España, un país con malas notas que volverá a suspender en septiembre
Y por fin llegó septiembre. Aún palpita en nuestra memoria el horror de los atentados de Barcelona y Cambrils cuando el verano de 2017 encara su recta final. Empieza un nuevo curso, en el que tenemos muchas asignaturas pendientes. Algunas, difíciles, las llevamos a rastras desde hace años y a pesar de haber cambiado varias veces de profesores no logramos sacarlas adelante. Seguimos teniendo un presidente del Gobierno esquivo, especialista en las medias verdades, que tantas veces son simples mentiras y que no termina de responder por los oscuros manejos de la financiación ilegal de su partido.
También nos encaminamos aceleradamente al 1-O, pasando previamente por la reválida de la Diada del próximo día 11 de septiembre. Unos y otros nos han ido metiendo en este gran lío que solo puede encarrilarse con un referéndum organizado con unas reglas claras que garanticen su limpieza y los derechos de todos los ciudadanos. Pero siendo importantes, no son las únicas materias en las que este lugar llamado de momento España necesita mejorar.
Las huelgas de los trabajadores de Eulen en el aeropuerto de El Prat han puesto de nuevo sobre la mesa otro gran problema. La crisis económica y las reformas en la legislación laboral han colocado a millones de españoles al borde de la pobreza, incluso teniendo empleo. Estos nuevos trabajadores pobres son ya una realidad y deberían ser la vergüenza cotidiana de cualquier Gobierno. Y más aún cuando son empleados de contratas públicas.
Hemos visto cómo en los últimos años se han ido privatizando servicios en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas relacionados con la salud, la seguridad o la educación, usando como única vara de medir las ofertas económicas. Cuando lo público ha hecho una escandalosa dejación de la defensa de la calidad y los derechos de los trabajadores, se hace mucho más complicado exigir al sector privado unos mínimos de decencia. Lo hemos visto en muchos sectores, también en el boyante negocio turístico: ahí tenemos a “Las Kellys”, limpiando habitaciones de hotel por apenas dos euros y medio y sin apenas derechos laborales.
Y ahora que se acerca la vuelta a los colegios, también es imprescindible recordar las carencias de nuestro sistema educativo. Hubo unos años en los que se intentó seriamente darle un empujón a la escuela pública, pero parece que de nuevo lo privado le ha ido ganando la partida. También en la enseñanza universitaria. Luego no puede sorprendernos (más bien debería avergonzarnos) que no haya universidades españolas en los puestos de excelencia. Somos el único país desarrollado que no ha logrado meter ni una sola entre las mejores 200 del prestigioso Ranking de Shanghai.
2017 encamina su recta final y el Gobierno sigue sin cumplir con su cuota de admisión de refugiados. De los 17.237 asignados por la Unión Europea, apenas hemos acogido a 1.300. Pronto llegará el invierno y volveremos a ver las imágenes de los campos de Grecia y Turquía atestados de familias enteras que han huido de la guerra o la miseria, pero seguiremos sin abrirles las puertas.
Y seguiremos también teniendo que aguantar que se incumpla de manera pertinaz la Ley de la Memoria Histórica. El Valle de los Caídos como símbolo permanente, el Pazo de Meirás como llamada de atención veraniega y la inoportuna desfachatez de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, justificando que se conmemore el aniversario del 18 de julio de 1936 en el Ejército, son realidades que avisan de lo poco que hemos avanzado en este asunto, tan lejano en años y tan cercano en heridas sin cerrar.
Es duro volver, pero también es la única posibilidad que tenemos de seguir intentado cambiar las cosas. Al menos de aprobar las asignaturas que nos son más cercanas. Los que de momento mandan lo tienen muy complicado. No aprobaron en junio y volverán a suspender en septiembre.
