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Racismo institucional: más del que se ve y se dice

La líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio.

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El pasado 15 de abril de 2021 la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea –TJUE– dictó una sentencia en un procedimiento prejudicial planteado por el Tribunal Supremo de Suecia. En el caso, un pasajero de origen chileno residente en Estocolmo, con una reserva para un vuelo interno en Suecia, fue sometido a un control de seguridad ''adicional'' por decisión del comandante de la aeronave, por lo que el Defensor del Pueblo en materia de discriminación planteó una petición de indemnización para dicho ciudadano por el comportamiento discriminatorio de la compañía aérea ligado a razones de apariencia física y origen étnico. Como la empresa demandada se allanó al abono de la indemnización, aunque sin reconocer actuación discriminatoria alguna, el órgano judicial se negó a examinar la cuestión de fondo, lo que llegó hasta el Tribunal Supremo, que planteó la cuestión prejudicial reseñada. El TJUE concluyó, muy resumidamente dicho, que debe garantizarse que las denuncias por discriminación sean siempre examinadas.

Viene a cuento esta referencia en relación a lo acontecido en la Asamblea de Madrid en el debate de investidura de la señora Díaz Ayuso, en el que la parlamentaria de Vox, la señora Monasterio, se refirió a la entrada ilegal en España y a su trabajo de venta callejera, también ilegal, del también parlamentario –de Unidas Podemos– señor Mbayé. Y también viene al hilo de todo lo dicho y escrito en relación con estas palabras que han sido calificadas muy mayoritariamente de ''racistas''.

No voy a calificar el discurso de la señora Monasterio, no es necesario. Menos aún pretendo blanquearlo ni difuminarlo en un marco general de racismo al que ahora me referiré. No comparto en absoluto su posición, pero tampoco la de quienes se alarman y manifiestan contra ella pero asumen acríticamente –o casi– la situación de las personas inmigrantes, o simplemente pobres, pues hay inmigrantes de primera división, desde luego.

Hablar de ''racismo institucional'' no es hoy ya, a diferencia de lo que durante demasiado tiempo se ha considerado por muchas gentes ''de orden'', una extravagancia o una manifestación de una posición ideológica radical extrema. Desgraciadamente, no lo es. Y digo desgraciadamente porque el ''racismo institucional'' existe sin duda alguna, como también el ''racismo estructural'' y el ''sistémico'', según ha sido estudiado por especialistas de la sociología y la antropología. 

''Racismo institucional'' en terminología ya adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos –TEDH– que en su sentencia de 16 de abril de 2019 –Caso Lingurar contra Rumanía– la ha utilizado por primera vez. Se trataba de un caso en el que el TEDH ha declarado la existencia de discriminación en la conducta policial por intervenir en un pequeño pueblo de aquel país debido a sospechas de actos de delincuencia, denunciándose por la familia Lingurar un trato discriminatorio por su origen étnico –romaní–, lo que no fue suficientemente investigado por los tribunales nacionales. El TEDH concluyó que se había producido una violación de los artículos 3 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos –CEDH– y argumentó que '"En el Estado demandado las comunidades romaníes se enfrentan a menudo al racismo institucional y son propensas a un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley''.

Podría decirse que hablamos de otros Estados y no del español. Podría, pero sería un extraordinario autoengaño, un trampantojo. Una trampa, una ilusión, una imagen distorsionada y alejada de la realidad, mediante las que vemos lo que no es y desconocemos lo que realmente es.

Veamos, si no, lo ocurrido estos días atrás. ¿Qué vemos y oímos? Que la representante de Vox reprocha al señor Mbayé haber entrado ilegalmente en España y haber trabajado en la venta ilegal callejera. Palabras duras, sin duda. Pero hay muchas preguntas que habrían de hacerse en relación con las mismas. Palabras que, siendo ciertas –no se niega que el señor Mbayé llegó de Senegal y entró en España de manera irregular ni que haya trabajado como ''mantero'', pues él mismo lo explica con detalle–, deben suscitar interrogantes. 

Por eso me resultan tan lógicas, tan necesarias y tan obligadas preguntas como: por qué tuvo que entrar ilegalmente en este Estado, por qué tuvo que trabajar en una actividad ilegal y perseguida por las normas españolas, por qué fue perseguido el propio señor Mbayé, cuál es nuestra regulación de extranjería, cómo se ejerce el control de fronteras por las autoridades españolas y por la Agencia Europea de Fronteras –FRONTEX–, cómo estamos tratando a las personas migrantes que entran irregularmente, qué está ocurriendo en el Mediterráneo, en las Canarias, en Ceuta y Melilla… dónde y cómo están las personas menores que entran irregularmente en Ceuta y otros lugares...

Preguntas que, aunque resulten incómodas, pues nos ponen frente a un espejo, hemos de plantear y responder.

Y esto no va solamente de lo que hace Marruecos u otros países que permiten ocasional o sistemáticamente la salida de personas migrantes, sino de nuestro blindaje de fronteras en los términos ya conocidos. Y también va, desde luego, de los discursos políticos, de la regulación legal, del sistema y actuación policiales, del sistema judicial, de las políticas públicas asistenciales... En definitiva, de lo que nuestras estructuras, mayormente institucionales, tienen arbitrado para dar respuesta a la imparable y, en mi opinión, legítima inmigración, aunque no sea legal o regular –o sea, el real cierre de fronteras– y del trato que luego estas personas reciben en este Estado –como en otros, como hemos visto–.

Recuerdo perfectamente algunas resoluciones del magistrado Ramiro García de Dios Ferreiro en las que se refería al ''racismo institucional'', en relación a algunas actuaciones policiales y también a la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros –CIE–. No era, pese a muchos comentarios, ninguna locura del magistrado, sino la lucidez de quien no se deja seducir por un cómodo trampantojo. Hoy, como digo, nadie duda de la existencia de ese ''racismo institucional'', pero el ya jubilado señor García de Dios ha dado un paso más en la apreciación de la situación y calificado, citando a Luigi Ferrajoli, de ''sadismo policial'' y ''sadismo institucional'', por ejemplo, el internamiento de las personas inmigrantes del Aquarius en un CIE en verano de 2018. 

Ya ven, lo de la señora Monasterio en la Asamblea de Madrid podría servirnos para intentar, una vez más, reflexionar sobre la cuestión y abordarla políticamente con seriedad, honestidad y coherencia. O puede servir, otra vez más, para la mera refriega partidista sin más. 

Y todo esto, sin entrar en el racismo social, del que cada cual sabemos un poco o bastante.

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