El odio como categoría política

Democracia es que cientos de miles de ciudadanos salgan a la calle para llamar “traidor”, “inmoral”, “asesino” o “hijo de puta” a Pedro Sánchez. Incluso que pidan cárcel para quien, al amparo del artículo 99 de la Constitución, acaba de sumar una mayoría parlamentaria transversal para seguir en el gobierno.

Democracia es también que haya gente que diga que con la amnistía Sánchez ha perpetrado un golpe de Estado y metido a España en una dictadura.

Democracia es incluso que una presidenta regional como Ayuso pueda decir que hay que devolver “golpe por golpe” sin aclarar si como en la película de ese mismo nombre, ella está dispuesta, igual que Chuck Norris en el papel de Sean Kane, a tomarse la justicia por su mano.

Democracia es además que, habiéndose celebrado unas elecciones hace cuatro meses, Núñez Feijóo pueda decir que no piensa parar hasta que los españoles vuelvan a las urnas, en una demostración de que lo que le preocupa no es la amnistía sino  conseguir el poder que no pudo lograr tras los resultados del 23J.

Pero democracia es también que 179 diputados sumen sus votos para tramitar una ley de amnistía, en su legítima facultad legislativa para superar  circunstancias políticas excepcionales en el seno de un estado de derecho.

Democracia son las medidas de gracia porque están reconocidas en nuestro orden constitucional y porque ningún país de nuestro entorno ha renunciado a ellas. Sin ir más lejos,  Italia, Francia o Portugal, donde la han aplicado recientemente. 

Democracia es que haya 8 partidos en el Congreso de los Diputados que hayan decidido acudir a un mecanismo constitucional para dar respuesta a un conflicto territorial enquistado en el tiempo.

Democracia es que haya quien desee superar la tensión que se derivó del procés y además evitar que se agrave en los próximos años con los procedimientos que afectan no solo a los líderes del independentismo, sino también a los múltiples casos de ciudadanos e incluso a empleados públicos.

Democracia es que, en una negociación política, las partes renuncien a sus posiciones de máximos y que entre diferentes se puedan construir nuevas bases para la convivencia, que fue lo que los constituyentes hicieron en el sacrosanto 1978.

Democracia es que Puigdemont se tenga que tragar sus palabras sobre la unilateralidad y que Sánchez haya tenido que hacer lo idem con las suyas sobre una supuesta inconstitucionalidad. Si fuera por contradicciones no superadas, en este país no hubiera habido ni nuevos derechos civiles, ni avances sociales ni conquistas laborales.

Democracia es también poder debatir sobre el momento en que se toma la decisión porque coincide con la investidura de Sánchez, que necesita los votos de quienes van a ser beneficiados por la medida de gracia. Y democracia es también presentar un recurso de inconstitucionalidad porque la ley pueda suscitar dudas jurídicas. 

Pero lo que ya no es democracia es asaltar las sedes de los partidos políticos que tienen una función nuclear reconocida en la Constitución. Ni que sectores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se muestren dispuestos a “derramar sangre” por el pacto alcanzado entre el PSOE y Junts. Tampoco tratar de que el Supremo frene una investidura legítima, como ha pedido Vox. Ni alentar el ímpetu de movimientos radicales que, con saludos fascistas, banderas preconstitucionales y actitudes violentas, ponen en peligro la convivencia. Y mucho menos no reconocer, como hace el PP, el legítimo resultado de las urnas al hablar de “fraude electoral”

Nada de esto es democracia, sino un burdo intento de elevar el odio a categoría política. La intolerancia que se ha moldeado en una amplia capa de la sociedad y que han inoculado algunos discursos políticos es sencillamente incompatible con el orden constitucional que dicen defender.  Y también hay que decirlo porque todo ello nos lleva a una senda tremendamente peligrosa y porque si esto fuera una dictadura, como dice Ayuso y ya secundan en la dirección nacional del PP, nada de lo que han dicho ellos quedaría impune.