Qué más necesitan probar

Su madre fue la víctima número 49 de aquel 2023. Tenía 36 años. Ellas, sus hijas, tienen ahora 5 y 10. Son también las nietas de una mujer que a sus 65 años fue desahuciada el pasado mes de enero de lo que había sido el hogar familiar en Villaverde. A estas dos niñas, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid les ha denegado, por segunda vez, la beca de comedor. Lo ha hecho cuando apenas quedan tres meses de curso. Lo ha hecho a pesar de que esa unidad familiar, ellas y su abuela, cumple sobradamente los requisitos.

Estas niñas son víctimas de violencia de género. Han intentado acceder a esas becas por esa vía, pero también cumplirían el criterio económico. Ellas y su abuela sobreviven con unos 600 euros mensuales procedentes de los trabajos esporádicos de limpieza y cuidados que hace la mujer de 65 años. Si no reciben ninguna ayuda, ni siquiera el ingreso mínimo vital, no es por un problema de falta de requisitos. Es otra cosa, se llama violencia institucional. Una violencia que no siempre se presenta como un acto visible, sino como una cadena de omisiones, retrasos y decisiones que, acumuladas, producen daño. Una violencia que aparece cuando las instituciones no actúan, o actúan tarde, o actúan mal, incumpliendo su obligación de proteger.

Las administraciones públicas deberían haber protegido a estas dos niñas, deberían protegerlas todavía. No solo por ser víctimas directas de la violencia machista, o por ser huérfanas, o por encontrarse su familia en una situación de claro empobrecimiento. Sino también y, ante todo, porque son niñas. Niñas. Da miedo que ante tanta negligencia acumulada la respuesta institucional acabe siendo la institucionalización, separarlas de su abuela e internarlas en un centro de protección. No sería la primera vez que el sistema, incapaz de ofrecer recursos a una familia, elige romperla, destrozarla. Pero eso es para otra conversación.

Cuando su madre fue asesinada existía una deuda hipotecaria sobre la vivienda familiar y ninguna administración se sintió interpelada a actuar. Tampoco la entidad financiera, Caixabank, ofreció moratoria alguna tras el crimen machista. El sistema siguió su curso. Quien sí reaccionó fue una sociedad inmobiliaria, Ciclevile SL. Compró la deuda. Después reclamó la propiedad. Ante el impago, desahucio. El juzgado no consideró los informes de vulnerabilidad aportados y la abogada de oficio ni se presentó el día del lanzamiento. La abuela y sus nietas se enteraron de lo que iba a ocurrirles sin que nadie con obligación de informarlas lo hubiera hecho. También eso es violencia institucional, también eso es para otra conversación que queda pendiente.

Nada de esto es excepcional. El caso de estas niñas, de su madre y de su abuela (todo mujeres) no es una anomalía, es una imagen precisa de cómo funciona la jerarquía institucional de las vidas de las familias pobres, especialmente formadas y encabezadas por mujeres. En un estudio de FAMS publicado en 2025 sobre cómo la violencia machista a traviesa a las familias en situación de monomarentalidad, exploramos cómo la burocracia, la duda sistemática, el retraso en los procedimientos y el acceso desigual a derechos no son deficiencias técnicas subsanables, sino formas de violencia institucional. La fragmentación administrativa (certificados que caducan, plazos que no se adaptan, ventanillas que no se comunican entre sí) no produce solo ineficiencia, produce un daño deliberado sobre quienes más fragilidad presentan.

No es que el sistema falle, sino que el sistema funciona así, externalizando sobre quienes más lo necesitan la carga de demostrar lo que el propio sistema ya sabe. ¿O acaso no sabe la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que estas niñas son víctimas de violencia de género? Porque en este caso lo sabe. Sabe que estas niñas son víctimas de violencia de género. Sabe cuál es su situación. La pregunta no es qué tienen que acreditar, la pregunta es por qué tienen que seguir haciéndolo. Por qué.