No son acuerdos de izquierdas

Es normal que un nutrido grupo de votantes de izquierdas tenga sentimientos encontrados ante el espectáculo que se está viviendo con los pactos de investidura entre el PSOE y las fuerzas nacionalistas. Apenas hay medidas que sean propias de un partido de izquierdas, se asumen relatos que hace meses eran desvirtuados por los ministros del Ejecutivo de coalición, se desmienten puntos que están negro sobre blanco en los acuerdos, no se ha hecho ninguna labor divulgativa ni explicativa de unos pactos negociados en la más absoluta opacidad y muchas de las propuestas solo sirven para mantener los privilegios de unas comunidades autónomas con mayor renta que otras, a las que no se les ha invitado a este festín.

¿Qué ganan los ciudadanos españoles que no viven en esas comunidades autónomas? Nada, pierden más que otra cosa. Pero se impone un discurso perverso y con un débil sustento moral sobre el mal menor: hay que tragar para que no llegue a gobernar una derecha cada día más ultramontana apoyada en una formación que roza el fascismo. Una estrategia política que se ha visto reforzada ante las declaraciones sonrojantes sobre “dictaduras” y “democracias en peligro” de líderes del PP, que han encendido aun más los episodios de violencia de la caterva ultra.

Si la amnistía es “un medio para avanzar en el camino de la concordia y el reencuentro entre catalanes y el resto de sus españoles” como aseguró Pedro Sánchez, por qué no se aprobó en la legislatura pasada, cuando había una mayoría suficiente para que saliera en el Congreso sin tener que asumir un pacto vergonzante con la derecha independentista. No es verdad, simplemente. La amnistía se ha convertido en el instrumento para asegurarse los votos que conduzcan a reeditar la presidencia a Pedro Sánchez. No hay más artificios. Es el argumento del mal menor maquillado de buenas intenciones.

Los indultos fueron una respuesta necesaria para solucionar la tropelía que supuso la política de Mariano Rajoy ante el desafío independentista. El independentismo cometió delitos, abusó de su posición en las instituciones y quebró con sus actos una sociedad, pero la respuesta judicial no tendría que haber ido más allá de la inhabilitación temporal. Ahora se responde a la pésima gestión que reflejaba la incapacidad del PP para solventar un problema político con un ultraje cargado de arbitrariedad. Por definición, una amnistía acaba con el concepto de igualdad ante la ley. No es una medida progresista.

Hoy sabemos que hubo dos opciones diferentes a la amnistía propuestas por el PSOE que decayeron en la negociación con Junts, como recoge el director de elDiario.es en su crónica sobre la intrahistoria del pacto, pero prevaleció la vía más incomprensible para los votantes socialistas. La amnistía que negaron categóricamente el propio Pedro Sánchez y al menos tres sus ministros, uno de ellos ahora en el Tribunal Constitucional. Este volantazo del PSOE solo se entiende volviendo al mal menor: hay que bajar a los infiernos para conseguir la investidura.

Para más inri, el PSOE ha cedido el relato. Los votantes del PSC deben de estar desconcertados ante la concatenación de imposturas nacionalistas que se describen sin pudor en el acuerdo entre Junts y los socialistas. Entre otras cosas, porque la visión federalista, la que aludía a un conflicto interno entre catalanes, que mostraba que había otros ciudadanos que no asumían la guerra de banderas y agravios entre nacionalismos, la Cataluña que defendía que no había una sola voz ni una única identidad, todo, ha desparecido. Los socialistas han admitido en el texto del acuerdo el mantra nacionalista de la nación mancillada y ultrajada desde hace dos siglos. Un despropósito político que pasará factura.

El PSOE intenta vender que han conseguido que Junts abandone la vía unilateral, lo que no deja de ser otra broma. Solo hay que escuchar el primer discurso de Carles Puigdemont tras el cierre del acuerdo para darse cuenta de la falsedad. Pero incluso, haciendo un duro ejercicio de imaginación: ¿Hasta cuándo abandonan la unilateralidad?¿Los cuatro años que dura la legislatura?

