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Una justicia muda

Toma de posesión de los vocales del VII Mandato del CGPJ, en diciembre de 2013.

Raquel Ejerique

Al juez Marchena le ha parecido demasiado salir como el monigote del PP en los mensajes de whatsapp de Cosidó. Ya sabía que era la cuota PP, al menos que ese partido le había elegido a él como cromo que jugar con el PSOE en su reparto de togas, pero lo que no sabía es que iban a arrastrarlo por el barro ante 146 senadores y luego ante toda España.

Ahora que ha dimitido antes de ser siquiera elegido formalmente por los vocales del Consejo General del Poder Judicial (que por otra parte ya habían escuchado en todos los telediarios a quién iban a votar), Marchena, el juez con el que el PP respira tranquilo según Cosidó, juzgará el procés, que es una responsabilidad y un reto equiparable, si no mayor, a presidir el Supremo. La sentencia, especialmente si es rebelión, seguirá bajo la sospechosa sombra del magistrado al que el PP se jactaba de controlar. Con su dimisión, al menos salva los muebles y deja la duda de si fue una machada del portavoz del PP en el Senado o fue verdad que todo estaba atado y bien afinado. En estos momentos, una duda es el mejor de los escenarios al que puede aspirar el maltrecho poder judicial.

El whatsapp de Cosidó ha abierto la puerta, pretendiendo mantenerlo todo cerrado y bajo llave, a una regeneración de la justicia. Es lo que pasa cuando las personas o instituciones tocan fondo o las mandan a las catacumbas: a partir de entonces solo queda subir y mejorar. Con su renuncia, Marchena debería inspirar a una cúpula judicial que ha callado demasiado tiempo sobre los manoseos políticos que han sufrido, si es que se han dado cuenta de que los sufrían o si es que les han incomodado. Tendrán que ponerse nuevas alarmas y revisitar sus motivaciones y sus amistades. A la justicia solo la van a salvar los jueces, que pueden elegir seguir atados a los partidos o empezar a pensar en ellos mismos y en los ciudadanos sobre los que imparten justicia.

El bipartidismo, al que en este último pacto ha acompañado Unidos Podemos, ya ha dado claros síntomas de que no quiere renunciar a tener el salvavidas judicial a su favor. Imagine qué tranquilo se va por la vida sabiendo que, ante cualquier litigio, desde un atropello involuntario siendo aforado hasta el intento de robar pruebas que afectan a tu partido con fondos reservados, uno tiene un teléfono de emergencia al que llamar, un colega en la justicia con quien departir, un magistrado al que se ha colocado en una alta posición ante el que lamentarse o pedir consejo. No hablemos ya de la tentación de intentar influir o tener información privilegiada.

Sea la renuncia de Marchena un gesto desesperado al sentirse acorralado públicamente o una decisión ética desde una convicción honesta e íntima, da una excusa perfecta para que los jueces del CGPJ y todos los demás se empoderen. Son una de las tres patas del Estado, aunque PP y PSOE hayan preferido históricamente tenerlos cojos, como deudores de un sistema partidista que les elige a dedo. Todo esto ha sucedido todo este tiempo con la complacencia mayoritaria de los altos tribunales, de los altos magistrados. O, al menos, gracias a su silencio.

Bienvenido sea el gesto de Manuel Marchena, pero no todo es culpa del que corrompe o lo intenta, sino también del que se deja manipular. Los jueces no pueden indignarse como si acabaran de descubrir que la composición del Consejo General del Poder Judicial es fruto de un pacto que va más allá de la representatividad del Congreso y el Senado, que es entre dos partidos políticos por intereses no siempre elevados y demasiadas veces espurios. Ha sido así y muy pocos han levantado la voz. Llega tarde y mal, pero gracias al móvil de Cosidó se abre una oportunidad inmejorable para los jueces, para demostrar que son imparciales y justos y nosotros, unos desconfiados.

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