Derogar no es la cuestión

A raíz de la polémica sobre la derogación o no de la Ley de la Reforma Laboral y de la llamada Ley Mordaza, se ha desatado un debate político-lingüístico sobre el significado, alcance y contenido de la palabra derogación. Con permiso de mi admirado Álex Grijelmo, me atrevo a internarme por tan intrincado laberinto con el propósito, quizá ilusorio, de encontrar una salida que pueda contribuir a situarla en su verdadera dimensión.

El verbo 'derogar' tiene varias acepciones. Las más radicales nos llevarían a la extinción, abolición, anulación o cancelación íntegra de una ley o cualquier otra norma. Pero, al mismo tiempo, la expresión no es incompatible con reformar o modificar. Los políticos deberían ser más precisos a la hora de ofrecer, sin matices, la derogación de una ley. Puede sonar a promesa drástica que a la postre pudiera desembocar en una falsa promesa. Siempre recuerdo a uno de los artistas más geniales del cine de humor, Mario Moreno Cantinflas, que no ha alcanzado la proyección internacional que ha tenido Groucho Marx por limitar su lenguaje y comunicación al mundo de habla hispana en versión mexicana. En una de sus películas, titulada Si yo fuera diputado, se dirige a sus escasos y potenciales votantes con una frase que me parece definitiva: “Mi lenguaje no es florido porque no lo he regado con la demagogia de las falsas promesas”. Puede servir de modelo y reflexión a los políticos cuando en sus intervenciones públicas prometen a sus potenciales electores medidas no excesivamente precisas y debidamente matizadas. 

El Gobierno de coalición (PSOE-UP) prometió por boca del presidente del Gobierno y otros dirigentes la derogación, en principio genérica y sin matices, de las leyes de Reforma Laboral y la parte de la ley de Seguridad Ciudadana conocida popularmente como Ley Mordaza. Con posterioridad se han hecho las naturales precisiones y queda claro que no se trata de una derogación en sentido amplio sino una reforma de varios artículos de las tan cuestionadas leyes.

La ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, se promulga, según sus redactores, “para hacer frente a la crisis económica que atraviesa España desde 2008 que ha puesto de relieve las debilidades del modelo laboral español”. Cualquiera que tenga la paciencia de leer su interminable preámbulo llega a la conclusión de que su propósito es dotar de una gran capacidad de flexibilidad al empleador a costa de reducir los derechos de los trabajadores. La extensión de la norma y su continua referencia al Estatuto de los Trabajadores hace imposible e ilusoria una derogación total.

La realista propuesta de reforma parcial y limitada de la llamada reforma laboral afecta, a grandes rasgos, a determinados aspectos relativos al despido por bajas de enfermedad, subcontratación y convenios colectivos que refuerzan la protección de los trabajadores y no causan perjuicio alguno que pueda justificar a la empresa. En muchos aspectos se acerca a los sistemas laborales de la mayor parte de los países europeos. Parece que ha llegado a buen fin y es una buena noticia que la CEOE admita la modificación al alza de determinados derechos laborales. 

A nadie, en su sano juicio, se le pasaría por la mente una derogación total de la Ley de Seguridad Ciudadana, elaborada exclusivamente por la mayoría absoluta del PP, que tiene 54 artículos, varias disposiciones adicionales y una disposición derogatoria. Nadie ha propuesto su derogación total. 

Las modificaciones que se proponen están justificadas por las exigencias de nuestro Tribunal Constitucional y las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas y Amnistía Internacional. Solo desde una visión deliberadamente manipulada se puede sostener que coloca a los delincuentes por encima de la Policía. La libertad de información y el debido respeto a los derechos de los ciudadanos autoriza a filmar o fotografiar actuaciones de la Policía que en principio pudieran considerarse como excesivas o desproporcionadas. En todo caso se excluyen aquellas que puedan poner en peligro la seguridad de los agentes o sus familias. En consecuencia, no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones o su mera difusión.   

El nivel dialéctico de la derecha y la ultraderecha traspasa los límites admisibles en una sociedad democrática. Sus descalificaciones no pasan de una burda parodia: “Deja vendidos a los policías”, “desprotege a los ciudadanos y protege a los delincuentes”, “compromete el principio de autoridad de los agentes”. Repasen la Constitución que tanto dicen amar. Según su texto, el fundamento del orden político y la paz social radica en el pleno ejercicio de los derechos inviolables y de la dignidad de las personas, que no es incompatible con el respeto a la ley y a los derechos de los demás. El principio de autoridad es consustancial a una dictadura e incompatible con la democracia.

El Partido Popular se ha instalado en la derogación permanente de las leyes aprobadas en el Parlamento sin su voto. En algunos casos ha prometido la derogación de leyes que todavía no han sido elaboradas ni se conoce su texto definitivo, como la Ley de la Memoria Democrática, la Ley de Igualdad, la Ley Trans y la Ley de Vivienda. Por supuesto promete la derogación total de la Ley de Eutanasia. Su sustitución por una ley de cuidados paliativos demuestra su total ignorancia sobre el alcance de una y otra. Parece que vivimos en una democracia inestable. La estabilidad de las normas legales es una garantía para la seguridad jurídica. La confrontación democrática de las ideas no pasa necesariamente por la derogación de la producción legislativa del antagonista. Afortunadamente, si es cierta la tendencia a la desaparición de las mayorías absolutas, aumentan las dificultades para llevar adelante esa especie de compulsión derogatoria.

Los devotos cofrades de la Santa Constitución deberían dedicar un momento a su lectura. Su preámbulo les recuerda que los poderes públicos deben garantizar un orden social justo y que solo se consigue avanzando en derechos y nunca restringiéndolos. Los derechos fundamentales tienen que ser reales y efectivos. Es hora de que alguien les explique cuál es el “núcleo duro” de la Constitución y cuáles son sus adherencias.