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Minuto político Los temas de este miércoles

27 menores han sido asesinados en casos de violencia machista en seis años

Con los dos menores asesinados por su padre en Castellón tras ser denunciado por la madre, son 27 el número de niñas y niños asesinados por violencia machista desde 2013, año en el que comenzaron a contabilizarse oficialmente

En 2015, una reforma de la Ley de la Infancia comenzó a considerar a los hijos de las mujeres maltratadas víctimas directas de esa misma violencia

El régimen de visitas se suspendió en un 2,8% de las órdenes de protección concedidas en 2017, según datos del Consejo General del Poder Judicial

La crisis afecta directamente a los más vulnerables, la infancia

Foto de recurso de un menor.

Un hombre ha asesinado esta madrugada a sus dos hijas de tres y seis años en Castellón. La madre de los menores, separada de él desde el año pasado, había interpuesto denuncias por violencia machista, sin que de momento haya trascendido el resultado de las mismas. De confirmarse, este caso pasaría a engrosar la lista de niñas y niños asesinados por violencia de género, que ascendería a 27 menores desde 2013, año en el que comenzaron a contabilizarse oficialmente.

Estos dos menores se suman al único niño asesinado en lo que va de 2018, aunque la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género mantiene dos casos en investigación. El año que más víctimas registró fue 2017, con ocho menores, y el que menos, un año antes, en 2016, cuando fue asesinado un niño. Las estadísticas también recogen los seis menores de 2013, los cuatro de 2014 y los cinco de 2015.

Fue hace seis años cuando las instituciones comenzaron a arrojar datos sobre una realidad que ya venían denunciando las organizaciones feministas y que reconoció la Ley de la Infancia en 2015, mediante una reforma considerada un punto de inflexión: los hijos e hijas de las mujeres víctimas de la violencia machista son víctimas directas de esa misma violencia.

Las juristas y colectivos que trabajan con víctimas pelean porque la norma no se reduzca a lo simbólico y siguen reivindicando que sea aplicada en la práctica. Sin embargo, los datos disponibles dibujan un mapa con escasez de medidas destinadas a los menores. Según las publicaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2017, el régimen de visitas del padre  solo se suspendió en un 2,8% de las órdenes de protección adoptadas. Por su parte, la patria potestad lo fue en un 0,4% y solo en un 0,8% se tomaron medidas destinadas a proteger al menor "para evitar un perjuicio o peligro".

La recomendación de la ONU

La protección de los hijos e hijas de las víctimas fue uno de los puntos clave que emergió durante la gestación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. De hecho, una de las medidas que contiene es "el carácter imperativo" de la suspensión del régimen de visitas "en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia". Sin embargo, este precepto aún no se ha aplicado.

Por su parte, la ONU ya exigió hace años a España formación específica para los operadores jurídicos con el objetivo de tomar como premisa básica el interés superior del menor en sus decisiones. Lo hizo el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW en inglés) a través de un dictamen que condenaba a nuestro país por no proteger adecuadamente a la hija de Ángela González Carreño, asesinada en un régimen de visitas sin supervisión tras decenas de denuncias.

Además de recomendaciones genéricas, Naciones Unidas obligaba a España a indemnizar y reparar adecuadamente a Ángela, pero el Gobierno se negó aduciendo que no se trataba de un dictamen vinculante. El Tribunal Supremo, sin embargo, condenó el pasado mes de julio al Estado por no aplicar la resolución y deberá indemnizar a la mujer con 600.000 euros. 

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