El secuestro de la libertad de expresión

“Tendrán que venir a secuestrarme, es una cuestión de dignidad no acudir por mi propio pie a prisión”. La determinación de Pablo Hasel es su respuesta a la injusticia que supone la orden de la Audiencia Nacional para que el rapero entre en prisión. Es injusto ir a la cárcel por decir lo que piensas sobre, por ejemplo, los Borbones, máxime cuando lo que piensas coincide con lo que piensa una gran parte de la ciudadanía. Porque es injusta la ley que lo permite. Que entre alguien en la cárcel por ejercer su derecho a la libertad de expresión pone de manifiesto la pésima salud de esa libertad.

Hasel ha recordado que “el Estado español es el que tiene más artistas condenados a prisión” y la abogada Isabel Elbal ha alertado del efecto autocensor que puede generar esta clase de represión. ¿Quién se atreverá a decir lo que piensa de los Borbones si corre el riesgo de acabar entre rejas? ¿Qué artista se atreverá a plasmar esas opiniones en su obra? No solo se conculca el derecho a la libertad de expresión, sino también el derecho a la libertad ideológica y de creación artística. Además, se agiganta la brecha entre el poder judicial y una sociedad que se siente perseguida y amordazada.

A Hasel lo detuvieron por primera vez en 2011. Asegura que la policía empezó a ir a por él porque era comunista, algo difícil de demostrar pero que no suena descabellado, si nos remitimos, por ejemplo, a los mensajes de los militares que querían “fusilar a veintiséis millones de hijos de puta” (cifra de la que seguramente formaría parte un buen número de comunistas). Basta ver lo que sucedió en Petrer, Alicante, donde una concentración antifascista en apoyo a Pablo Hasel y contra su entrada en prisión acabó con dos personas llamadas a declarar como investigados por un delito de odio denunciado por agentes de la Policía Nacional. Si esos agentes consideran delito de odio corear, por ejemplo, 'los Borbones son unos ladrones', el odio al comunista bien podría impulsar su persecución.

Un rapero no debiera entrar en la cárcel por las letras de sus canciones, si queremos una democracia medianamente presentable. Ni otro debiera estar en el exilio, como Valtònyc en Bélgica. Precisamente en estos días, el Congreso de los Diputados ha avanzado hacia la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, aprobada en 2015 por el gobierno de M. Rajoy. Solo el PP votó en contra de esa reforma. PSOE y Unidas Podemos, que han llevado en sus programas electorales la derogación de esta ley, se vieron, sin embargo, adelantados por el PNV, partido que impulsó la reforma hace tres años. Esa ley ya tendría que estar derogada. Y un Estado democrático no debería, por definición, tener presos de carácter ideológico o político. Aunque se justifique ese abuso represivo como la mera corrección de un delito de odio. Si no se corrige, la libertad de expresión y la propia democracia seguirán siendo secuestradas como Pablo Hasel para forzarle a entrar en prisión.