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Necesitamos una reforma empresarial que combata la sobrecualificación

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En unas declaraciones de noviembre el actual ministro de Educación, Méndez de Vigo, afirmaba que “hay demasiados universitarios en España”. Sin ser cierta esta afirmación, la intención con la que lo dijo era la de señalar que nuestro mercado laboral no puede absorber la cantidad de graduados que nuestro sistema educativo produce. Algunas organizaciones, como la OCDE o el Banco de España, ya han señalado que sería conveniente fomentar la formación profesional. En definitiva, existe un problema entre lo que se estudia y lo que nuestro sistema productivo requiere, lo que resulta en un desajuste horizontal, a lo que habría que añadir un desajuste vertical, en tanto que existe una sobrecualificación en relación a los puestos de trabajo que se están ofreciendo. Según datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España de 2013, un 53.9% de la población entre 16 y 29 años estaba ocupando un puesto de trabajo que requería menos cualificación de la que aportaban.

Un estudio revela que el 55% de jóvenes españoles están sobrecualificados para su empleo

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El problema económico está en el coste que supone este desajuste tanto para el propio trabajador, como para la sociedad y el empresario. En el primer caso, el individuo ha dedicado años y dinero a estudiar cuando habría podido dedicarlos a trabajar. Pero no sólo es esto. Según varios estudios, el trabajador va a cobrar de media un 17% menos que otro de su mismo nivel que ocupe un puesto adecuado a su preparación. La sociedad en general ha dedicado una cantidad de sus menguantes ingresos públicos a formar a alguien que no reportará de vuelta los beneficios esperados (mayores ingresos, mayores impuestos, mejor salud, etc.). En el caso del empresario va a estar pagando un salario mayor al que pagaría a un trabajador adecuado al perfil requerido, simplemente, por contratar a un titulado. Y si tenemos en cuenta la desmotivación del trabajador en ese puesto de trabajo, acaba afectando a la productividad y por ende a la competitividad empresarial.

Mucho se habla de que la Administración debe tomar cartas en el asunto. Tanto organismos económicos como asociaciones empresariales suelen pedir una mayor inversión en formación profesional y mayores tasas para el acceso a las carreras universitarias. La información lanzada a la sociedad suele señalar como responsables de esta “sobre-educación” a los propios trabajadores. Pero esta responsabilidad habría que matizarla puesto que simplemente actúan incentivados por el propio sistema. La tasa de paro en aquellos que han alcanzado una educación superior es del 12.45%, mientras que en el nivel inmediatamente inferior (donde se incluiría la formación profesional de grado medio) es del 22.46% (EPA, 4T2015). En cuanto a las ganancias, un titulado superior suele ganar de media un 57% más que el salario medio, mientras que un no titulado suele ganar un 25% por debajo (Encuesta de Estructura Salarial 2010, INE). La educación se nos ha vendido como un elemento esencial para subir en un ascensor social que parece estar estropeado.

No deberíamos obviar la responsabilidad de la figura del contratador. Quien determina la organización de su empresa es el propio empresario, y de esta organización van a emanar los puestos de trabajo y las características de estos. Sólo después de ello se debe establecer el perfil del trabajador que debe ocupar el puesto. Se debería contratar, exclusivamente, a un candidato con formación superior al puesto si se piensa que va realizar una carrera dentro de la estructura jerárquica en la empresa.

Pero entonces, ¿por qué se contrata a individuos sobrecualificados para ocuparlos? Una explicación estaría en la elevada tasa de paro de nuestro país, lo que permite seleccionar titulados superiores a un precio suficientemente atractivo. Otra radicaría en el hecho de que los estudios no se tienen en cuenta para el desarrollo de un trabajo, sino que sirven, básicamente, para ordenar y clasificar a los candidatos para un puesto. Finalmente, la propia preparación empresarial del empresario, por deficiente, podría estar detrás de esta ineficiencia.

En mi opinión, las soluciones que se basan en disminuir el número de universitarios son erróneas puesto se limita el potencial de crecimiento para una economía. Opciones que consideren la movilidad geográfica del titulado tampoco son adecuadas, aunque sea hacia el extranjero, ya que se ha invertido en ese individuo un capital del que se va a beneficiar otro, aumentando la desigualdad entre países (la denominada “fuga de cerebros”).

La estructura empresarial de nuestro país es muy poco adecuada para el aprovechamiento del stock de capital humano del que contamos. Según datos del Directorio de empresas que se puede consultar en el INE, para 2015, un 55% de empresas no disponía de asalariados y un 43% tenía entre 1 y 19 trabajadores, lo que deja en un 2% (61.600 empresas) aquellas en las que, de alguna forma, se podría hacer carrera. Aumentar el tamaño de las empresas es vital para ellas, pero también para la sociedad.

El ascensor social se tiene que reactivar y para que esto suceda la meritocracia debería ser lo habitual cuando se decide contratar a alguien. Según el Barómetro de empleabilidad y empleo de los universitarios en España 2015, para los titulados, los “contactos personales” representan la principal opción para la búsqueda de empleo. Y de los que emplearon esta fórmula para buscar ocupación, 8 de cada 10 la encontraron. También se ha comprobado que el nivel educativo de los padres determina la probabilidad de sobrecualificación de los hijos. Si el nivel educativo de los padres es bajo, la probabilidad de cualificación es superior en sus hijos. No podemos olvidarnos de estimar en qué medida el formarse en un colegio privado, en un concertado o en un público va a condicionar la vida laboral de una persona. Y no en cuanto a los conocimientos adquiridos, sino en los contactos hechos.

Nos estamos dirigiendo hacia un nivel de integración económica global en la que el capital se mueve libremente, y sin coste, mientras que el factor trabajo compite directamente en todo el mundo. Competir en costes laborales con otras zonas va a ser imposible mientras el sistema político sea el que es. Más reformas laborales sólo hacen recaer el coste de esta ineficiencia en el factor trabajo. Si pretendemos innovar y competir en la primera división mundial, debemos asumir una reforma empresarial de calado para, posteriormente, se acometa un cambio de modelo productivo, necesario y urgente.

¿Seremos capaces?

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor

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Publicado el
18 de marzo de 2016 - 20:38 h

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