Después de Orbán, nosotros

A una parte de la izquierda la derrota de Viktor Orbán no le ha conmovido. A pesar de que el hasta ahora líder húngaro representa un nodo crítico de la internacional reaccionaria, así como un puntal clave de Donald Trump y el movimiento Make America Great Again (MAGA), hay una izquierda que ha centrado su atención en el perfil del candidato ganador: Peter Magyar, un antiguo colaborador de Orbán. El planteamiento consecuente es paralizante, asumiendo que ambos son las dos caras de la misma moneda.

Reconozcamos que el enfoque tiene su atractivo inicial. Al fin y al cabo, en condiciones normales nadie de izquierdas celebraría la victoria de un candidato conservador, ni en Hungría ni en ninguna parte. El problema es que no parece que estemos ante condiciones normales cuando incluso muchos partidos de izquierdas optaron por no presentarse a fin de facilitar la victoria de Magyar. De algún modo estos partidos —socialistas, verdes, liberales y otros más a la izquierda— entendían que derrotar a Orbán era la prioridad y, consecuentemente, sacrificaron su propia supervivencia parlamentaria. Un planteamiento que va más allá de los partidos, pues Magyar ha obtenido la victoria gracias a que ha conseguido aglutinar todo el voto anti-Orbán: un apoyo que se estima sostenido en un 11% de personas conservadoras, un 43% de liberales y el resto de las izquierdas y verdes.

No sólo es el atractivo inicial, pues este planteamiento tiene versiones sofisticadas que conviene tomarse en serio. La más fuerte sostiene que votar por el mal menor desmoviliza: que una izquierda que se acostumbra a apoyar a conservadores acaba perdiendo su identidad, su base y su capacidad de propuesta autónoma. Francia sería un ejemplo, donde décadas de frente republicano contra Le Pen no han impedido su continuo avance. El argumento merece consideración, pero tiene un problema fatal cuando se aplica al caso húngaro: presupone que existe una izquierda con fuerza suficiente como para que su desmovilización sea el riesgo principal. En Hungría, tras 16 años de régimen iliberal, la izquierda parlamentaria era ya un cadáver político. El riesgo real no era la desmovilización sino la consolidación definitiva de un régimen que hacía imposible cualquier organización política, sindical o mediática independiente. Cuando tu casa se incendia, discutir si el agua del extintor va a estropear los muebles es un debate legítimo, pero no urgente.

En efecto, cuando pasamos desde un análisis enfocado en las élites y los partidos hacia otro centrado en la ciudadanía y los grupos sociales, el panorama se vuelve más complejo. Hungría es un país sociológicamente muy conservador, que además ha crecido en las últimas décadas gracias a su inserción en las cadenas de valor globales de Alemania —ofreciendo mano de obra barata y una capacidad industrial bastante avanzada— y que en la actualidad está atravesando por serias dificultades económicas. En ese contexto, y con una participación electoral de casi el 80%, los escasos y débiles grupos de izquierdas han votado mayoritariamente a Magyar porque entendían que se encontraban ante condiciones excepcionales: la posibilidad de que Hungría se desplazase definitivamente hacia un régimen político autoritario era demasiado alta.

El caso de Hungría es un síntoma de algo más amplio. Las democracias están retrocediendo en todo Occidente, y no sólo por la sustracción neoliberal de decisiones clave del ámbito democrático —como ocurrió paradigmáticamente con la política monetaria—, sino también por el empuje de fuerzas reaccionarias que buscan blindar a grupos étnicos dominantes frente a los riesgos geopolíticos y ecosociales mediante la apropiación de recursos ajenos y la reducción del demos. La gramática común de esta internacional reaccionaria —de Trump a Putin, de Netanyahu a Orbán, de Milei a Abascal— se manifiesta en el genocidio de Gaza, en las amenazas sobre Groenlandia, en la guerra con Irán, y en el desmantelamiento interno de las instituciones democráticas. En la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos se abogó explícitamente por apoyar a propuestas como las de Orbán para neutralizar la capacidad de la Unión Europea como actor autónomo. Ante esa amenaza, los húngaros demócratas —de izquierdas y de derechas— han optado por hacer lo posible para echar del gobierno a quien llevaba 16 años socavando las reglas del juego.

La historia nunca se repite, pero aporta enseñanzas. La Internacional Comunista se mostró desde 1928 hasta 1935 radicalmente contraria a la colaboración con las fuerzas burguesas, lo que incluía a los socialdemócratas. Un error garrafal de diagnóstico de la política exterior de Stalin —la idea de que el fascismo era un coletazo final del capitalismo, que estaba a punto de sucumbir para mayor gloria del socialismo— empujó a los comunistas de todo el mundo a lo que se conoció como estrategia de «guerra de clase contra clase», es decir, a considerar que socialdemócratas y liberales democráticos eran la cara amable del fascismo. Hubo muchísima resistencia a esa estrategia, pero fue el terrible fracaso de la experiencia alemana lo que impulsó una rectificación que finalmente condujo a los frentes populares. La experiencia unitaria española en 1933 —que fue a nivel local y permitió elegir al primer diputado comunista—, las críticas de muchos partidos comunistas y el papel de Dimitrov permitieron que a partir de 1935 la Internacional Comunista respaldara oficialmente la estrategia de cooperar con los antiguos enemigos burgueses —pero democráticos— a fin de frenar al fascismo: el orden de prioridades había cambiado y el contexto se describía con mayor precisión.

