El fantasma que se quedó a vivir Génova

A la sede del Partido Popular en la calle Génova, que se remodeló con pagos en negro por valor de 1,6 millones de euros, según la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional, llegó el miércoles al mediodía muy sonriente el diputado José Ramón García Hernández, “Joserra, el que viene a recuperar, a renovar y a reunir”, como apuntó él mismo de carrerilla en su carta de presentación ante los medios de comunicación. 

Joserra, traje gris y corbata pistacho, llevaba debajo del brazo la que denominó “la caja de la ilusión”, una urna de cartón que contenía los avales de los militantes que le apoyan para presidir un partido en el que la única caja que durante décadas ha despertado ilusión entre sus dirigentes era la de las donaciones ilegales que Álvaro Lapuerta recibía a cambio de puros habanos y Luis Bárcenas contabilizaba en sus cinematográficos papeles con meticulosidad germánica y trazos puntiagudos. 

La escena de los siete candidatos a presidir el PP llevando sus avales a la sede de Génova desprende la excitación de la primera vez porque es un inédito ejercicio de democracia interna en el principal partido del centro-derecha. Una elección sin dedazos, con primarias, candidatos de verdad, urnas de cartón como la de Joserra y un resultado incierto. Pero, al mismo tiempo, desprende el hastío de lo de siempre porque el vestíbulo en el que se iban contando los apoyos de los candidatos y las otras siete plantas del edificio a punto estuvieron de ser embargados por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata cuando impuso a la formación una fianza de 1,2 millones de euros para asegurar su responsabilidad en el próximo juicio por la caja B de la formación. 

Cada vez que los aspirantes a sustituir a Mariano Rajoy ocupan media página de un periódico hablando de ilusión, futuro y regeneración de la vida pública, se les aparece en la columna de al lado, como el fantasma de la abuela que a ratos se siente en la casa del pueblo, la causa sobre los papeles de Bárcenas, las siete piezas pendientes del sumario sobre la trama Gürtel o el juicio por la fusión de las siete cajas -no de avales sino de ahorros- que provocaron el agujero en Bankia que se tapó con dinero público.

Así, tres días antes de que Pablo Casado presentara su proyecto de “ilusión y juego limpio” para el PP, la titular del Juzgado de Instrucción número  51 de Madrid, que investiga los másteres supuestamente fraudulentos de la Universidad Rey Juan Carlos, preguntaba a la presidenta del Congreso si el político tiene la condición de diputado, paso previo a una hipotética imputación que tendría que ventilar el Tribunal Supremo por su condición de aforado. 

Con el espectro de la corrupción que vaga por Génova 13 también se topó la diputada Beatriz Escudero cuando recordó a Luis Planas, el primer cargo público de la democracia señalado por un juez que se sienta en el Consejo de Ministros, que la Fiscalía de Huelva aún no le ha “desimputado” (término antijurídico que tristemente ha llegado para quedarse) en la causa por los regadíos ilegales en el municipio de Almonte.

Lo hizo unos días después de que el resucitado Carlos Floriano, que es un fantasma del pasado en sí mismo, exigiera a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que aclarara si estaba haciendo “algún tipo de maniobra” para que su “compañera de facción” en la Unión Progresista de Fiscales, la fiscal jefa de Sevilla y desde ese día fiscal general del Estado, María José Segarra, “desimputara a su compañero de gabinete”.

Da igual que Segarra provenga de la Fiscalía de Sevilla y que la de Huelva anunciara que no presentará acusación contra el ministro de Agricultura en un escrito entregado al juzgado en diciembre pasado, cuando ni siquiera estaba empezando a esbozarse la sentencia de la Gürtel que acabo derivando en una inesperada moción de censura que aupó a Pedro Sánchez al Gobierno del que hoy forma parte el todavía imputado Planas. Una posición confirmada este mismo viernes en el escrito de acusación, en el que se vuelve a pedir el sobreseimiento de la causa contra Planas. 

“¿Por qué los del PP tenemos que dimitir y ustedes no?”, se quejó Escudero. Sin necesidad de recordar que, salvo por los acuerdos con Ciudadanos, el umbral de dimisión de los populares siempre se ha situado en el auto de apertura de juicio oral, Planas cerró el debate con la cara de satisfacción de quien sabe que lo ha ganado. Solo tuvo que agitar el fantasma de la abuela: “No están ustedes para dar lecciones de ética”.