La mordaza en la ley y la violencia en las protestas

Las personas concentradas en la Puerta del Sol de Madrid en defensa de la libertad de expresión fueron encerradas en la plaza por los antidisturbios, que cargaron contra ellas

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Una de las opiniones de repulsa más extendidas en los medios y las redes sociales acerca de las personas que han acudido a las protestas contra el encarcelamiento de Pablo Hasel es que no sabían ni por qué protestaban. Es una opinión arrogante y paternalista, desde luego. Pero, además, obvia cuestiones relevantes en relación a esas protestas: en vez de despreciar así las motivaciones que han llevado a esas personas a salir a la calle a manifestarse, podría deducirse que lo han hecho porque sigue vigente la llamada Ley Mordaza, la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que cumplió cinco años en julio de 2020 y que supone el mayor recorte de libertades públicas que se ha dado en la historia democrática reciente del Estado español. La prisión de Hasel ha sido la gota que ha colmado un vaso que ya estaba a punto de rebosar.

La Ley Mordaza fue aprobada por el Gobierno de M. Rajoy para reprimir las legítimas protestas que se organizaron entonces frente a las políticas de austeridad, que llevaron a la desesperación social a millones de ciudadanos, y frente a unos rescates a la banca que ahogaron a esa ciudadanía en mareas de indignación. Quienes claman ahora por la protesta pacífica han olvidado que la inmensa mayoría de las protestas de entonces (unos derechos de expresión, información, manifestación y reunión que son humanos y están recogidos en la Constitución Española) eran de naturaleza pacífica. O lo han olvidado o ni siquiera estuvieron en aquellas protestas para poder confirmarlo de primera mano, por lo que su opinión es de un atrevimiento que la invalida. Al poder político, económico y mediático, al sistema que aplicaba esos recortes a la ciudadanía y rescataba a esos bancos con la complicidad de ciertos medios, lo que menos le interesaba era, precisamente, esa naturaleza pacífica, así que se empleó a fondo en criminalizar las protestas. Ya son historia las pruebas que demostraron cómo muchas manifestaciones eran reventadas con violencia por miembros infiltrados de los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ("¡que soy compañero, coño!"), una estrategia habitual que cualquiera podía comprobar in situ. Cualquiera que asistiera a esas protestas, claro.

El siguiente paso de la estrategia del sistema fue que el poder político aprobara una ley que presuntamente defendiera a la ciudadanía de esa presunta inseguridad que provocaba el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de manifestación, de información y de reunión. Una ley que el poder económico exigía al Gobierno y que fue posible implantar gracias a una buena dosis de connivencia mediática. Los partidos de la oposición pusieron, claro, el grito en el cielo y no faltó programa electoral que no llevara como medida estrella la derogación de la escandalosa Ley Mordaza. Hasta que esos partidos llegaron al poder. Y, cinco años y medio después, Tribunal Constitucional mediante y más de 400 millones de euros recaudados en sanciones, la Ley Mordaza sigue vigente.

Las personas paternalistas que se atreven a tachar de ignorantes a quienes van a las manifestaciones en contra del encarcelamiento de Pablo Hasel pasan por alto que una recaudación de más de 400 millones de euros supone un número muy elevado de sanciones, lo que significa un número muy elevado de personas que han sido castigadas por ejercer sus legítimos derechos democráticos. Personas con nombres, apellidos, familias, trabajos, inquietudes políticas, cuyos derechos humanos y constitucionales han sido reprimidos con la ley y la porra en la mano en la España del siglo XXI. Sería razonable pensar que muchas de esas personas han salido estos días a las calles a manifestarse por la última gota de un vaso en el que ya estaba su propia gota. O que salieron sus hijos, sus amigas, sus compañeros. O, simplemente, una ciudadanía que se solidariza contra el abuso de poder del que muchos y muchas han sido víctimas antes que Hasel. Decir de todas esas personas no sabían ni a lo que iban denota mucha soberbia, mucha insolidaridad y un enorme desconocimiento de lo que es una manifestación ciudadana (manifestación que no vaya precedida, claro, de una pancarta institucional, de esas que son capaces de sostener para la foto los mismos que sostienen la injusticia que denuncia).

Hemos visto contenedores ardiendo y escaparates rotos, y merece la pena un mínimo análisis al respecto, más allá de la inmediatez de la repulsa. Para empezar, porque en tales situaciones no suele quedar claro quién ha encendido la primera mecha o lanzado el primer adoquín. Podrían ser, porque lo hemos visto antes y está en la hemeroteca, miembros infiltrados de la policía ("¡que soy compañero, coño!"). Lo cual vendría a legitimar la aplicación de la ley contra la que, precisamente, se sale a protestar: se criminaliza la protesta porque es violenta. Aceptemos, no obstante, que quienes incendiaron los contenedores y rompieron cristales han sido personas que participaban de las protestas. Si miramos con detenimiento los vídeos de Madrid, vemos que los concentrados en Sol han sido encerrados allí por los antidisturbios. Nadie está quemando ni rompiendo nada en el perímetro acordonado pero ni siquiera se permite salir de la plaza a quienes manifiestan a los agentes, pacíficamente, que desean hacerlo. Lejos de ello, vemos cómo les responden machacándolas a porrazos. En los vídeos de Valencia, los antidisturbios se lanzan asimismo a golpes contra una masa que también avanza pacíficamente y no está rompiendo ni quemando nada. En Barcelona, los Mossos disparan balas de foam, munición utilizada una vez que las pelotas de goma fueron prohibidas en Catalunya en 2014. Reprimir protestas ciudadanas con balas que revientan globos oculares, que es lo que le hicieron a una chica de 19 años el otro día en Barcelona, demuestra el ínfimo grado de respeto y sofisticación en los métodos policiales para velar por la presunta seguridad ciudadana, y es un ejercicio incontestable de violencia.

Habrá, pues, quien a golpe de porrazo y de balazo se altere lo bastante como para empezar a quemar lo que se encuentre por delante. Ya sabemos: violencia llama a violencia. Y, sí, la vulneración de derechos, como los que son conculcados por la Ley Mordaza, produce rabia. La policía debería precisamente saber contener esa rabia sin recurrir a la violencia. Si los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado fueran protectores y no represores, si estuvieran al servicio de la ciudadanía y no de los poderes que la oprimen, desarrollarían, para velar por la seguridad ciudadana, los métodos pacíficos que se exigen a una ciudadanía mayoritariamente pacífica. Habría menos contenedores quemados, menos escaparates rotos y más derechos humanos.

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19 de febrero de 2021 - 22:47 h

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