Mucha publicidad y poca realidad en las medidas del presidente Sánchez

EFE/Rungroj Yongrit

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La publicación del paquete de medidas para combatir la terrible coyuntura a la que nos enfrentamos ha decepcionado a todos aquellos que no tienen parroquia y que intentan objetivar la dirección de política económica.  

En primer lugar, como casi siempre, se ha llevado en secreto, sin consultas con los grupos parlamentarios, ni con agentes sociales, lo que da idea de la soledad o la prepotencia del Ejecutivo. En un contexto como el actual cabría mucha más amplitud de miras y unas prácticas mucho más colaborativas que pudiesen allanar el camino hacia un consenso de país. 

En segundo lugar, y al igual que con el tema del transporte, no se tocan las estructuras y solo se actúa sobre la coyuntura, en muchos casos con un grado de desconocimiento del mercado y sus mecanismos que invita al desaliento. De facto, todas las medidas aprobadas dialécticamente, sin saber si el Real Decreto será convalidado, se han anunciado en un foro empresarial, en un ejercicio más de propaganda y márketing, que de acción política. 

Por todo ello, y antes de entrar en el fondo, con la información disponible se puede decir que algunas de estas medidas no se llevarán a cabo y otras tardarán tanto en ser implementadas, como pasó con el Ingreso Mínimo Vital, que apenas se dejarán notar entre los más afectados. 

Yendo a la concreción de las medidas, el Ejecutivo se compromete, como medida estrella, a rebajar los precios de los carburantes para toda la población, medida regresiva donde las haya, en 20 céntimos por litro, medida que será implementada por las petroleras y franquiciadas a lo largo del territorio nacional. Estas empresas serán posteriormente compensadas, no sabemos cuándo, por el Ejecutivo. Esta subvención podría ser absorbida directamente por los oferentes de carburantes subiendo los precios para compensar el tiempo que tardará hasta que sean reembolsados, amén de que una parte de esta rebaja se obliga a soportarla a las petroleras, por supuesto siempre en un porcentaje ridículo, para no dañar la retribución de los accionistas de dichas empresas. Para que nos hagamos una idea del impacto sobre la renta de las familias, hay que señalar que esta reducción beneficia hasta en 8 veces más a los percentiles de renta más elevados respecto a las rentas más bajas, quienes utilizan mucho más el transporte público, cuyos precios no se tocan. 

Se puede asegurar que esta medida, tan engañosa, como ineficaz, además va en contra de la lógica de la transición ecológica y a favor de la contaminación, al favorecer el uso del transporte privado, regando de rentas caídas del cielo a los tenedores de vehículos privados que, en ningún caso, deberían ser subvencionados. De nuevo, se nota la presión de petroleras que tratan de escapar del control de precios o de la fiscalidad específica, ganando recaudación y sobre todo capacidad de presión para elevar los precios sin que nadie lo pueda discutir. La medida, por tanto, no aliviará la pérdida de poder adquisitivo de los hogares más vulnerables, generará una suerte de ilusión monetaria y favorecerá la contaminación en grandes ciudades, con un trasvase de rentas de todos los ciudadanos a las grandes petroleras. 

En segundo lugar,  sorprende que el Ejecutivo se lance a declarar que los precios de los alquileres han de toparse en el 2%, lo cual choca con la resistencia a hacerlo en la cuasi olvidada Ley de vivienda que se tramita en las Cámaras. Aunque sea una medida temporal, se insta a las partes a no subir los precios más allá del 2%, con el argumento de que el exceso de inflación sobre dicho 2% se debe a los carburantes, y que por tanto no afecta a los costes de producción de los pobres rentistas que sufren mucho en estos casos. De nuevo, sin margen para actuar, el Ejecutivo lo fía a la empatía de las partes, ya que no hay ningún mecanismo legal que permita limitar el incremento de los precios del alquiler al ritmo del IPC, como tampoco hay ningún estamento al que recurrir para dirimir conflictos entre las partes. En un mercado tan opaco como el del alquiler, las recomendaciones del Gobierno son recibidas con gran sorna entre los colaboradores necesarios, como los portales inmobiliarios tipo Idealista, que ya se han apresurado a salir a defender a los sufridos rentistas que, sistemáticamente, incumplen la Ley de Arrendamientos Urbanos en multitud de aspectos, como depositar, por ejemplo, la fianza en los organismos correspondientes. 

