El empleo estable en la economía de “coste marginal cero”
La economía española adolece de problemas estructurales para crear empleos estables. Desde la muerte del dictador en 1975 y la posterior transición política se ha venido destruyendo puestos de trabajo en sectores industriales y/ o manufactureros y de servicios públicos.
La industria española en la posguerra civil generó empleo estable y duradero en el marco de una economía aislada y con la colaboración directa del estado como gestor y/o subvencionador. Destacó en aquellos años, en el ámbito del empleo fijo, la industria pesada del acero, de la construcción naval, la de los polos de desarrollo (automóviles, refinerías, petroquímica), la automovilística. El sector de servicios públicos, en su mayoría monopolios de carácter estatal: agua y energía (electricidad y derivados del petróleo) también demandaron contingentes importantes de mano de obra. Incluso el sector agropecuario disfrutó de precios intervenidos que garantizaron el sostenimiento de una industria agroalimentaria incipiente y con músculo propio en materia laboral.
En la década de los 70 la crisis de los precios del petróleo planteó, en el momento de la transición política, dramáticamente y desde la lógica de la acumulación de capital, la necesidad de bajar los costes fijos, variables y financieros de los sectores intensivos en capital y trabajo que iban a quedar sujetos a la competencia internacional. La liberalización en aquellos años del sistema financiero paralela a la desarrollada en el resto de economía, cortó el acceso al crédito subsidiado que disfrutaba la industria y los servicios. El desmantelamiento de los mecanismos intervencionistas y proteccionistas y la apertura económica provocaron una reducción y destrucción rápida de puestos de trabajo en los sectores económicos implicados en la liberalización.
La reconversión industrial de la economía española de fines de los 70 y principio de los años 80, originada en aquellas circunstancias, se aceleró con el pedido de adhesión de España a la CEE en 1977. Las negociaciones se prolongaron por seis años y el desempleo pasó del 1,1% en 1979, al 21,9% en 1985. Un año antes de entrar definitivamente en la CEE y después de diez años de transición política España registra a 1/5 de la población activa en el paro. En el tiempo, ese porcentaje se convirtió en una señal de identidad estructural de la economía española. Aun cuando nuestra entrada más que multiplicó por dos el PIB que pasó de 164 mil millones de dólares a 380 mil millones en sólo un lustro.
A finales de los 80, llegaron las compensaciones europeas en forma de Fondos Estructurales y de Cohesión para la financiación de infraestructura, medioambiente y energía que permitieron absorber parte de nuestros excedentes laborales.
En los veinte años transcurridos entre 1986 y 2006 (CEE -UE) España fue el país con mayor volumen de Fondos Europeos y Estructurales recibidos de la CEE_UE por no tener la media del PIB europeo. Estas ayudas directas crearon aproximadamente 300.000 empleos anuales, especialmente en la construcción, de grandes infraestructuras como las autovías (el 40% de ellas), ampliaciones de aeropuertos, metros, puertos y otras obras públicas. En 2006 el 90% de la inversión que se hizo en España provino de la UE.
La liberalización del suelo de finales de los 90 produjo un espectacular incremento de los precios del negocio inmobiliario que dio un renovado e intenso impulso a la construcción, esta vez de vivienda residencial y urbana, llevando las tasas de paro por debajo del 10% en los primeros ocho años del siglo XXI. El estallido de la burbuja inmobiliaria en el verano del 2007 inflada domésticamente por capitales financieros apalancados por especuladores y promotores inmobiliarios -no en la demanda de vivienda vinculada al crecimiento poblacional estable- nos devolvió a la realidad de un paro cercano al 25%. Además, el anclaje monetario a las divisas de Europa y al euro cercenó cualquier posibilidad de competitividad económica a través del manejo discrecional del tipo cambio.
En 30 años la economía española no implantó políticas serias de empleo a través de modelos productivos alternativos asociados a acciones coherentes de formación y educación. Por el contrario, en todo ese tiempo maduró y se instaló en España un desempleo estructural que en los períodos de crisis sube más del 25% de la población activa y en los de bonanza, le cuesta bajar del 10%.
