Sobre regates cortos en el Congreso

Creo que todo el mundo es consciente de que la no convalidación la semana pasada del Real Decreto Ley impulsado por el Ministerio de Trabajo obedece a movimientos tácticos y cortoplacistas. En casi cuatro años que he estado en el Gobierno, y en tantos otros más que he estado en el Congreso, nunca he visto una norma que me pareciera perfecta. De una forma u otra, siempre es posible encontrar un aspecto que no satisface del todo nuestras expectativas previas. Quizás podamos apuntar, con cierta dosis de ironía, que esto es especialmente cierto si además somos de izquierdas.

Hay muchísimas razones por las que esto es así, siendo la más importante el hecho de que ninguna norma responde únicamente a un solo interés particular. Todas las normas son el resultado de una negociación con múltiples actores, cada uno de los cuales tiene una visión diferente de la cuestión en liza, y por eso toda norma es hasta cierto punto la condensación de una determinada correlación de fuerzas. Yo mismo he reconocido insuficiencias en las normas que promovía desde el ministerio que yo encabezaba; insuficiencias debidas en gran medida a las cesiones durante el proceso de gestación. 

Todo esto significa que si ante una norma cualquiera queremos encontrar una pega… lo vamos a lograr sin demasiados problemas. En efecto, toda norma es susceptible de ser criticada desde cualquier flanco, pero especialmente desde el izquierdo. Y cuando esto sucede se está construyendo un campo político nuevo, un terreno de juego que establece una distancia entre la norma –y sus representantes– y quienes se sitúan en contra.

Pongamos el ejemplo del salario mínimo. Se trata de una herramienta fundamental de política económica y que permite, entre otras cosas, tanto mejorar la capacidad económica de la clase trabajadora como estimular la demanda en un sentido macroeconómico. La determinación de la cuantía es objeto de controversia entre economistas, y hay un debate legítimo, y por cierto apasionante, en torno a la cuestión de cuán alto debería ser para que los beneficios sean superiores a las pérdidas. Pero en la izquierda política este debate tiende a transmutar en una suerte de disputa por ver quién ofrece la cifra más alta porque, de lo contrario, quien no lo haga será considerado (más) de derechas. Si la propuesta para el salario es de 1.134 euros, siempre habrá quien pueda defender que eso es claramente insuficiente y que se podría ir a más. Independientemente de que esa proposición sea cierta o no, se habrá construido un relato y un nuevo campo político.

La decisión de tumbar el RDL de Trabajo tiene que ver con la intención de construir un nuevo campo político en el cual quienes se oponen a la norma ocupen el lado izquierdo y quienes han promovido la norma queden retratados en el lado derecho

En este sentido, la decisión de tumbar el RDL del ministerio de Trabajo no tiene tanto que ver con los aspectos concretos de la norma como con la intención de construir un nuevo campo político en el cual quienes se oponen a la norma ocupen el lado izquierdo y quienes han promovido la norma queden retratados en el lado derecho. Este objetivo puede ser inteligente o estúpido y un éxito o un fracaso en función de muchos factores. Pero, tal y como yo lo veo, cuando un movimiento de este tipo no logra traspasar las fronteras de tu propia militancia, el resultado que se obtiene es el rechazo de quienes están afuera y el refuerzo del convencimiento de quienes están dentro. Es decir, los de fuera no entienden lo sucedido y los de dentro renuevan su lealtad; crece la brecha entre unos y otros.

Me temo que es probable que nos tengamos que habituar a este tipo de jugadas durante los próximos meses. Cualquier norma promovida por el Gobierno, especialmente si procede de los ministerios de Sumar, será susceptible de ser la base sobre la que se intentará seguir construyendo el relato del nuevo campo político: la izquierda y la derecha (de la izquierda). Con cada votación, emergerá el debate sobre quién tiene razón sobre algún aspecto concreto de alguna norma concreta. Pero, no nos engañemos, esto nunca irá de quién tiene razón sino de cómo ocupar los espacios del campo político.   

Se trata, en última instancia, de una sucesión de regates cortos que tiene como objetivo sembrar conscientemente en la población una gran distancia entre distintas organizaciones de izquierdas. Y eso, que tiene lógica desde el punto de vista político-electoral, sobre todo con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, es un grave error desde el punto de vista político-social. ¿Es acentuar las diferencias entre las izquierdas lo que en este momento necesita nuestro país? ¿De verdad alguien ha pensado que jugar al risk utilizando las normas que llegan al Congreso es lo más inteligente para hacer frente a la reacción política en España y el resto del mundo?

No olvidemos que todo apunta a que en las próximas elecciones europeas los únicos grupos que crecerán de manera destacada en el parlamento europeo son el de extrema derecha y el de derecha convencional. Los verdes y la izquierda alternativa parece que afrontarán un gran declive, mientras que los socialdemócratas pelean por mantener sus números. Un panorama desolador que se traducirá, atendiendo a sus programas electorales y las posibles alianzas que emerjan, en más desigualdad, más autoritarismo y belicismo, más racismo y homofobia, más negacionismo climático y más políticas económicas ultraliberales. En ese contexto de crecimiento de las fuerzas reaccionarias, los regates cortos que presenciamos en la izquierda española sugieren que hay quienes deberían calibrar mejor sus prioridades.