El incremento del 15% en el Ingreso Mínimo Vital podría ser una buena noticia, pero antes de todo esto el Ejecutivo debería haber evaluado si realmente está llegando a tiempo, si está llegando a las familias que de verdad lo necesitan y por tanto evaluar, como se está haciendo desde la AIREF, su impacto real en la pobreza que asola a miles de familias, por más que el indigno consejero Ossorio de la Comunidad de Madrid, no acabe de encontrar los pobres que tiene cerca de la Puerta del Sol. 

En el apartado del bono social el análisis es similar. Cualquiera que haya intentado aproximarse a solicitarlo, se dará cuenta del laberinto administrativo y de la tardanza en su aprobación y puesta en marcha, por lo que resulta ser una medida más estética que eficaz y de alcance. No hay que olvidar, por ejemplo, que en la coyuntura actual, por ejemplo, la tarifa del mercado libre resulta más económica que las condiciones del bono social, pero que la propia norma imposibilita el cambio para favorecer las condiciones del mercado. Hay que darse de baja en el bono social para poder acceder a las tarifas más ventajosas. 

En suma, la supuesta inyección de dinero en las familias superan los 6.000 millones de euros, a lo que hay que sumar otros 10.000 millones en préstamos y créditos ICO, es decir una nueva estrategia de prolongar y aumentar el grado de endeudamiento a muchos autónomos y empresas cuya rentabilidad está en entredicho, renunciando a tomar medidas de calado, al margen de las estrictamente coyunturales.

Lo que se echa de menos, por ejemplo, es haber realizado un estudio exhaustivo sobre la viabilidad del transporte por carretera, un monopolio de facto, cuyo poder de negociación es una amenaza cada vez que repunta los costes energéticos. Si además, se infiltran personajes como el cabecilla de la Plataforma de camioneros, cuyos objetivos espurios se mezclan para crear un clima de caos y vandalismo, tenemos una tormenta perfecta para implementar un pseudo golpe a la legalidad vigente, intentando violar la representatividad del sector del transporte por carretera. Pero el Ministerio no ha dicho una sola palabra de por qué en España solo un 4% del total de mercancías se transporta por ferrocarril, frente a un 30% en Alemania o Francia, lo que reduciría el riesgo de bloqueo intencionado y político, así como facilitaría la mejora en la reducción de contaminantes, en el deterioro de las carreteras y en una estructura precaria y a veces esclavista del servicio subcontratado de logística. 

Como se ha visto, no hay ninguna intención de modificar esta anomalía que nos sitúa en el puesto 24 de 28 en la UE en transporte de mercancías por ferrocarril, lo que da idea de la poca vocación reformista de verdad de este Ejecutivo. 

Sí merecen ser consideradas como positivas todo lo referente al mercado laboral, ahondando en el escudo social que se puso en marcha y que ha permitido salvar millones de empleo, a diferencia de la crisis de 2008. Tal vez, esto sea lo mejor del paquete, y por eso han protestado las patronales, porque se ven condicionadas a preservar el empleo con mecanismos generosos de flexibilidad y exoneración de cuotas que, en este caso sí, pagamos con gusto a escote todos los españoles. 

Otro aspecto positivo ha sido evitar una reducción impositiva masiva, que al margen de ser también regresiva, supone una pérdida de recaudación en un contexto en el que todos los anarco austríacos, liberales de salón con el dinero ajeno y neoclásicos escondidos están pidiendo subvenciones, ayudas e intervención en los mercados de bienes y servicios. 

En resumen, no hay nada nuevo que aportar, son anuncios que tardarán en verse reflejados, si es que se logra, en los bolsillos de los ciudadanos y empresas. Más endeudamiento, brindis al sol con la revalorización de los alquileres y más impulso al uso del vehículo privado, sobre todo las rentas altas, rompiendo la tendencia coche-fóbica que siempre ha tenido la izquierda, según el manual de Esperanza Aguirre. Y todo ello sabiendo que hasta que se convalide el Real Decreto pasará casi un mes, y que luego no habrá mecanismos de control e inspección como pasa con tantas leyes aprobadas, aborto, eutanasia, cadena alimentaria, etc.

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