Convendría recalcar esa enseñanza: un diagnóstico contextualizado certero es fundamental para diseñar una estrategia política correcta. Los planteamientos en abstracto nos hablan de mundos fantásticos que no existen; la política siempre es política concreta, realizada en entornos institucionales específicos. Marx y Engels lo sabían bien cuando tras 1849 recomendaban que los comunistas creasen un partido propio y diferenciado en Alemania y Francia, pero al mismo tiempo abogaban por la integración en los partidos democráticos y liberales en Estados Unidos y Reino Unido. Esta flexibilidad táctica era el resultado de la conceptualización de los partidos no a partir de sus denominaciones o aspiraciones idealistas sino a partir de sus capacidades reales para mejorar la vida de la clase trabajadora. Fue Engels quien dijo en 1886 que un millón o dos de votos de la clase trabajadora para un partido que trabajaba de buena fe es infinitamente más valioso en el presente que cientos de miles de votos para «un programa doctrinalmente perfecto». Engels estaba señalando que un movimiento de masas vivo, con todas sus imperfecciones e inconsistencias ideológicas, tiene más potencial transformador que una secta minoritaria con el catecismo en orden. Y esa flexibilidad no se limitaba a la forma partido: para Marx y Engels no era lo mismo una democracia consolidada como Inglaterra que los sistemas políticos de otras partes del mundo, y con toda probabilidad les hubiera parecido un error de manual presuponer el mismo tipo de estrategia en la Hungría de Orbán que en la España actual.

En suma, sin tener presente los contextos e instituciones dentro de los cuales se reproduce la política, esta se convierte en un ejercicio de laboratorio desconectado de la realidad. Es decir, sin hacer un análisis mínimamente serio del momento histórico en la economía-mundial, las correlaciones de fuerzas y la disponibilidad de instrumentos, todo el análisis se convierte en una sucesión de proposiciones pseudo-lógicas sin recorrido práctico. 

No es un problema solo teórico. En España, parte de esta izquierda está ubicada actualmente en Podemos, cuyos dirigentes han cuestionado que haya motivos para celebrar la derrota de Orbán. Desde que Podemos se reubicó ideológicamente tras salir del gobierno, es habitual escucharlos hablar de ‘malmenorismo’, esto es, de la denuncia de la flexibilidad táctica en nombre de la pureza doctrinal. El propósito, como ha señalado Raúl Sánchez Cedillo, es preservar un centro de gravedad de las izquierdas, aunque como él mismo reconoce sea al coste de reducir el instrumento hasta la irrelevancia electoral — por debajo del 1% en las dos últimas elecciones autonómicas—. Es cuestionable, en todo caso, que podamos considerar exitosa una operación que aspira, en el mejor de los casos, a generar conversación y que asume de inicio su propia incapacidad para transformar la realidad.

Ahora bien, Sánchez Cedillo acierta al diagnosticar que el malmenorismo es consecuencia de la derrota, pero lo mismo cabe decir de su denuncia: uno se conforma con el mal menor cuando no ha logrado imponer la opción principal, del mismo modo que uno denuncia el mal menor cuando carece de la fuerza para ofrecer algo mejor. Pero hay un problema adicional: la denuncia del malmenorismo es, en su estructura, una operación oligárquica, porque requiere de una élite dirigente mandatada para trazar la frontera entre lo aceptable y lo inaceptable. Y esa frontera siempre puede ser desplazada, ya que dentro del propio partido siempre habrá alguien con más pureza dispuesto a denunciarte. Un debate así, planteado en abstracto y con pretensiones universales, está condenado a la esterilidad. 

Lo cierto es que optar por la opción menos mala también tiene costes, pero estos solo son evaluables en cada circunstancia concreta — que es precisamente lo que los comunistas malmayoristas de antes de 1935 se negaron a hacer, convencidos de que su vía era la correcta con independencia de las condiciones reales. «Después de Hitler, nosotros», dijeron aquellos comunistas pensando que el fascismo sería un episodio breve del final del capitalismo. Al final, la historia desgraciadamente los atropelló a ellos y a todos los demás.

Los húngaros que votaron a Magyar el pasado domingo no vivían en un seminario de teoría política sino en un país donde el gobierno trabajaba en complicidad con Rusia para desarticular toda oposición política, donde la independencia judicial había sido sistemáticamente vaciada y donde miles de millones de euros en fondos europeos estaban bloqueados por el deterioro de los aspectos más elementales del Estado de Derecho. Con esas coordenadas, optaron masivamente por la opción que les permitía recuperar un marco institucional desde el que seguir luchando. Fue la misma lógica que llevó a Dimitrov en 1935 a reconocer que la diferencia entre democracia burguesa y dictadura fascista no era una sutileza académica sino una cuestión de supervivencia para el movimiento obrero. Que esa lección tenga que ser reaprendida cada pocas décadas no dice mucho a favor de nuestra capacidad de aprendizaje colectivo, pero sí confirma algo que Marx y Engels entendieron muy bien: que la política se hace desde las condiciones y no desde las conclusiones.