La pertinencia de una renta básica ciudadana

La desigualdad de ingreso y de riqueza y los índices de pobreza vienen creciendo de forma preocupante en los últimos tiempos, y muy especialmente a partir de la presente crisis económica y las políticas aplicadas bajo el pretexto del control del déficit presupuestario.

Todos los datos y estudios muestran un gravísimo incremento de los niveles de pobreza, no solo relativa, sino también absoluta. Es urgente buscar fórmulas que corrijan esta situación.

Una de las propuestas más eficientes para erradicar la pobreza sería la de habilitar una renta básica de ciudadanía. La renta básica es una asignación monetaria pública incondicionada y universal, garantizada por tanto para cualquier ciudadano, sin contrapartida ni compromiso alguno y con independencia de las circunstancias personales o de otros recursos y de la situación laboral o familiar.

Sus características serían las siguientes:

La renta básica sustituye e integra a todo subsidio personal preexistente de cualquier administración pública, siempre que sea de nivel igual o inferior al que se fije para esta renta básica. Esto incluye tanto las transferencias explícitas (transferencias monetarias) como las implícitas (beneficios fiscales de carácter personal). Por lo tanto, no viene a sumarse a las prestaciones existentes.

La renta básica no debe afectar a las prestaciones “en especie” ligadas al Estado de Bienestar, como educación y sanidad, ni siquiera a la red de asistencia social. La renta básica busca, entre otros objetivos, simplificar la maraña existente de subsidios, pero no puede entenderse como un pretexto para reducir los derechos de acceso a bienes preferentes básicos como los citados.

La renta básica es percibida por todo ciudadano mayor de edad con residencia permanente. Los menores de edad tendrían derecho, en su caso, a una prestación menor.

La renta básica no está sujeta a tributación directa alguna, si bien permitirá, como regla general, gravar desde el inicio cualquier otro ingreso.

Las transferencias monetarias representan un peso fundamental en los Presupuestos de las Administraciones Públicas. De esas transferencias, la mayor parte responden a contribuciones previas por parte de los beneficiarios. Junto a ellas, proliferan una amplia variedad de subsidios a todos los niveles administrativos. Por citar algunos de ellos: las rentas de inserción (con nombres variados) de Comunidades Autónomas, las pensiones no contributivas y asistenciales, los complementos a mínimos de las pensiones contributivas, las prestaciones por razones familiares, las prestaciones LISMI…

Como señalan, entre otros, Arriba y Ayala, el sistema de mantenimiento de rentas sigue formado por una maraña de dispositivos orientados a distintos grupos de población, cuya fragmentación y descoordinación se traduce en ausencia de criterios distributivos homogéneos. Dadas estas limitaciones, no es extraño que las tasas de pobreza en España sean superiores a las de la mayoría de los países europeos, con un efecto reductor de la pobreza muy inferior por la debilidad del sistema de garantía de ingresos.

El sistema de prestaciones existentes es complejo, heterogéneo y escasamente eficaz. Quizás por ello, buena parte de los posibles beneficiarios no acceden a las ayudas a las que tendrían derecho, mientras que, quizás, hábiles buscadores de rentas pueden estar disfrutando de forma acumulativa de distintas prestaciones.

Los costes administrativos de gestión de los programas de sostenimiento de rentas son muy altos en proporción al presupuesto general del programa, tanto para la administración pública correspondiente como para el propio sujeto beneficiario, sometido a farragosos controles y trámites administrativos. Entre otras disfunciones, es importante el retraso que se sufre desde el momento en que se inician los trámites de solicitud y el efectivo disfrute de la prestación, con el consiguiente efecto de desprotección temporal, a veces superior al año.

El hecho de que las prestaciones estén condicionadas al cumplimiento de determinadas circunstancias y que sean habitualmente incompatibles con la obtención de empleo u otros ingresos puede suponer un desincentivo al empleo y un estímulo a favor del fraude y la economía sumergida. El beneficiario sabe que pierde el subsidio si encuentra trabajo. En alguna ocasión, puede suceder que disminuyan incluso sus ingresos por causa del cambio de situación. La trampa de la pobreza está servida.

