El PSOE y sus derechos sociales a la baja

En la última encuesta del CIS, en la que se mostraron algunos signos alentadores para el Partido Socialista (a pesar de la crisis de credibilidad que padece tras el golpe letal del 1 de octubre), se mostró también que el líder de su gestora, Javier Fernández, era más valorado por la derecha que por sus propios votantes porque, como es lógico, los votantes de la derecha no apreciaban grandes distancias ideológicas entre el PSOE y el Partido Popular. Consciente de tal proximidad, el PSOE ha presentado en el Congreso un alud increíble de iniciativas que ha sacado a gran velocidad de sus cajones, y se ha propuesto firmemente marcarle la agenda a Unidos Podemos/Confluencias, sobre todo en el terreno que han considerado tradicionalmente podemita.

El PSOE ha gesticulado e hiperventilado en su afán de marcar distancias con el Partido Popular que, demasiadas veces, se ha dedicado a pasarle la mano por el lomo, y quiere recuperar a su electorado demostrando, con los hechos, que ha merecido la pena regalarle el gobierno a Rajoy, y que fulminarse a Pedro Sánchez en 24 horas, obligándole incluso a abandonar su escaño, era el precio que había que pagar por hacer ahora una oposición operativa y “responsable”.

Sin embargo, las propuestas del PSOE suelen ser una versión descafeinada de las que prepara Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (el Grupo Confederal), por más que su buena relación con el Gobierno haya colocado a los socialistas en mejores condiciones de salida.

El PSOE apoyó hace poco en el Congreso una iniciativa legislativa popular de los sindicatos para garantizar una renta mínima a todos los ciudadanos sin ingresos (SMI), a fin de abanderar a la baja una lucha que en su momento había liderado el Grupo Confederal y que desde su nacimiento fue rechazada por un sector del Partido Socialista. José Carlos Díez, el experto de referencia, confundiendo la renta mínima con la renta básica, llegó a decir que el aluvión de migrantes que tal medida provocaría nos obligaría a contratar francotiradores en las fronteras porque ni el muro de Trump, ni ningún otro, iba a resultar suficientemente disuasorio.

Díez lamentó después esta afirmación y pidió expresamente perdón, pero no deja de suscitar perplejidad y de levantar sospechas que un economista elegido por la gestora para renovar el discurso económico del PSOE, llegue a cometer semejantes errores de bulto. Tampoco puede ocultarse, por cierto, que José Carlos Díez ha aludido a la renta básica en estos términos en algunas ocasiones, considerando que tendría un efecto llamada sobre la inmigración y forzaría a nuestro país a poner fuertes restricciones a la entrada de inmigrantes. Algo, por lo demás, más que discutible.

Se entiende, pues, que la visión que el PSOE mantiene del empleo es la clásica y la estrictamente proteccionista, y que su SMI excluye tanto la propuesta de la renta básica, que defiende Podemos, como la del trabajo garantizado de la que habla Izquierda Unida, por ejemplo. En esta falta de audacia, el PSOE se ha alineado antes con Valls que con Hamon, que, sin embargo ha ganado el liderazgo en el partido socialista francés.

Con todo, el problema más grave que tiene el PSOE no es este sino la desconfianza y la falta de credibilidad que generan sus propuestas sociales, habida cuenta de la plataforma ideológica y programática de la que parte.

Cuando Díez habla de empleo digno dice, con razón, que hace falta apostar por una mayor redistribución de la renta, no solo aumentando impuestos a los ricos, sino pagando más salario a los jóvenes precarizados. Sin embargo, es imposible redistribuir la riqueza hoy sin limitar la propiedad privada y sin lesionar los intereses de las clases altas y medias a las que el PSOE necesita apelar para ganar las elecciones. Porque el problema no reside únicamente en extraer recursos de los ricos para trasladárselos a los más vulnerables, en forma de salarios, servicios, políticas sociales o pensiones, el problema es que el PSOE tendría que lograr la complicidad de esas clases aumentando el Impuesto de sociedades, en una España en la que el peso de los tributos recae sobre las familias en un 84%. En una España en la que los beneficios de las grandes empresas (procedentes en parte de sus paraísos fiscales) han recuperado los niveles anteriores a la crisis, mientras que una de cada cinco personas en edad de trabajar no consigue encontrar empleo o lo hace en condiciones de alta precariedad (porque los salarios siguen 9 puntos por debajo de los niveles alcanzados en 2008).

