Junqueras, Puigdemont y Comín, diputados europeos
Los hechos son testarudos, reza un conocido refrán. Y todas las elecciones que se vienen celebrando desde el inicio del procés nos lo acaban recordando. Llueva, truene o ventee, el nacionalismo catalán resiste, demostrando que forma parte de la constitución material de España y que no se puede prescindir de él para dirigir democráticamente el país. Así viene siendo desde las elecciones del 15 de junio de 1977 hasta hoy. El triunfo de la moción de censura, de la que se va a cumplir un año, fue la última prueba de lo que estoy diciendo.
Por eso es un error intentar ajustar las cuentas con el nacionalismo catalán a través de los tribunales de justicia. En la época de Franco se podía hacer. En la España, Estado miembro de la Unión Europea, no es imposible, pero sí muy difícil. Se tienen más recursos para ejercer el derecho a la defensa. Los tribunales pueden decretar la prisión provisional contra Oriol Junqueras o pueden imponer un destierro por tiempo indefinido a Carles Puigdemont, negándose a aceptar la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein sobre la extradición solicitada por el Juez Instructor Pablo Llarena. Pero no pueden impedir que Junqueras y Puigdemont, desde la cárcel o desde el exilio, sean elegidos diputados al Parlamento Europeo, porque hay un número suficiente de ciudadanos que los eligen como sus representantes. Un número que no ha decrecido, ni es previsible que lo haga en el tiempo en que es posible hacer predicciones.
Desde la noche de este domingo la pretensión de ajuste de cuentas a través del Tribunal Supremo va a tener que enfrentarse con un obstáculo del que vengo advirtiendo desde hace tiempo. Los tres diputados que han sido elegidos hoy acabarán teniendo la inmunidad parlamentaria que tienen todos los diputados europeos. La tendrán a partir del momento en que sean proclamados diputados electos, que es algo que necesariamente tendrá que producirse en unas semanas. No hay ningún tribunal español que pueda impedirlo. Y si el Tribunal Supremo intenta hacerlo, el final será humillante para él y para el sistema de administración de justicia del que es el máximo exponente.
Lo que el Tribunal Supremo no ha querido hacer respecto de los cinco parlamentarios españoles que fueron elegidos el 28A, lo va a tener que hacer ahora respecto de los tres parlamentarios europeos que han sido elegidos el 26M. Va a tener que poner en libertad a Oriol Junqueras, no va a poder ordenar la detención de Puigdemont y Comín cuando acudan a la Junta Electoral Central a prometer la Constitución y va a tener que tramitar el suplicatorio al Parlamento Europeo y detener el juicio hasta que el Parlamento decida.
Haber optado por la vía judicial para hacer frente a un problema de naturaleza tan exclusivamente política, como es el de la integración de Catalunya en el Estado, fue un error por parte del Gobierno de la Nación, que no debió permitir al Fiscal General del Estado que actuara de la forma en que lo hizo. Pero ha sido también un error de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, que, sin ser ninguno de ellos el juez ordinario predeterminado por la ley, aceptaron actuar como si lo fueran, haciendo prácticamente imposible encontrar una salida jurisdiccional razonable. No se debió judicializar nunca el asunto, pero, de haberlo hecho, tendrían que haber sido la Audiencia Provincial de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya los órganos encargados de hacerlo.
Hasta el momento parecía que el error no tenía coste de ningún tipo. El Tribunal Supremo actuaba con la seguridad de que el Tribunal Constitucional no se atrevería a desautorizarlo. A partir de mañana, se abre un horizonte europeo, parlamentario en un primer momento y eventualmente judicial después, en el que el Tribunal Supremo deja de tener la primera y última palabra.
La elección de Junqueras, Puigdemont y Comín sitúa el juicio del 'caso procés' en una senda nueva. Es lo que puede ocurrir cuando, en el marco de una comunidad jurídica como es la Unión Europea, se pretende sustituir la política por el proceso penal.