La mayor parte de las prestaciones de sometimientos de rentas implican el reconocimiento público de situaciones de marginación, con lo que ello supone de estigmatización social de los perceptores y posibles daños psicológicos y morales consecuentes. Incluso, por esa causa, determinadas personas podían evitar pasar por la vergüenza de solicitarlo y se autoexcluyen de la ayuda.

La propuesta de una renta básica viene a ser una respuesta adecuada a todos estos inconvenientes, que se convierten así en sus grandes ventajas:

1. Es una medida directa y eficaz contra la pobreza.

2. Es de muy sencilla aplicación y gestión, por lo que es relativamente fácil asegurar el acceso universal y la equidad en su recepción.

3. Se reducen drásticamente los costes de gestión relacionados, con lo que ello implica de ahorro de recursos para las administraciones y para los ciudadanos.

4. La prestación es previa y automática, por lo que se evitan retrasos indebidos en su disfrute. No ayuda a posteriori a paliar el peligro de exclusión, sino que se anticipa la prevención.

5. La compatibilidad explícita con cualquier otro ingreso permite obviar la trampa de la pobreza, así como eliminar incentivos al fraude y las barreras para aceptar ofertas de empleo.

6. Desaparece cualquier atisbo de estigmatización social o vergüenza. Es un derecho universal por el mero hecho de ser ciudadano y miembro de una colectividad.

Y aún pueden añadirse otros argumentos favorables a la renta básica.

A lo largo de las últimas décadas han aparecido (y desaparecido) numerosos programas de subsidios que buscaban paliar situaciones concretas de necesidades especiales. Normalmente, la motivación fundamental se encontraba en la proximidad de algún proceso electoral y la utilización de tales programas como instrumento para la captación de votos: “cheque bebé”, renta de emancipación, subsidio de sostenimiento tras el agotamiento de las prestaciones por desempleo, ayudas por maternidad y natalidad, programas de alimentos… La proliferación de programas ha contribuido en buena medida a muchos de los defectos anteriores, como complejidad, inequidades, costes administrativos, burocratización y falta de eficacia. La renta básica da respuesta ordenada a casi todos los motivos que han podido justificar propuestas como las citadas.

Viene constatándose desde hace décadas el bajo gasto en protección familiar en España, situándose nuestro país entre los últimos de Europa en este aspecto (una explicación adicional para el dato de que uno de cada tres niños en España se encuentre en situación de pobreza). La renta básica supone una ayuda importante para la infancia y para las familias que tienen menores en su seno.

En esa misma línea, puede ser un pequeño incentivo para incrementar la natalidad, al facilitar recursos adicionales con la llegada de descendencia y paliar el temor a no poder afrontar los gastos que esto supone. Dadas las actuales condiciones demográficas en España, este incentivo ha de considerarse una ventaja adicional.

Las crisis económicas suponen habitualmente una espiral recesiva, puesto que la menor actividad genera desempleo creciente y, en cadena que se autoalimenta, menor renta, menor consumo, impagos, dificultades crediticias, menor inversión, cierres empresariales, más desempleo… La renta básica actúa como un colchón estabilizador, aminorando el efecto negativo y ayudando a mantener un nivel de consumo básico. El suelo del ciclo se sitúa en un escalón más elevado.

Se cita a veces el artículo 25 de la Constitución Española como fundamento legitimador de la renta básica, por cuanto es instrumento potente para garantizar el derecho reconocido a una vida digna. En todo caso, es evidente que las situaciones extendidas de pobreza y exclusión social pueden provocar graves daños a la cohesión social y la renta básica puede ayudar a paliar esos efectos.

Obviamente, no faltan críticas e inconvenientes respecto a la posible implantación de una renta básica. De hecho, para muchas personas, algunas razones parecen tan obvias que se cierran intuitivamente al propio debate. El rechazo previo de algunos es tan rotundo que ni siquiera se posibilita profundizar en el estudio de su hipotética viabilidad.

Pero el análisis de esos inconvenientes bien merece una segunda parte específica.

Este artículo refleja exclusivamente la opinión de su autor.