Un pacto casi imposible

La impresión de casi todos los expertos fiables es que el plan de choque presentado por el Gobierno es muy insuficiente para hacer frente al vendaval inflacionista que se ha desatado sobre España. Que hace falta mucho más para impedir que los precios se disparen al 15% en dos o tres meses y luego aún más. Las medidas que se sugieren en esa dirección no solo serían muy impopulares, sino que también chocarían con los intereses de amplios sectores sociales. En definitiva, que para aplicarlas, Pedro Sánchez necesitaría de una fuerza política de la que ahora carece. Y que solo la derecha, el PP, podría proporcionársela.

Los límites para la acción del Gobierno aparecen muy claros a poco que se escarben las cifras macroeconómicas. Con un déficit público en el 6,76% del PIB y una deuda pública de más del 120% la capacidad de gasto del Gobierno para atender, en primer lugar, a los sectores sociales más desfavorecidos y primeras víctimas de la inflación es muy reducida. Solo con recortes importantes en el actual gasto público se podría atender a esa tarea. Pero un gobierno de izquierdas nunca se atreverá a hacerlo… solo.

La idea de un pacto de rentas no ha dejado de circular en las últimas semanas. Pero el dato de inflación del mes de marzo ha situado ese reto a unos niveles que resultan inalcanzables para este gobierno. Porque por muchas vueltas que se den a los datos para que ese pacto valiera para algo a efectos macroeconómicos, habría que pedir a los sindicatos que aceptaran reducciones de los salarios reales de varios puntos. Sin que estuviera claro que contrapartidas podrían ofrecer las empresas y menos que se aplicaran en la práctica.

Las previsiones más optimistas apuntan que la exigencia legal de revisar las pensiones a tenor de la subida de los precios tendría un coste, como mínimo, de 10.000 millones de euros. Y no parece que los pensionistas vayan a renunciar a esa mejora a menos que se lo imponga, por razones de fuerza mayor, un arco político que vaya bastante más allá del actual gobierno de coalición.

Lo mismo puede valer para las medidas que habrían de tomarse para recortar los beneficios injustificados y otros privilegios de las poderosas industrias eléctrica y petrolera y de algún que otro sector punta de nuestra economía, que están contemplando la actual crisis energética como si no fuera con ellos. Dejando además latente la amenaza de que cualquier golpe efectivo que se les propine podría provocar por su parte reacciones muy fuertes. Como, por ejemplo, el recorte o la paralización de la producción.

En todo caso, esa última posibilidad no debería desecharse por principio. Porque reducir el consumo de energía podría ser una medida útil para luchar contra la inflación. Pero siempre y cuando estuviera enmarcada en un plan de acción mucho más amplio y dirigido y coordinado por la autoridad política y no en manos de las empresas.

Es más amplia la lista de acciones que los expertos dicen que podrían adoptarse en este momento dramático: sobre todo porque podríamos estar solo en el principio del problema. Pero, al igual que las hasta aquí citadas, todas ellas tienen el inconveniente de que requerirían de una gran fuerza política para ser aplicadas.

En resumidas cuentas, que un pacto de Estado para hacer frente a la crisis es en estos momentos necesario. Pero, ¿es posible?

A la luz de la situación actual se podrían responder tajantemente que no. Y que habrían de producirse importantes cambios en el panorama político para que esa posibilidad se abriera paso.

La primera dificultad es que el PP no parece ni mucho menos dispuesto a esa labor. A menos que este fin de semana, y sobre todo en las semanas siguientes, Núñez Feijóo no confirme que ha abandonado la política de oposición sin contemplaciones que practicó su antecesor, no hay nada que hacer en ese contexto.

No tiene sentido especular sobre qué va a hacer el nuevo líder del PP. Ya se verá. Y su actitud futura también dependerá de cómo, con qué planteamientos y actitudes, se le acerquen Pedro Sánchez y el PSOE. Aunque no se pueden despreciar las presiones que Núñez Feijóo pueda recibir por parte del establishment económico e institucional para que su partido se implique en un pacto de Estado que no pocos en ese ambiente consideran necesario.

En todo caso, si el PP acepta negociar ese tipo de entendimiento, lo hará a cambio de concesiones importantes. Aparte de medidas como la bajada de impuestos y el recorte de los gastos “políticos” de la Administración que lleva tiempo exigiendo, pedirá que el eventual acuerdo aparezca en buena medida como un éxito de la nueva política de la derecha. El fantasma de Vox le obligará a ello y hará las cosas más difíciles.

Entre otras cosas, porque Unidas Podemos no asistirá impertérrita a un proceso de entendimiento entre el PSOE y el PP que implique cuestiones tan cruciales como el gasto público, los salarios y las pensiones. No se dice, pero la clave del éxito de los Pactos de la Moncloa fue la participación, entusiasta por otra parte, en los mismos del Partido Comunista, la izquierda radical de aquellos tiempos.

¿Seguirán Yolanda Díaz y Ione Belarra es ejemplo o considerarán incompatible su presencia en el gobierno de coalición si Pedro Sánchez pacta con Núñez Feijoo? Ese es otro de los riesgos que se corre en la crítica situación actual. El de que una inestabilidad sin salidas del gobierno se sume a los demás males. No cabe excluir nada, pero en todo caso el momento actual no parece propicio para la convocatoria adelantada de elecciones. Los pactantes de izquierdas y de derechas tendrán que esforzarse también porque Unidas Podemos y algún que otro grupo parlamentario más se sume a su iniciativa.

Tal y como están las cosas hoy todas y cada una de las condiciones que se han citado para que el pacto fuera posible están muy lejos de verificarse. Para empezar, una nueva actitud política por parte del PP. El pacto es, por tanto, prácticamente imposible. Pero quien sabe si la necesidad hace virtud en unas cuantas semanas.