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Imagen de archivo de una concentración contra la violencia machista en Zaragoza.

Hace casi cuatro años escribí una columna que se titulaba exactamente igual que esta. En aquel momento, noviembre de 2014, todavía no se había aprobado la Ley de Infancia y Adolescencia que reconocía, por primera vez, que las hijas e hijos de las mujeres víctimas de la violencia machista debían ser reconocidos, en contra de lo que venían haciendo la mayoría de jueces y fiscales, como víctimas de la violencia de género al igual que sus madres. Cuando se aprobó la ley, en julio de 2015, fuimos muchas las personas en contacto con esta realidad que creímos que, más allá de que fuera un tema de puro sentido común, el aval de la norma iba a lograr que se protegiese por fin a los menores de edad frente a las situaciones de violencia que vivían en sus propios hogares. Pensamos que de esta forma los operadores jurídicos iban a empezar a replantearse sus actuaciones y considerar (aunque fuera forzados por la ley) la posibilidad de escuchar a las niñas y niños. Creímos que pensarían en su integridad moral, física, psíquica y sexual y se olvidarían de la conservadora Circular nº4/2005 que había dictado la Fiscalía General del Estado en la que desaconsejaba "la suspensión absoluta de cualquier régimen de visitas del agresor para con los hijos comunes" porque podía romper, de manera inadecuada, ¿una relación paterno-filial bien estructurada?

La puerta que se abría con la ley de 2015 se cerró de un portazo, aunque puede que realmente nunca se llegará a abrir. Bastó que pasaran seis meses para comprobar que prácticamente nada iba a cambiar en la práctica judicial. Y así, hasta la fecha de hoy, el día en que un hombre denunciado por violencia machista ha asesinado a sus dos hijas de 3 y 6 años en Castellón. En los últimos 5 años, las estadísticas oficiales nos dicen que ya van 27 niños y niñas asesinados por sus padres maltratadores.  

En el sistema de Justicia, y entre quienes operan dentro de él, parece predominar un pensamiento que prefiere permanecer anclado en el 2005 en vez de cambiar de perspectiva, ya no a la de género (que también) sino a la de la protección de los menores de edad. Ni las cifras de niñas y niños asesinados por sus padres maltratadores, ni la multitud de casos de mujeres víctimas a las que se les ha arrebatado la vida delante de sus propios hijos, ni las denuncias que las madres interponen en los juzgados por las situaciones de abuso que se dan durante los regímenes de visitas, ni el hecho de que sean los propias niñas y niños supervivientes los que afirmen que quien maltrata no cuida, parece ser suficiente como para que se cambie el criterio mayoritario en los juzgados y deje de prevalecer un 'adultocentrismo' irresponsable que cree saber lo que necesita un niño sin pararse a escucharle ni atenderle.

Antes que suspender la patria potestad al maltratador o valorar si debe o no establecerse un régimen de visitas lo suficientemente garantista para la integridad de las víctimas (de todas), se siguen tomando decisiones que buscan no dañar la relación paternofilial entre un niño y el hombre que maltrata a su madre. No es tan difícil comprender que una relación paternofilial nunca puede estar bien estructurada cuando un padre de familia se cree con el derecho de dominar, controlar, abusar, pegar… maltratar a una mujer, madre de sus hijas e hijos, por el solo hecho de que él es hombre y ella mujer, por muy "cabeza de familia" que le considere el sistema patriarcal. El valor de la "unidad familiar" ni prevalece ni justifica ningún tipo de violencia.

Ahora que se habla de perspectiva de género en la Justicia para ajustar las decisiones y resoluciones a una realidad en la cual constatamos que predomina la desigualdad de trato (y de mirada) en las cuestiones relativas al género, es imprescindible incorporar otro foco a la realidad de las violencias y de cómo estas afectan y se trasladan a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, esa mirada, ese foco, esa atención ajustada a la ley y a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño no será posible mientras no se respete su derecho a ser escuchados ni la Justicia se adapte a ellos y a sus necesidades vitales, madurativas y emocionales para que puedan contar lo que viven, lo que escuchan, lo que observan y lo que sienten. Si los niños y niñas hablaran en los casos de violencia de género a más de un operador jurídico se le revolverían las tripas, a no ser que no tenga tripas ni corazón.

No es tan difícil poner los medios, los recursos y el interés si realmente se cree que son tan víctimas como la mujer que declara contra el maltratador. Pero esa es precisamente la cuestión, la credibilidad de las víctimas. Nuestra Justicia patriarcal, en los casos de la violencia machista, no las cree. La diferencia entre las mujeres y los menores de edad es que a estos se les trae y se les lleva aprovechándose de su edad y de su aparente fragilidad (pues deben ser muy fuertes y resilientes para sostener todo lo que tienen que sostener). La excusa de no romper el vínculo con el maltratador no sirve a poco que se piense y comprenda cómo funcionan las violencias porque en estos casos, ese vínculo nunca puede ser sano ni bien estructurado. Desde los derechos del niño y las obligaciones que conlleva la patria potestad nunca un hombre que quiere dañar por encima del bienestar y la vida de sus propios hijos a la madre de estos puede ser un buen padre. Lo que más le duele a un maltratador no es que sus hijos sufran sino lo que sufre él por no poder ejercer poder sobre la mujer y si para ello tiene que golpearla con lo que más le duela lo hará, porque realmente sus hijos le dan absolutamente igual, de lo contrario pediría ayuda para él en vez de agredir a una mujer. Así que no, un maltratador, en el momento que está maltratando, no es un buen padre. Si quiere serlo que se entregue antes de asesinar o que pida ayuda antes de maltratar.

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Publicado el
25 de septiembre de 2018 - 22:17 h

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