Pero es que ni siquiera el acuerdo con ERC se puede asumir desde una visión de izquierdas. A cualquier progresista una condonación de una deuda le puede parecer positivo, pero en este caso lo que se hace es trasladar la deuda adquirida en la gestión del gobierno de derecha de Artur Mas –sí, ese presidente que hizo recortes terribles en la sanidad y la educación pública catalanas– para que la pague el conjunto de españoles. No se condona una deuda, se amplía el número de deudores. Se asegura que esta condonación beneficiará a todos, una nueva prueba de fe, porque no se ha explicado. No hay ni siquiera un texto del acuerdo con el partido que gestiona la Generalitat de Catalunya con un compromiso por mejorar los servicios sociales, la sanidad pública o la educación catalanas. Se podía haber hecho al igual que con el acuerdo con Junts o el PNV, pero nada, ni un ápice de política progresista.

Además de no dar explicaciones ni tratar de que las medidas sean de izquierdas se ha aceptado el marco del nacionalismo. El elefante del agravio que han esgrimido los nacionalistas periféricos ya se ha hecho oficial en la arena política con estos acuerdos. El PNV ha sabido leer el momento político y ha exprimido con 30 concesiones el acuerdo por la investidura. Es absolutamente incomprensible. ¿Qué se les puede reprochar a los nacionalistas vascos por conseguir estas prerrogativas? Nada, llevan haciendo lo mismo hace más de 40 años y buena parte de lo que han conseguido está en el Estatuto de Gernika. Es política y el PSOE no aprende. Se le ha dado hasta la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social, algo que hace poco el ministro del ramo, José Luis Escrivá, aseguraba que no era posible y que había sentencias del Tribunal Constitucional que así lo certificaban.

El desastre de credibilidad para el PSOE es notable. No solo se aprueba una ley de amnistía que hace meses se vetaba por imposible, sino que están negando lo que se está escrito en los acuerdos. En este festival de la confusión, el ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, dice que “no ha habido guerra sucia de los jueces, pero se han construido pruebas falsas contra rivales políticos” cuando se le pregunta por el término 'lawfare', que está en el acuerdo con Junts. En otro momento, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, dice que “no se ha singularizado nada” en el pacto con el PNV cuando se le pregunta por el traspaso de la Seguridad Social, aunque está escrito en el documento, y solo una hora después le desmiente Aitor Esteban, portavoz del PNV. La misma ministra asegura que no se van a traspasar la gestión de los impuestos a la Generalitat de Catalunya… Sinceramente, con estos antecedentes es difícil creerlo.

¿Qué pueden estar pensando del traspaso de Rodalies a la Generalitat, con partida presupuestaria incluida, los extremeños que llevan años sufriendo un servicio ferroviario del tercer mundo? ¿Que son ciudadanos de segunda en su país?¿Hay que esperar a esta situación de tensión para arreglar las infraestructuras ferroviarias catalanas y extremeñas? ¿Qué pueden estar pensando los ciudadanos valencianos cuando durante cuatro años no se ha intentado siquiera arreglar la financiación autonómica? ¿Que una legislatura más no importan?¿Solo se puede alcanzar un acuerdo de financiación autonómica que sea justo con Catalunya, Comunidad Valenciana o Andalucía tras llegar a un pacto con Junts?

Tenemos por delante cuatro duros años de legislatura. No ya solo porque la oposición de las derechas política e institucional va a ser feroz. También porque en 2024 vuelven las reglas fiscales europeas y vamos a tener el presupuesto restringido por las obligaciones para cumplir con el déficit y la deuda pública. Con los acuerdos con los nacionalistas vascos y catalanes más las obligaciones con la UE, el Gobierno va a tener que ingeniárselas para hacer una política social y económica progresista que llegue a todos los ciudadanos de este país.

Los actos de violencia de la ultraderecha en las manifestaciones y las declaraciones fuera de lugar de los dirigentes del PP van a dar una salida al PSOE para transitar por este lóbrego periodo. Pero es necesario y urgente que los dirigentes socialistas den una explicación clara y contundente a sus votantes de lo que se ha acordado y de lo que se quiere hacer en esta legislatura. El filósofo Michael J. Sandel, una referencia para los progresistas, ha explicado que el principal problema de los progresistas es su incapacidad para abordar la construcción de un tejido moral que sustente una nación. Sandel insiste en que el sentimiento de comunidad nacional se construye a través de un debate moral y cívico donde los progresistas tienen que tener un discurso convincente. Tiene una frase estremecedora pero clarificadora del momento: “El populismo de derechas es históricamente un síntoma del fracaso de las políticas progresistas”. En esta ocasión no se han hecho ni políticas progresistas, pero ya lo estamos viendo en la calle.