De hecho, entre 2008 y 2014, los salarios más bajos cayeron en un 28% pero los más altos apenas se contrajeron. Entretanto, España dejó de ingresar aproximadamente 1.550 millones de euros como resultado de la actividad canalizada a través de los 15 paraísos fiscales más agresivos del mundo (el 58% del déficit que se estima tendrá el fondo de reserva de las pensiones en 2017). Es más, en el último año, 7.000 nuevos millonarios vieron la luz en España, y la fortuna de tan sólo 3 personas equivale ya a la riqueza del 30% más pobre del país, es decir, de 14,2 millones de personas.

¿Y qué es lo que nos propone PSOE a este respecto?

Por supuesto, cambiar un sistema fiscal profundamente regresivo es completamente necesario pero está claro que no será suficiente. El PSOE tendrá que elegir, como el resto de los partidos socialdemócratas europeos, entre cultivar su complicidad con las clases medias y altas, beneficiarias de esta truculenta actividad empresarial, o recurrir a una política más restrictiva y contundente, que limite la actividad especulativa y que controle seriamente la de los grandes oligopolios. Sin embargo, el PSOE no está dispuesto a llegar tan lejos.

Por ejemplo, en la propuesta que el PSOE presentó para acabar con la pobreza energética no se legisló para evitar que se produjeran cortes de los suministros energéticos sin autorización de los servicios sociales en todos los casos posibles, ni se diseñó una auténtica tarifa social que incorporase la renta per cápita como criterio fundamental, habiendo como hay leyes autonómicas mucho más garantistas y ambiciosas en este punto (la Ley catalana 24/2015, por ejemplo). Así que si se trata de los privilegios de los oligopolios eléctricos, el PSOE prefiere andar con pies de plomo. Es otra vez esa gestión managerial del neoliberalismo que tanto gusta a los socialdemócratas.

Que el PSOE se está dedicando a regular derechos sociales a la baja, se ha visto también en la Proposición de Ley para regular la muerte digna, que ha registrado hace unos días. Una PL que no se ocupa de la eutanasia, ni el suicidio médicamente asistido, como ha propuesto el Grupo Confederal (en representación de un 78,5% de la población española), sino solo de la muerte sin dolor y del amparo jurídico de los profesionales, en línea con lo que ya se hace en un buen número de comunidades autónomas, y con lo que ya propuso Ciudadanos en su momento. Y ello a pesar de las mociones que el mismo PSOE ha apoyado en ciertas CCAA para instar al Congreso a abordar el problema de la eutanasia. Así que, lejos de ser revolucionaria, la PL del PSOE o es continuista o es simplemente regresiva, y no puede compararse con la valentía y la creatividad legislativa que ha mostrado en este punto el Grupo Confederal.

Me temo que aquí la cuestión de fondo es que en la fórmula socialdemócrata los derechos sociales solo pueden ser esqueléticos porque no se orientan prioritariamente a la satisfacción de necesidades básicas sino a garantizar el acceso privado al consumo, y una vez alcanzado ese objetivo, todo lo demás pasa a un segundo plano. El modelo socialdemócrata keynesiano apuesta por un diseño ambivalente que se apoya en dos patas tendencialmente contradictorias: la acumulación privada y la redistribución de la riqueza, dando clara prioridad a la primera sobre la segunda, a la que se otorga solo un papel subsidiario.

Porque el objetivo de los socialdemócratas es que la redistribución de la riqueza (derechos sociales) se traduzca en un aumento de la capacidad de demanda y se ponga al servicio de la lógica productivista, crecentista y acumulativa que favorece sobre todo a los ricos. Y esto es algo que no nos conviene olvidar.