Quieren hacerse un Otawa
Están tratando de bloquear nuestra economía, nuestra democracia y la vida cotidiana de nuestros conciudadanos. Esto tiene que parar
No sé muy bien cómo cae un gobierno en una democracia si no es por una convocatoria adelantada de elecciones y una pérdida de votos en las urnas o una moción de censura, pero no oigo estos días más que voces que repiten “los gobiernos caen por la calle” y no proceden de revolucionarios o de anarquistas sino de periodistas y analistas bien instalados en los argumentos de la derecha o la ultraderecha. Eso da que pensar. Tanto en los errores que creo que está cometiendo el Gobierno en el problema del transporte como en hasta dónde están dispuestos a llegar. Y ese punto es uno que el Gobierno nunca debe permitir, porque una cosa es negociar y otra presionar y una tercera chantajear y en ese salto cualitativo es donde reside la madre del cordero.
Leo en medios próximos a la extrema derecha que el así dicho presidente de la plataforma convocante está pensando en rodear con cabezas tractoras la sede del Ministerio de Transportes, en el Paseo de la Castellana, edificio Nuevos Ministerios e, incluso, para no quedarse corto, el Palacio de la Moncloa si fuera menester. Reconocen ellos mismos que “sitiar” la sede del Gobierno es “más complicado” lo que hace que descarten graciosamente esa opción y se conforme con reunir a los camiones en el eje norte de Madrid. “El objetivo -recojo sus declaraciones a ese medio con línea editorial de más derecha- es que cientos de camiones se desplacen al Ministerio de Transportes y abandonen sus vehículos en el Paseo de la Castellana”. O sea, que se quieren hacer un Otawa y, si no es una mera baladronada, intentar bloquear Madrid, como los camioneros canadienses, respaldados por la Fox y toda la alt right americana le hicieron a Trudeau. Una idea que ya intentaron copiar en Francia y que Macron detuvo impidiendo con fuerza policial que los camiones llegaran siquiera a entrar en París. Originales no son pero las medidas para evitar ese pulso -que pagarían los madrileños, con un colapso de la ciudad, de los accesos a los hospitales y después el resto del país- tampoco lo son. No pueden entrar cabezas tractoras de la protesta en la capital.
La cuestión es que estamos ante un conflicto que pretende, además o junto o a la par que reclamar algunas cuestiones justas para los falsos autónomos del camión, hacerlo de la manera que más pueda traducirse en inestabilidad para el gobierno. No se trata de una huelga, en puridad, porque si fuera una huelga comunicada de un sector esencial se hubieran señalado unos servicios mínimos. Nadie parece sorprenderse, sobre todo en los medios de la derecha, de que si los maquinistas de tren o los pilotos de avión no pueden dejar sin servicio a un país y bloquearlo totalmente, sí pueda hacerlo una plataforma que iniciaron seis transportistas gallegos y 3 de Albacete y que moviliza por redes acciones para canalizar un descontento real.
La primera de las reivindicaciones, la más repetida, es que la ministra llame al señor que sale todo el rato en la tele. Como si la interlocución válida se consiguiera por agitación porque ¿quién le dice al gobierno que el tal Manuel Hernández es capaz de devolver a su casa a los que ha sacado? “La calle es la que nos otorga la representatividad”, acaba de manifestar, con una chulería que no hace sino resaltar lo peligroso de lo que pretende que demos por válido en una democracia. La del combustible, que se verá resuelta sin duda pronto, es la petición que la ciudadanía más comprende, esa y la de no trabajar a pérdidas, para lo que la plataforma exige reformas “por ley” de “inmediata entrada en vigor”, según el papel que remitieron al ministerio y que, al menos en esto, parece imposible de cumplir. Exigen también otras cosas como que haya seguridad a cargo del Estado en las áreas de descanso o que se deba garantizar por ley que los pagos a los camioneros se realicen en 30 días, estableciendo sanciones si no se cumple tal plazo. Ni un solo sector en España, que yo sepa, disfruta de esas condiciones en los plazos de pago.
Cada uno pide lo que quiere y, ya digo, el Gobierno debe negociar hasta el límite de lo legal y de lo políticamente posible y los camioneros deberían comprender que es imposible que de esa negociación salga todo lo que han incluido en esos puntos y menos de forma inmediata. Lo que sucede es que en esta protesta hay pescadores buscando rédito en aguas revueltas. Las turbulencias producidas por una pandemia mundial y una guerra inopinada hubieran afectado a un gobierno como el que tenemos o a cualquier otro de cualquier otro signo y es en la preocupación por paliar los efectos más graves, donde se encuentra la diferencia. Ahora bien, en algunos camiones, en los tuits, en los planteamientos se observa, evidentemente, una inspiración política que pretende vapulear, menear, desestabilizar al Gobierno. Abascal, que bien se había metido debajo de la alfombra para que no se le viera la patita con la que admira a Putin, ha entrado en calor metiéndose con los periodistas que, según él, defienden al Gobierno. “Los periodistas comprados que defienden al Gobierno ¿irían a trabajar si hacerlo les costara más dinero del que cobran?”, ha escrito, para demostrar su necesidad de inhabilitar a los intermediarios democráticos, algo que tiene en común con otros políticos, y ponerse del lado de los sufridos camioneros. Él, que votó en contra de prohibir la venta a pérdidas en el campo. Por cierto, la izquierda tiene un problema porque el malestar de muchos sectores es real y por no querer atenderlo -son autónomos, tienen un camión, no son obreros, son de derechas- se los está echando en brazos de quienes están deseando travestirse de precisamente lo que no son.
En algunos camiones aparecen pancartas claramente ideológicas: “Gobiernas con terroristas y no hablas con transportistas” y, obviamente, toda la cuestión tiene una inspiración clara que es apoyada por la ultraderecha en redes. Aun así la ministra del ramo ha cometido un error garrafal al verbalizar desde el Ejecutivo tal cuestión y pretender usarla para deslegitimar y quitar importancia al paro. Los periodistas lo podemos señalar y analizar pero, en mi opinión, el Gobierno lo que tiene es que terminar con el pulso lo antes posible, proceda de donde proceda, y lo respalde quien lo respalde y si es la ultraderecha, aún más. La comunicación de Raquel Sánchez tras la reunión en la que prometió los 500 millones fue también bastante desastrosa, tanto que se saldó con un incremento del problema al sumarse dos asociaciones a los paros.
“Están tratando de bloquear nuestra economía, nuestra democracia y la vida cotidiana de nuestros conciudadanos. Esto tiene que parar” dijo en el parlamento canadiense Trudeau y sería necesario no tener que llegar a las medidas que él tuvo que tomar para parar el pulso. No obstante, me parece prematuro salir como escandalizados porque alguien hable del estado de alarma -que prevé precisamente el supuesto de desabastecimiento de bienes de primera necesidad- o del último recurso de usar al ejército para asegurar el suministro. Hay que negociar y negociar y negociar, por delante y por detrás, pero no hay que olvidar que el Gobierno tiene la obligación constitucional de impedir que un grupo concreto tome a los ciudadanos, a todos los sectores económicos y al país entero como rehenes.
Y no hago espoiler si digo que Trudeau no cayó y Macron tampoco. Por si fuera para algunos de interés.
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