleccionando entre miles y miles de tweets- solo contra personas que le caen mal al denunciante. Y quedar al albur de cómo funcione el procedimiento. Normalmente con arreglo a derecho, pero con la consiguiente perturbación durante el proceso. Sabemos que uno de los delitos más perseguidos en esta democracia madura son los tweets.

El retroceso de libertades en España es un hecho y empieza a pesar la autocensura. Hemos vuelto a los tiempos de usar la ironía, como ha hecho con brillantez Antón Losada en este “Hay que volver a ver The Crown, Majestad”. Los tiempos que alumbraron a los Berlanga y Azcona para burlar y aliviar la realidad. Cuando no éramos una democracia madura a cuyos ciudadanos aún no se les permitía hablar de lo indebido, como ahora. Podemos hasta pensar lo que queramos.

Manel Fontdevila, cuya viñeta este martes resume a la perfección el estado de la libertad de expresión en España alabada por Felipe VI, dio con la explicación perfecta en esta jugosa conversación. Hablamos de la valentía que actualmente se precisa para ejercer la crítica y cuyos yugos él ha padecido y afrontado: “Hoy contagiar valentía es una cuestión de responsabilidad”, concluyó. Así de madura nos tienen la democracia.

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