Prohibido prohibir los móviles

“Prohibido prohibir” es una de las míticas frases de mayo del 68 que ponía en evidencia la absurda paradoja que se da cuando una autoridad usa la prohibición como respuesta a una preocupación social, cuando prohíbe desde el nerviosismo en vez de analizar y comprender el problema que hay detrás. Prohibir para recuperar el control ante una situación cuando siente que se le va de las manos, cuando surge la alarma social. Esta paradoja, llevada a la controversia de prohibir los móviles en la escuela, tal y como propuso la semana pasada del Ministerio de Educación, vendría a reflejar lo absurdo que es usar la prohibición en el ámbito de la educación, donde se debe primar la comprensión y el aprendizaje por encima de la imposición. 

A la ministra de Educación le preocupa cómo está afectando el uso de los móviles al rendimiento académico de las y los alumnos. El último infirme PISA lo ha puesto en evidencia y los medios se han lanzado al barro a discutir del tema hasta llegar a crear un clima de opinión a favor de medidas drásticas. En consecuencia, la solución estrella desde algunas administraciones educativas, empezando por la estatal, es prohibir los móviles en horario lectivo. Algo que, si lo pensamos bien, no deja de ser una obviedad pues todos entendemos que durante las clases no puede usarse el móvil como tampoco puede irse al baño sin permiso, sacar las cartas y ponerse a jugar al mus, descalzarse y poner los pies encima de la mesa… Sin embargo, se anuncia esta prohibición que parece que afectaría a todo el espacio físico del centro educativo. Nada de sacar y usar el móvil en el recreo, es decir, contención y control para que los adultos sientan que están haciendo algo para afrontar el problema. 

Las escuelas como instituciones de vigilancia y castigo, de control social donde el estilo disciplinario se impone por encima de un modelo de escuela que trabaja desde los problemas y con la inteligencia emocional de su alumnado. Las autoridades educativas, apostando por una escuela que refuerza las desigualdades y esconde los problemas; una escuela que poco tiene que ver con la que describe la reciente ley de educación, la LOMLOE. De esta manera, el problema que hay detrás del uso de los móviles por parte de personas menores de edad, y los efectos que está teniendo en sus vidas y su salud, se desplaza, se agrava. Se pide a las escuelas que se laven las manos en su responsabilidad de enseñar para dejar solos a las y los chavales ante “el peligro” que reaparece después del horario lectivo, a ellos y sus familias, especialmente a aquellas a las que la brecha digital las aleja de la posibilidad de manejarse con las nuevas tecnologías, que por otra parte están omnipresentes en la vida escolar (los deberes, las notas, las matrículas, las becas…).

Esta forma de reaccionar desde las administraciones educativas se aleja de la lógica de los derechos de la infancia y de la adolescencia. Además, da a entender que hasta este momento no se estaba haciendo nada, cuando no es cierto. Hay políticas, normas y recomendaciones desde el Comité de los Derechos del Niño y desde nuestro derecho interno. Es una lástima que estas controversias tapen las buenas práctica y políticas que se han puesto en marcha.

En el año 2022, España impulsó, a través de Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el Programa CODI, que tiene como objetivo formar en competencias digitales a casi un millón de niñas, niños y adolescentes (una octava parte de la población menor de 18 años). La meta planteada es que estos adquirieran conocimientos, habilidades y actitudes para un “uso seguro, crítico y responsable de la tecnología, no solo para el aprendizaje o el trabajo, sino también para la participación en la sociedad y la interacción con otros”. El Programa CODI, en el que el Ministerio de Educación también participa con una línea de actuación del Programa Educa Digital, tenía (y tiene) destinado 222 millones de euros a invertir en tres años. Precisamente, hace tres días, el BOE publicó las subvenciones a entidades del Tercer Sector para la implementación de actividades de capacitación en competencias digitales a infancia, adolescencia y juventud vulnerable, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Aunque hay un factor que preocupa a quienes trabajan en la escuela, que se aleja de ser una institución de control social, y es la brecha digital y las competencias digitales de las familias, de las personas adultas que son referentes de las y los chicos.

