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Feijóo busca compañía en la calle ante su soledad en el Congreso

La protesta del PP contra la amnistía de este domingo en Madrid.
13 de noviembre de 2023 22:51 h

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Las manifestaciones del domingo convocadas por el PP en toda España contra la amnistía (o contra Pedro Sánchez) fueron democráticas, legales y a tener en cuenta por un gobierno que echará a andar esta semana. Hay descontento, pero también ha habido desconocimiento sobre la ley de amnistía, que se ha dado a conocer este lunes, tan solo dos días antes de la investidura. La discreción es el primer invitado a cualquier mesa de negociación, pero ha dejado vía libre para que la ideología y el enfado crezcan sin perímetro por falta de contraargumentación y explicación. Había muchas ganas de sable en una parte de la cancha y en la otra no había nadie compareciendo. Ahora que se conoce el detalle no asistiremos a grandes cambios de postura, porque quienes están en la hipérbole desde el 23J no necesitan leer o saber, sino seguir hacia adelante. En ese contexto encontramos palabras tan sonoras que corren el riesgo de resultar ridículas: traición, venta del país, humillación, dictadura, golpe por golpe. Lo que se está poniendo en entredicho es no tanto la ley de amnistía como la legitimidad de pactar, de cambiar de posición o de ceder para llegar a mayorías, algo que ha pasado desde el inicio de la democracia, a menos que alguien pueda pensar que Aznar cedió el IRPF a Pujol por gusto o convencimiento. El mismo Feijóo que se contradijo y cedió en sus pactos de gobierno con Vox el 28M, para gobernar legítimamente, presenta ahora como ilegítima la cesión y el pacto después del 23J. 

El salto argumental para decir que esos ciudadanos indignados que salieron a protestar antes de presentarse la ley representan la verdadera democracia, a un país, a “la gente” o que son una alternativa a lo votado es tan arriesgado que puede uno caer en el tirabuzón y partirse la crisma. “No nos callaremos hasta que se vuelva a votar”, dijo en su discurso el presidente del PP, que parece haber olvidado que justamente se acaba de votar y que ganó él. Si lo que pide es volver a las urnas hasta que le dé la aritmética con Vox, quizás sea mucho pedir. Que el PP no sea capaz de pactar más que con la ultraderecha no es culpa de nadie sino demérito del propio partido. 

Quizás la ley de amnistía que se ha registrado este lunes le permitirá en un futuro acercarse a esa España periférica que es necesaria hoy para poder gobernar. Si la situación política en Cataluña vuelve a su cauce y Junts se mantiene dentro de la Constitución como ha pactado en el proceso de amnistiar a centenares de personas, quizás el mismo Feijóo se vea en unos años beneficiado por la ley contra la que grita, que le da su primera bala de plata como líder de la oposición, aunque de tanto agitarla se nos va a poner todo perdido de pólvora. Una pólvora que siempre sabrá utilizar con más puntería su contrincante y socio Santiago Abascal. Tiene menos que perder y más necesidad de bramar. 

La ley, pese a las quinielas, no recoge algunos de los conceptos sobre los que se ha construido la protesta, por ejemplo, el lawfare (sí lo recogía el pacto político) y le ha aguado los comunicados airados a tantas organizaciones en las últimas semanas. De la indignación previa de las asociaciones judiciales o parte del CGPJ sorprenden varias cosas. Una, que se hayan pronunciado antes de conocer el texto, ya que tan malo es llegar tarde a los sitios como llegar demasiado pronto. Dos, que intenten negar airadamente la existencia de casos judiciales que se alargan y encogen según la oportunidad política. Hay ejemplos de todo tipo: desde la Operación Kitchen a la imputación de Puigdemont en Tsunami Democràtic en medio del pacto o la absolución del expresidente de la Diputación de Valencia dos días después de las elecciones autonómicas. Podemos hablar también de otros ámbitos, como tener dos años imputados a periodistas por ningún delito ni asomo de delito, como nos pasó a Ignacio Escolar y a mí. Claro que hay algunos actores judiciales que juegan y se dejan jugar por la política.

La ley orgánica reivindica el marco de la Constitución, no incluye delitos que no estén relacionados con el procés y encarrila a Junts en la senda de la política, de donde nunca debió salir, y que pagará frente a su ala más radical. Todo es distinto a ayer porque hoy, aunque sea tarde, hay nueva información. Sin embargo, es probable que todo siga igual en los partidos de la oposición y en las manifestaciones de la noche en Ferraz y en la calle, donde PP y Vox encuentran la compañía que han perdido en el Congreso. Son dos ámbitos muy distintos, por mucho que sigan queriendo confundirlos.

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