Sus señorías tuiteras

Anda la Justicia en mínimos históricos de confianza ciudadana y una se pregunta hasta qué punto el uso de redes sociales de algunos jueces ha contribuido a ese deterioro mediático. Diría que no poco. Ya sabéis, basta darse una vuelta generosa por X para encontrarse con un magistrado calificando como “inútil” una reforma del Gobierno, otro despachando a partidos legales como “antisistema”, alguno calificando como “hermanísimo” al hermano de Pedro Sánchez, otros polemizando con periodistas sobre el secreto profesional o corrigiendo públicamente a tribunales superiores. Por momentos cuesta saber si estás leyendo a un juez o a un tertuliano mañanero con dos cafés de más.

Como cualquier ciudadano, los jueces tienen opiniones políticas; solo faltaría. Pero por mucho que escriban en sus redes “a título personal”, difícilmente dejan de ser percibidos como jueces, entre otras cosas porque ellos mismos se presentan como tales —con frecuencia de forma muy consciente— en sus perfiles públicos, donde la toga o el cargo forman parte de su lustrosa carta de presentación. Así que nadie en su sano juicio (apréciese el juego de palabras) distingue entre la persona privada y quien puede decidir sobre su libertad, su patrimonio o sus derechos fundamentales.

No se trata de defender un modelo de jueces encerrados en una torre de marfil con vistas al pueblo. Pero parece de cajón que humanizar a un juez no significa pasearse por timelines compitiendo por el mejor zasca del día o que divulgar principios jurídicos no equivale a intervenir en la batalla partidista. Ese posicionamiento consciente, como decía, tiene consecuencias muy medibles. Las encuestas del CIS sobre la calidad de los servicios públicos llevan años situando a la Administración de Justicia en los últimos puestos. Un estudio de Simple Lógica reciente reflejaba que un 60% de los españoles tenía poca o ninguna confianza en los jueces, frente a un 38% que manifestaba bastante o mucha confianza. Vamos, más de la mitad de los españoles no confía en que exista un poder judicial independiente en España.

Sería absurdo atribuir ese deterioro exclusivamente a los jueces tuiteros. Ahí están el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, los retrasos estructurales, la utilización partidista de la Justicia o la creciente judicialización de casos políticos. Pero tampoco ayuda que algunos magistrados hayan decidido convertir las redes sociales en una prolongación del tertulianismo que domina la conversación pública. Cada descalificación, cada rifirrafe con periodistas o representantes públicos, cada exhibición de afinidades ideológicas desgasta un poquito más su apariencia de neutralidad.

Lo más llamativo, y mira que hay cosas llamativas, es la ausencia total de autocrítica. La cúpula judicial parece haberse replegado sobre sí misma, instalada en un comodísimo relato autorreferencial según el cual el problema nunca está dentro, sino fuera, en una especie de conspiración nacional estadística. Si la confianza ciudadana se desploma desde hace años, la culpa es de la prensa, de determinados políticos (normalmente de izquierdas) o de unos ciudadanos que, por lo visto, no hemos aprendido a apreciar la inmaculada excelencia de quienes nos juzgan. Nunca contemplan la extravagante posibilidad de que algunos jueces infundan poca sensación de parcialidad por sus comentarios.

El caso es que la independencia judicial no solo debe existir, también debe parecerlo porque la justicia vive tanto de sus resoluciones como de la confianza que inspira. Los jueces necesitan libertad para decidir conforme a la ley, pero esa libertad exige una responsabilidad proporcional. Llamadme idealista pero creo que el mayor servicio que puede prestar un juez fuera del juzgado no es ganar una discusión en X, sino directamente cerrar la tapa del portátil y renunciar a librarla.