Del país de los propietarios al país de los especuladores 

España es y ha sido un país de propietarios. La falta de un parque público de vivienda en alquiler, el acceso al crédito en los años anteriores a la crisis financiera de 2008 y una cultura extendida de que alquilar es tirar el dinero y que ha vinculado la emancipación y el matrimonio con firmar una hipoteca han favorecido que la mayoría de los españoles quieran ser, y la mayoría lo son, dueños de la casa que habitan. Sin embargo, la especulación feroz de la vivienda ha provocado, por un lado, la entrada masiva de fondos de inversión extranjeros en el mercado inmobiliario español y el surgimiento de una nueva clase social, el rentista, ciudadanos que se enriquecen acumulando propiedades y extrayendo riqueza a través del alquiler de otros ciudadanos en situación menos favorable, esto es, los que no pueden comprarse una casa. La desigualdad en España está creciendo precisamente a través de la brecha patrimonial: el trabajo o el emprendimiento han perdido fuerza para escalar socialmente, y es mucho más lucrativo y menos esforzado hacerlo a través de la acumulación de viviendas y que sean los inquilinos los que trabajen para el casero. 

La noticia de que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 haya enviado una comunicación a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión, que concentran más de 100.000 viviendas en España, para recordarles su obligación de prorrogar contratos de alquiler en los supuestos que marca el decreto ley ilustra muy bien este cambio social. Cien mil viviendas en 13 manos. Dirán ustedes que son fondos de inversión e inmobiliarias que representan a miles de inversionistas pero el dato sigue siendo escandaloso, ya que dibuja un panorama desolador de la vivienda, que ya no es un bien social ni un derecho ni la condición necesaria para una vida digna: es mero objeto de especulación.

Echemos la vista atrás. En 2006, España contaba con algo más de 20 millones de bienes inmuebles urbanos; en 2025, hay casi 29 millones. En 2006, el 80,7% de los hogares tenía su vivienda habitual en propiedad, en 2025, esa cifra ha caído hasta el 72%. En 2006, el 67% de los propietarios solo poseía una vivienda; en 2025, esa cifra ha bajado al 53% y, sin embargo, los que tienen de dos a cinco inmuebles han pasado del 31% al 42%, los que poseen de seis a 10 han subido del 1,7% al 4,3% y los que superan la decena llegan hasta el 1,1%, la cifra más alta alcanzada históricamente en España en grandes tenedores de vivienda. Crucen los datos y verán que cada año que pasa hay más viviendas en menos manos, que la clase rentista ha subido como la espuma y que el tercio de la población que no es propietaria son los grandes perdedores de la España especuladora. 

Es evidente que la falta de parque público de vivienda, en propiedad y, sobre todo, en alquiler, es una de las causas de este disparate que vivimos de subida frenética de los precios. La construcción de vivienda protegida se desplomó un 23% en 2025, con Madrid como la comunidad que aglutina el grueso del descenso, seguida por Comunidad Valenciana, País Vasco, Castilla y León y Baleares. El escándalo en la adjudicación de pisos protegidos en Alicante a afines a altos cargos al PP es solo una pequeña parte del proceso de privatización de la vivienda pública en algunas comunidades, especialmente Madrid y la Comunidad Valenciana, con descalificaciones masivas de viviendas de protección oficial (VPO), la pérdida de suelo público y adjudicaciones sin control. 

No se trata de debatir si hay que construir más pero los que abogan por esta única solución milagro olvidan que hay muchos interesados con hacerse con inmuebles españoles, y no precisamente para vivir en ellos. Esa demanda especulativa absorberá buena parte de la vivienda que salga al mercado. Para explicarlo brevemente: es mucho más fácil que adquiera vivienda nueva el que ya tiene cinco que el que no tiene ninguna. Uno de los mantras más estúpidos que cuenta aún con gran predicamento es que el mercado se regula solo. Si la rentabilidad de la vivienda continúa creciendo (y a nadie le interesa que su casa pierda valor) o se mantiene estable, aunque se construya más, los fondos de inversión se seguirán lanzando sobre ella, y a estos se unen la nueva clase que invierte en casas para asegurarse una renta que no tendrían trabajando. Si no se protege la vivienda como bien social esencial y se impide la concentración de la propiedad, habrá una creciente parte de la población que será pobre y precaria aunque tenga trabajo, viviendo con la angustia del inquilino y con una posibilidad muy alta de quedarse sin techo en cualquier momento por la codicia de los rentistas y la falta de intervención de los poderes públicos.