¿Por qué la ministra Pilar Alegría no retoma esta inversión para canalizar la alarma social y apostar por una escuela de calidad en vez de disciplinaria? Desde el Ministerio de Juventud e Infancia (qué lástima este orden de las palabras, qué bonito hubiera sido poner por delante a la infancia antes que la juventud, tal y como sucede en la vida) lanzan otra propuesta: una mesa de expertas y expertos para poner en marcha una estrategia. Bienvenido sea el análisis antes que la prohibición, pero sería importante retomar y conocer cuál está siendo el grado de implementación de dos estrategias que dependen de su cartera: la Estrategia estatal de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia y la Estrategia de Erradicación de la Violencia contra la Infancia y Adolescencia. La primera porque contiene una línea estratégica, la 6.8., destinada a garantizar la efectividad de los derechos de la infancia y la adolescencia en relación con el entorno digital con cuatro líneas de intervención claramente vinculadas a la problemática del uso de los móviles y coherente con la Estrategia de la UE y las Observaciones de Naciones Unidas. La segunda, porque en toda su integridad despliega las cinco líneas estratégicas clave para materializar la LOPIVI, cuya ejecución es clave para contener muchas de las problemáticas que implica el mal llamado “peligro de los móviles”.

El problema no es el móvil, es el uso del móvil. Porque a pesar de lo escuchado estos días en alguna tertulia, los móviles no son cuchillos, los móviles son herramientas de comunicación, también de aprendizaje y de comprensión. ¿El problema son los móviles o algunas aplicaciones que hay en los móviles? ¿El problema son los móviles o el tiempo de uso de los móviles? ¿El problema son los móviles o los contenidos pornográficos y violentos accesibles a personas menores de edad? ¿El problema lo tienen las y los chavales con un móvil o las personas adultas? Esas que, a su lado, se pasan más pendientes de la pantalla que de su hija o su hijo. ¿El problema son los móviles o los contextos de las chicas y los chicos? 

Hipocresía y prohibición suele ir frecuentemente de la mano, y en este caso la hipocresía adulta con el uso del móvil que hacen las chicas y chicos es lo verdaderamente alarmante. Ver en la prohibición la solución es ponerse una venda en los ojos, negarse a ver cómo un estilo de vida capitalista, que precariza las condiciones de vida, vampiriza un tiempo y una presencia de las personas adultas que tanto necesitan las niñas y niños para su desarrollo cognitivo y afectivo. Hacer que la escuela sea un lugar prohibido para los móviles es matar moscas a cañonazos y perder oportunidades. Puestos a prohibir, por qué no prohibir el uso del móvil de forma generalizada en el tiempo laboral o en los espacios públicos. E incluso, por qué no prohibir a los adultos el uso del móvil delante de niñas y niños para dar ejemplo. ¿Rozaría el absurdo? Totalmente, si en este problema lo que está en juego es el desarrollo de las personas menores de edad y no la capacidad de control social de las personas adultas. Si es así, este es un tema de derechos humanos, de los de la infancia, la adolescencia y la juventud. 

Anunciar la “prohibición” de los móviles en la escuela solo sirve para aparentar control desde la lógica más patriarcal, la punitivista, la de la vigilancia y el castigo. La lógica en la que siempre pierden los mismos, los más vulnerables y vulnerados. Anunciar un grupo de expertos y una nueva estrategia es un paso adelante, pero tiene el riesgo de tratar como algo nuevo un tema en el que se está trabajando, también desde los gobiernos, las instituciones y las organizaciones, y sobre lo que ya hay mucho debatido que solo necesita ser materializado y difundirse. Tanto la ministra Alegría como la ministra Rego acaban de aterrizar en sus ministerios, pero el problema estaba antes que ellas en sus cargos. Tienen la responsabilidad, la obligación, pero muchas de las respuestas ya estaban perfiladas antes de que ellas fueran nombradas. Es importante no ignorarlas.