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La derecha relanza la ofensiva en la UE para cuestionar el estado de derecho español por la amnistía

El portavoz del PP en la Eurocámara, Manfred Weber, en una imagen de archivo.

Irene Castro

Bruselas —

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No es la primera vez que la derecha usa la política doméstica para cuestionar a España ante las instituciones europeas y la negociación de Pedro Sánchez con las fuerzas independentistas ha multiplicado los esfuerzos en esa dirección. PP y Ciudadanos han relanzado la ofensiva, en esta ocasión por la ley de amnistía pactada por el PSOE y las fuerzas independentistas (ERC y Junts). Los grupos en el Parlamento Europeo han enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y varios comisarios, así como al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y los embajadores del resto de países ante la UE para advertir del “inicio de una era de desestabilización política y una clara degradación de los fundamentos mismos del Estado democrático de Derecho”. Además, el PP ha pedido la celebración en la Eurocámara de un debate sobre la situación del estado de derecho en España. El cuestionamiento de los estándares democráticos en España ha sido una constante de la derecha española en Bruselas durante el mandato de Pedro Sánchez, además de sembrar dudas sobre la ejecución de los fondos europeos.

“El acuerdo supone, en la práctica, someter los procedimientos y decisiones judiciales a revisión parlamentaria con evidente injerencia en la independencia judicial y la separación de poderes. El acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez supone una deslegitimación de facto del poder judicial y una quiebra del principio de igualdad ante la ley. El acuerdo está creando, además, una enorme tensión social”, señalan los eurodiputados de PP y Ciudadanos en la misiva sobre las movilizaciones que ellos mismos han auspiciado.

Pero la campaña contra la amnistía se inició desde que comenzaron las negociaciones de los socialistas con las fuerzas independentistas. Y se ha intensificado en las últimas semanas. Durante el congreso que el Partido Socialista Europeo (PES) ha celebrado en Málaga este fin de semana, una furgoneta de Ciudadanos dio vueltas en los alrededores para pedir que los partidos hermanos del PSOE le pidieran explicaciones por el acuerdo firmado con Junts. 

Tanto el PP como Ciudadanos reclamaron a Bruselas su intervención ante la propuesta de ley de amnistía que se estaba negociando. La Comisión Europea primero evitó pronunciarse bajo la premisa de que era un asunto interno de España y, sobre todo, que desconocía el texto, que aún no es público. Después, el comisario de Justicia, Didier Reynders, de la familia liberal, advirtió de que estaría atento a las implicaciones que pudiera tener sobre los delitos de malversación. 

La semana pasada, en la recta final de las conversaciones del PSOE con Junts, que se desarrollaron en Bruselas, Reynders envió una carta a los ministros de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños y Pilar Llop, respectivamente, en la que reclamaba explicaciones sobre la amnistía. La Comisión Europea se escuda en las “serias preocupaciones” que le han hecho llegar ciudadanos, aunque no concreta la cantidad ni la procedencia. 

PP y Ciudadanos presionan a la Comisión Europea

Tras esa misiva, que sentó mal en el Gobierno en funciones, la Comisión Europea sostiene que aguardará a las explicaciones que el Ejecutivo se ha comprometido a darle, aunque ha dejado claro que estará vigilante sobre el alcance de la amnistía. Este mismo lunes el portavoz de la Comisión, Eric Mamer, ha mostrado “respeto” por las manifestaciones de este fin de semana y ha reiterado que están a la espera de “respuesta” a la “demanda de informacion de parte del Gobierno español”.

“Instamos a las instituciones europeas a monitorizar y seguir los desarrollos relacionados con las preocupaciones planteadas por todos estos grupos especializados y la ley de amnistía en general, en línea con el trabajo del Comisario de Justicia Sr. Reynders, tal y como se expresa en la carta al Gobierno español firmada el 8 de noviembre de 2023”, dicen PP y Ciudadanos en el texto sobre la solicitud de información al Gobierno en funciones que ha justificado por la llegada de comunicaciones que expresan “serias preocupaciones” por la ley de amnistía y que la Comisión Europea no ha concretado ni en cantidad ni en procedencia. Por el momento, Bruselas aguarda la información prometida por el Gobierno de Sánchez una vez se impulse la ley.

La carta remitida a los socios europeos para sembrar dudas sobre el estado de derecho en España se acompaña de la resolución del Consejo General del Poder Judicial en funciones y de la que se desmarcó su presidente, aunque no se especifica nada de eso. También está acompaña de comunicados de las asociaciones de jueces, entre otras.

El PP pretende, además, incluir el debate sobre el estado de derecho en España en el pleno de la Eurocámara de la próxima semana, cuando Sánchez pretende haber sido ya investido de nuevo gracias al apoyo de 179 de los 350 diputados del Congreso, es decir, tres por encima de la mayoría absoluta. Este jueves la Conferencia de Presidentes (que, como la Junta de Portavoces en el Parlamento español, se encarga de organizar los debates) decidirá si introduce ese tema en el orden del día. Fuentes del grupo que lidera Manfred Weber confían en que salga adelante gracias al apoyo de Renew (el grupo de Ciudadanos) y ECR (la 'familia de Vox).

“El Grupo PPE está extremadamente preocupado por el deterioro del Estado de Derecho en España tras el intento de los socialistas de ganarse el apoyo de los separatistas catalanes. Las disposiciones del pacto de amnistía que han firmado corren el riesgo de vulnerar la separación de poderes y socavar la independencia judicial”, afirman el presidente Manfred Weber y la jefa de la delegación española, Dolors Montserrat. 

“Cuando todas las asociaciones judiciales profesionales, así como los representantes de las empresas y los sindicatos, dan la voz de alarma, debemos tomárnoslo muy en serio. Ya lo hemos visto antes en Polonia y esperamos que la Comisión Europea deje claro de inmediato que, por ejemplo, las disposiciones sobre el lawfare son totalmente inaceptables”, señala Weber en un comunicado en el que considera que la inclusión de casos del denominado 'lawfare' puede suponer una “injerencia” del poder político en el judicial.

También Vox se ha lanzado en esa ofensiva y la semana pasada envió a los 705 eurodiputados la resolución del Consejo General del Poder Judicial en funciones contra la amnistía, de la que se desmarcó su presidente. Las tres formaciones participaron este domingo en una concntración a las puertas del Parlamento Europeo para protestar contra la amnistía. Cerca de un centenar de personas, ataviadas con banderas de España, se congregaron en la plaza de Luxemburgo mientras las manifestaciones se producían en las calles españolas.

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