Migraciones: una gran oportunidad para la salud global

Esta semana han sido de nuevo objeto de debate político la tragedia ocurrida en la valla de Melilla el pasado 24 de junio, la realidad de la intervención policial y las responsabilidades políticas derivadas de tales hechos. Una buena oportunidad para reflexionar sobre la más adecuada gestión de las migraciones, con justicia e inteligencia. Una vez más, una oportunidad perdida en la política española.

Es cierto, pese a todo, que recientemente se han producido avances de interés en este terreno. Avances, por otra parte, curiosa y sospechosamente poco difundidos y conocidos por la ciudadanía. Me refiero a la reforma operada por el RD 629/2022, de 26 de julio, en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Una reforma que, tras subrayar la contribución de las personas migrantes para competir por el talento a escala mundial y la necesidad de hacer frente a los desajustes del mercado de trabajo por la escasez de mano de obra, va a facilitar la regularización de las migrantes por arraigo laboral, social, familiar y también novedosamente por formación, la gestión de la contratación en origen y la migración circular. Reforma que, por tanto, se sitúa en una cierta tendencia hacia un nuevo, más inteligente y justo modelo migratorio.

Sin embargo, ello no resuelve todos los problemas. Ni los problemas de las personas migrantes ni los nuestros.

Esta semana, además de la bronca política por este y otros temas, han ocurrido otros hechos de gran interés en este terreno. En efecto, el viernes 2 de diciembre se presentó en Bilbao el Informe “La movilidad laboral como oportunidad para la salud global. Una perspectiva africana”, promovido y coordinado por Fundación Anesvad y realizado por Fundación porCausa. Informe cuya presentación tuve, como presidenta de Fundación Anesvad, la fortuna y el honor de compartir con Gonzalo Fanjul, director del área de investigación en Fundación porCausa; Paul Ortega, director de eLankidetza -Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo–, y Fátima Djara De Almeida Sani, presidenta de la Asociación Dunia Musso.

Pues bien, paso a darles cuenta de las líneas principales de este estudio, que puede abrirnos los ojos a las realidades existentes y nuevas perspectivas de actuación.

Se parte de la, en palabras de la OMS, escasez crítica de personal sanitario que afecta a 47 países, de los que 32 se sitúan en África subsahariana y el Sahel, y que es hoy un obstáculo fundamental para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 sobre salud y un determinante de las desigualdades que lo lastran. En efecto, este objetivo es todavía una auténtica utopía en África en toda la cadena de intervención de los sistemas de salud –desde la vigilancia epidemiológica y la investigación, hasta los tratamientos, la formación de profesionales o la rehabilitación de las personas afectadas-.

Los datos son, en este sentido, más que expresivos: en la UE contamos con una media de 43 personas médicas y 99 profesionales de enfermería por 10.000 habitantes, en tanto que esta ratio es solo de 3 y 18, respectivamente, en África subsahariana, dato que, además, se ha mantenido estancado por más de una década.

Por otra parte, en países como Noruega, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos hasta un 25% del personal médico se ha formado en el extranjero y hasta un 12% en Francia o Alemania -los datos son menores en cuanto al personal de enfermería, pero también relevantes-, y estas cifras se han duplicado en las dos primeras décadas de este siglo.

Conviene también conocer que las personas migrantes sanitarias que llegan a la UE proceden en su mayor parte de la propia Europa, pero también de América Latina –un 28% del personal médico– y países del Mediterráneo oriental –16%-, e incluso de la propia África subsahariana, de donde accede el 6% de estos profesionales. Movimientos migratorios que están siendo regulados ya incipientemente en la UE para su facilitación.

Conocida esta realidad, llama poderosamente la atención la enorme paradoja que supone el desplazamiento de profesionales de la salud desde regiones en las que en modo alguno está garantizado un sistema sanitario básico a regiones prósperas como la nuestra. Paradoja que encierra importantes dilemas éticos, en dos aspectos. De un lado, por cuanto que, al tiempo que atraemos a las personas trabajadoras mejor formadas y facilitamos su movilidad y su acceso a nuestro mercado laboral –porque así nos interesa, sin duda-, cerramos las puertas o, al menos, ponemos extraordinarias dificultades al resto de personas migrantes. Y, de otro lado, por el riesgo de que esta 'importación' de profesionales de la salud pueda generar un fenómeno de fuga de talento que golpee aún más los precarios sistemas sanitarios de determinados países y también, claro está, afecte a otros sectores fundamentales para su desarrollo.

De ahí que resulte imprescindible regular adecuadamente estos movimientos para aprovechar sus ventajas y minimizar sus problemas. Pero, se preguntarán ustedes, como me lo preguntaba yo también, ¿es posible lograr esto? Pues se puede. ¡Vaya si se puede! Como el informe de referencia contempla y ahora expongo.

En primer lugar, si bien la movilidad de profesionales sanitarios en los términos dichos puede amenazar los sistemas de salud de sus países de origen, la experiencia muestra que ello es poco frecuente y que, en realidad, la posibilidad de emigrar puede comportar beneficios para los sistemas sanitarios y económicos de los países de procedencia, para lo que es preciso adoptar medidas que lo posibiliten. Medidas tales como acuerdos bilaterales y plurilaterales para una migración legal, segura y ordenada; una aplicación inteligente del código de actuación de la OMS para el reclutamiento de personas trabajadoras sanitarias y, desde luego, una reforma disruptiva de la política migratoria.

No se puede negar que estos objetivos constituyen un auténtico desafío y un reto para los Estados. Desafío para cuya consecución puede-debe ser determinante el papel de la cooperación. Así, los programas de cooperación pueden erigirse en sujeto intermediario para lograr acuerdos bilaterales con impacto positivo en el desarrollo de los países de origen. No es en absoluto una fantasía: existen experiencias muy positivas en este sentido como la de la GIZ alemana, la de la agencia belga de desarrollo –ENABEL– u otra del Gobierno de Australia.

Experiencias que también aquí, en España, pueden asumirse. Como, por poner un ejemplo para mí cercano, lo está ya haciendo Euskadi, a través de un programa de cooperación Salud Global con Guinea-Bissau promovido por eLankidetza, para reforzar la calidad y eficiencia del sistema de salud de ese país mediante, entre otros elementos, la formación sanitaria continuada de su personal sanitario.

Porque, como el informe en cuestión indica, España tiene también la capacidad para contribuir a gestionar este enorme reto a través de herramientas como los partenariados globales de capacidades, que podrían formar parte, para empezar, de una experiencia piloto. Experiencia en la que las agencias de cooperación deben tener un papel activo relevante para desarrollar las siguientes acciones: proporcionar un marco institucional y legal sólido, financiar programas piloto, facilitar alianzas, formar en origen, orientarse a países de alto impacto y riesgo bajo y hacer análisis de los resultados de estas políticas.

Y sí, aunque haya de repetirse mil veces, lo cierto es que las migraciones, adecuadamente gestionadas, son una oportunidad para la prosperidad común, que fomentan el desarrollo y el bienestar de las sociedades y la ciudadanía de los países de origen y destino, lo que es particularmente visible en el terreno de la sanidad.

Por tanto, pongámonos manos a la obra. Pero antes, ya mismo, consideremos que la movilidad laboral que generan las migraciones es una magnífica oportunidad para la salud global y, principalmente, para las regiones y las personas más vulnerables.