La economía de coste marginal cero y la economía de los servicios
La inserción de la economía española en los años antes indicados fue subsidiaria y subordinada a la economía global por la forma en que se produjo la apertura y desmantelamiento del aparato productivo. Era imposible crear empleo. Incluso, el turismo, nuestra principal industria o cuasi industria, nunca dejó de ser de baja calificación y estacional teniendo en cuenta que la entrada de turistas fue constante y creciente a lo largo de los años. El paro estructural de España, no fue circunstancial. Ha estado vinculado a la aplicación domestica de las políticas neoliberales del capitalismo
En general, las propuestas neoliberales en la etapa del “capitalismo maduro” buscaron preservar la acumulación y rotación capital a tasas históricas de rentabilidad en el marco de la mundialización económica de finales del siglo XX. El mercado y la libre competencia revolucionaron en el tiempo la base tecnológica y la productividad de las empresas para reducir el coste de las mercancías y mejorar la competitividad de las empresas. Pero las innovaciones tecnológicas también sustituyeron trabajo vivo por muerto. La renovación técnica indujo a la producción de nuevos bienes, a más consumo y mercados pero, simultáneamente, al eliminar trabajo por máquinas redujo los ingresos necesarios para la demanda de la nueva producción.
Los aumentos de productividad minimizan el coste marginal de cada nueva unidad producida una vez amortizada la inversión fija. La tercera revolución industrial, la de las energías frías, la microelectrónica, la computación, la automatización está llevando a niveles jamás visto aquella tendencia.
Ya la segunda revolución industrial y energética, supuso un extraordinario incremento de la productividad y de las “funciones intermedias”, de los servicios, de la economía capitalista. Éstos últimos contribuyeron a la venta y rotación rápida de los bienes en el mercado, al beneficio y a la acumulación capitalista rentable. La innovación técnica y la integración vertical y monopólica de algunas de esos servicios como los bancarios y energéticos (la producción y distribución de electricidad) y otros exigió enormes inversiones. Los servicios públicos nacidos en los inicios de la edad de oro del capitalismo y desarrollados como monopolios naturales después de la segunda guerra mundial fueron de carácter universal. Una economía cada vez más diversificada en productos y mercados exigió para su implementación y circulación las infraestructuras estatales correspondientes. Lo que los economistas dieron en llamar economías externas.
Sin embargo, el neoliberalismo, ante las dificultades crecientes de acumulación rentable, como explicamos más arriba, se planteó, la liberalización, desregulación y captura para el capital privado de estos sectores de servicios públicos. Incluso los vinculados a los derechos básicos de la población como la salud pública en manos de las seguridades sociales públicas entraron en ésta lógica mercantil. La privatización de los servicios públicos y en general de las “funciones intermedias” monopólicas del capital con ajuste de costo de plantilla fue un acicate más, sumado al impulsado por los aumentos de productividad para el desempleo.
No es el desarrollo económico sino la sobreacumulación no rentable del capital privado con las políticas “de coste marginal cero” y los impulsos por la liberalización, desregulación y privatizaciones de los servicios lo que no satisface el reparto social del trabajo y elimina empleos asalariados.
¿Es posible volver en España a una economía generadora de empleos estables?
Con todo, el desarrollo tecnológico y “El Internet de la Cosas”, están cambiando el paradigma económico en estos primeros años del siglo XXI. Muchas de las nuevas mercancías y energías de la tercera revolución industrial tienden al “coste marginal cero”, no crean valor adicional, no tienen precio y las empresas capitalistas privadas que persiguen el beneficio no se interesan por su producción.
Los ciudadanos demandan como un derecho universal y gratuito el acceso a los bienes y servicios de la nueva economía de la misma forma que lo hacen con la salud, la cultura, la educación, o la economía de los cuidados y las prestaciones sociales. Se constata un creciente conflicto en las sociedades, especialmente de las economías maduras, entre las aspiraciones de los ciudadanos por disponer universalmente estos servicios como un derecho y las políticas neoliberales por mercantilizarlos de forma privada con las conocidas consecuencias en el empleo.
Una parte importante de los servicios del “Internet de las Cosas” se demandan como productos de la economía del “bien común” y la “economía colaborativa” y la gran demanda de trabajo y ocupación que van a generar estas áreas o sectores no podrán ser satisfechas si el estado no se involucra en su implantación y desarrollo.
Para ello será necesario un giro de 180º de prioridades en las políticas económicas y educativas, en el gasto social y en las políticas de austeridad. Y pasa también por recuperar los servicios públicos básicos para usufructo de los ciudadanos rompiendo con el círculo vicioso de la deuda y el ajuste. La tendencia al conocimiento y la innovación tecnológica no se va a detener y su repercusión en la lógica sistémica del capital tampoco.
