Televisión pública y ética de lo colectivo
Indiferencia generalizada es lo que me encontré a mi regreso a RTVV tras ser despedida en 2002 por haber secundado la huelga general del 20J. Ese mismo año, denuncié el caso en los tribunales y, tras declararse nulo el despido, tuve que ser readmitida en la redacción de informativos de Canal 9 hasta finalizar mi contrato de redactora un año más tarde. Fueron muy pocos los periodistas que me apoyaron en el difícil proceso de denuncia y muy pocos también los que me apoyaron a mi regreso. Algunos incluso se mostraron esquivos y temerosos de hablar con una oveja negra.
Esa indiferencia y esa falta de solidaridad hicieron también que, durante años, la mayoría de periodistas de esta cadena no se uniera a la lucha impulsada desde dentro por decenas de trabajadores en defensa de una “televisió pública de qualitat”, y que tampoco denunciara (como sí lo hizo hace unos días a bombo y platillo) el ERE irregular del año pasado que dejó en la calle a cerca de 1.200 trabajadores de RTVV. Por ello, aunque en las últimas semanas muchos de estos redactores y presentadores que “escaparon” al ERE han demostrado que saben hacer mejor las cosas (aunque la autocrítica haya sido mínima), cabe preguntarse igualmente si aquellos y aquellas que sólo han conseguido informar con un mínimo de dignidad ahora que no tienen nada que perder, mantendrían la misma dignidad si TVV no se cerrara finalmente.
Además del grave problema de ética periodística y de gestión mafiosa de dinero público, hay otro gran molino de viento contra el que habría que luchar con la misma intensidad si queremos una televisión pública valenciana de verdad, es decir, que defienda los intereses de la mayoría de valencianos, y contribuya a promover una ciudadanía bien informada y participativa.
Me refiero al modelo político y social actual. De hecho, si nuestro Estado de derecho, tan cacareado por las élites políticas, quisiera de verdad democratizar las comunicaciones y la sociedad, no complicaría tanto la existencia de los medios comunitarios [1]; e incluso podría apoyar económicamente las iniciativas mediáticas ciudadanas, con deducciones fiscales por ejemplo. Pero no. No lo hace y no lo hará porque perjudicaría los intereses particulares de quienes gestionan lo público.
Por ello, aunque haya habido (y siga habiendo) honrosas excepciones, desconfío de la labor democratizadora de las televisiones públicas en un sistema político con tantas fisuras democráticas. Y dudo de que RTVV pueda ejercer su labor de servicio público sin periodistas que puedan y quieran estar al servicio de la ciudadanía, y tampoco sin un nuevo Proceso Constituyente que nos garantice el bien común de la sociedad como objetivo primordial por encima de cualquier tipo de interés privado. Un Proceso Constituyente que ponga sobre la mesa nuevos mecanismos de participación ciudadana y de control de los abusos del poder, no sólo en el campo de la economía, la política, la sanidad, la educación, el trabajo y el medio ambiente, sino también en el campo de la comunicación.
En definitiva, un cambio de modelo político y social en el que los directivos de los medios públicos no se elijan a dedo por el Gobierno de turno; donde los criterios comerciales dejen de formar parte de los criterios de programación de las televisiones públicas; y donde las rutinas y prácticas periodísticas no compliquen el ejercicio de un periodismo crítico, documentado, independiente y que genere reflexión, en lugar de espectáculo. Un modelo en el que el discurso hegemónico de las televisiones públicas deje de generar, como hasta ahora, consenso social en torno a unas ideas que acaban legitimando los intereses de una minoría.
[1: Ver denuncias hechas desde la Red estatal de Medios Comunitarios (ReMC)]
