Rufián, Montero y la tentación NYMBY

¿Sería mejor que el mundo se transforme o que se quede como está? Si hubiéramos hecho esta pregunta en una asamblea de la UGT, del PSOE, de CCOO o de Izquierda Unida hace 40 años la respuesta hubiera sido unánime.

Cuando yo era chiquitita, la izquierda era sinónimo de cambio. Mis padres y todos sus amigos siempre estaban construyendo algo: un barrio, un sindicato, una asociación, una cooperativa. Hasta los trabajadores hablaban de la estrategia y del devenir de las empresas como si fueran suyas.

Hoy, en cambio, una parte de la izquierda del mundo occidental se ha vuelto reticente a construir. Se trata de un fenómeno que recibe el nombre de “Nimbyism” (por las siglas de “Not In My Back Yard”, es decir, “no en mi patio trasero”) y que comenzó a describirse en Estados Unidos hace una década. Hoy se ha vuelto global y llama a nuestra puerta.

Podemos, por ejemplo, lleva mucho tiempo siendo un partido NYMBY que se opone a construir vivienda y ha votado en varias ocasiones en contra de dar todo el impulso necesario a las energías renovables. Quizás por influencia de Irene Montero, esta semana Gabriel Rufián se ha subido al carro y ha afirmado que “la solución no es crear más viviendas, porque el especulador acumula y eso lo tiene que decir la izquierda de forma clara”. 

¿Cómo se ha producido este viaje? ¿Qué está impulsando este movimiento al proteccionismo de las opciones tradicionalmente progresistas?

De entre todas las confusiones que contaminan el debate sobre la vivienda, la más perniciosa es la que pretende que las casas son un bien de mercado, como los cañones o la mantequilla. 

Nada más lejos de la realidad. No podrían serlo. La condición de posibilidad para que exista un mercado de bienes es que puedan existir una oferta y una demanda libres. Y en este caso no se cumple.

Las licencias de vivienda son un monopolio del Estado, que es quien determina dónde, cuándo y cuánto se puede construir. No solo esto, sino que también es el Estado el que ordena la demanda: es el que decide donde se instalarán los polos industriales, los parques tecnológicos, las universidades, los hospitales y las grandes infraestructuras en torno a las cuales la población necesita –no elige– vivir. 

Más aún: a través de la aplicación de incentivos o cargas fiscales, los estados también controlan los precios del parque inmobiliario. 

De manera que la vivienda no es un bien de mercado. Si queremos un símil, hay uno mucho mejor: las acciones de una empresa.

Igual que las licencias de vivienda, las acciones de una empresa no son un bien, sino un título de propiedad. En ambos casos existe un único emisor que controla la oferta y, en gran medida, la demanda y el precio también. Y el valor de ambos títulos está ligado a la entidad que tienen detrás: bien la empresa o el país en cuestión.  

Esto no es ninguna casualidad: se diseñó así. Distribuir la propiedad de los países mediante la vivienda en propiedad fue uno de los pilares del proyecto del Estado del Bienestar del siglo XX. La vivienda resultaba la inversión perfecta para que los estados repartieran entre sus ciudadanos los dividendos que, en última instancia, generaban sus propias inversiones en infraestructura urbana.

Tanto es así que era muy habitual que los políticos se refirieran a la creación masiva de inmuebles como un reparto de las “participaciones” en un país: como un vehículo de inversión en la sociedad misma.

Por esta razón el problema de la vivienda no es habitacional, sino de reparto de la riqueza, se trata de la distribución del capital y de las inversiones de un país.

Y la brutal crisis que vivimos tiene una explicación muy sencilla:

En Europa, el 83% del parque se construyó antes de 1996. En particular, entre el final de la Segunda Guerra Mundial y finales del siglo XX se construyeron el 54% de los inmuebles que hay en la actualidad. En otras palabras: el 83% de las acciones de la Unión Europea se emitieron antes del cambio de siglo. 

Como en cualquier empresa, esos accionistas originales no tienen incentivos para que se emitan más participaciones porque eso reduciría el valor de las suyas (se diluirían, como se dice en el argot financiero). Al contrario: si el país sigue creciendo sin que aumente el número de acciones (de licencias), estás valdrán más de forma automática, sin que su dueño tenga que hacer nada por mejorarla.

Por la misma razón,los propietarios del suelo tampoco tienen incentivos para edificar. Porque construir les obliga, tarde o temprano, a vender y cerrar una posición que, de mantenerse abierta, seguiría generando valor de forma indefinida y sin esfuerzo alguno. El suelo sin edificar es, en este sentido, la acción perfecta: no da trabajo, no paga impuestos y se revaloriza sola.

Si los gobiernos hoy han perdido cualquier interés en desarrollar más de nada, y la urbanización de nuevos terrenos se ha vuelto un vía crucis que puede llevar décadas, no es como se suele decir, porque exista mucha burocracia. La burocracia es la misma para todo y otros temas avanzan mucho más rápido en la administración. Es que se han vuelto NYMBYs. Es que esos “accionistas” son una masa inmensa y muy influyente de votantes cuyo interés cae del lado de cobrar dividendos, no de emitir más acciones.

Al contrario, para solucionar el problema de la vivienda hace falta construir. No solo en los ínfimos suelos que están urbanizados pero pendientes de construir y bloqueados por los promotores en espera de que se sigan revalorizando. Hay que densificar las ciudades, como ha propuesto recientemente Salvador Illa. Cambiar los barrios, aprovechar para hacer una necesaria rehabilitación energética de los edificios y para instalar más energías renovables. Por supuesto que también hay que poner coto a la especulación -por ejemplo, prohibiendo la compra por extranjeros de acciones de tu propio país. Pero el mensaje que es necesario lanzar para que baje el precio de las “acciones” solo puede ser uno: y es que este país siempre va a estar comprometido con que todas las generaciones accedan al capital común en las mismas condiciones. 

Todo lo demás, es NYMBYsm.