Periodismo anticorrupción
El cierre del CIE de Fuerteventura, anunciado por el ministro del Interior Grande-Marlaska durante la sesión de control al Gobierno, no es solo una pequeña victoria de los defensores de los derechos humanos contra los defensores de un sistema migratorio inhumano e ineficaz, sino también de la racionalidad contra el por si acaso, del periodismo y la transparencia contra la opacidad que todavía envuelve la contratación pública.
Que el Gobierno seguía gastando dinero en el agua, la luz, la limpieza, la comida y el mantenimiento de un CIE cerrado en 2012 no nos enteramos hasta cinco años después, a pesar de que la información era pública: solo había que leer los pliegos de licitación. Recurrentemente, y hasta hoy, la Dirección General de Policía incluye Fuerteventura en la lista de Centros de Internamiento cuya alimentación y limpieza saca a concurso.
El trabajo de investigación periodística que inició la Fundación porCausa y que se desarrolló con la colaboración de eldiario.es y El Confidencial, no se centró únicamente en el análisis de los pliegos y las licitaciones. Utilizando el derecho de acceso a la información, los periodistas solicitaron los costes de mantenimiento de todos los CIE abiertos en el Estado español. Cuál sería la sorpresa al ver que el de Fuerteventura seguía generando gastos a pesar de estar desmantelado desde mediados de 2012.
Antes de publicar la noticia del despilfarro de más de cuatro millones de euros en un CIE en desuso, se realizó la diligencia periodística de contactar con el Ministerio del Interior, responsable de estos centros, para darles la oportunidad de incluir sus explicaciones en el artículo. La siguiente sorpresa de esta historia nos la llevamos al recibir la siguiente contestación vía gabinete de prensa: las cifras son erróneas, los gastos de Fuerteventura son cero.
Pero nosotros ya sabíamos que cero no era. Albie, la empresa adjudicataria de la alimentación, nos había confirmado que cada mes factura 12.500 euros a pesar de no prestar el servicio. Esto destapó un interesante debate periodístico: ¿qué información es más oficial, la que proporciona el Portal de Transparencia ante una petición de información pública que cualquier ciudadano puede realizar, o la respuesta que un equipo ministerial transmite a los periodistas mediante su oficina de comunicación?
En aquel momento y a pesar del convencimiento de estar en lo cierto, retuvimos la información hasta confirmarla por una tercera fuente. Pero, a día de hoy, comprobado que teníamos razón desde el primer día y hablado el caso con expertos en transparencia, no volvería a dudar sobre la veracidad de un documento proporcionado por la administración pública. En consecuencia, las maniobras del equipo de comunicación de un ministerio para que esta información no se publicara, no puedo entenderlas más que como un intento de manipulación.
Pero Juan Ignacio Zoido, quien justificó en el Senado estos gastos inútiles como una “previsión necesaria” por si hubiera “un repunte en la inmigración”, ya no es ministro del Interior. Su sucesor socialista ha admitido que las plazas que existen en los otros dos CIE de las Islas Canarias son suficientes y por ello se cerrará administrativa y operativamente este CIE, y se revisarán los pliegos. Sin 'por si acasos'.
Albie, una empresa importante dentro de la Industria del Control Migratorio por sus contratos de alimentación de los CIE, va a sentir la pupa, pues Fuerteventura, con sus 910 plazas, era el centro más grande de España y por tanto el más costoso de mantener. Pero esta empresa de restauración madrileña tiene más cosas de las que preocuparse, ya que ha aparecido presuntamente implicada en una trama de adjudicaciones irregulares en la Dirección General de la Policía. Según el delator de la trama, los dos sospechosos investigados por adjudicaciones fraudulentas podrían haber recibido cohechos como invitaciones a espectáculos, restaurantes o alojamiento en hoteles por parte de Albie, lo que habría favorecido la obtención del contrato de los CIE y otras instalaciones policiales. Al respecto de estas sospechas preguntó la senadora de Nueva Canarias María José López Santana a Grande-Marlaska en la reciente sesión de control al Gobierno.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público, adapta a las Directivas europeas, incorpora mecanismos para hacer más difícil la corrupción. Acaba de entrar en vigor y está por verse si será efectiva. Pero no hay que dejar de mirar hacia atrás. Es responsabilidad del periodismo hurgar en la contratación pública de los años anteriores porque al abrigo del poder para dirigir la circulación del dinero se esconde la semilla de la corrupción. No importa la cantidad de dinero en juego. Importa la impunidad y la naturalidad con la que servidores públicos y empresarios llegan a acuerdos sobre la mesa del café y no en la mesa de contratación. El periodismo tiene dos armas contra esto: la Ley de Transparencia y la Plataforma de Contratación. Un poco lo de siempre: preguntar y leer.
