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Estos son los diputados comprometidos con la investidura de Pedro Sánchez, más que los que votaron a González en 1989, a Zapatero en 2008 o a Rajoy en 2016. 179 diputados y diputadas que han sido elegidos con el 51% de los votos emitidos el 23 de julio. No cabe duda de la legitimidad del gobierno, por eso, no se puede cuestionar sin faltar a las más elementales reglas democráticas.

La amnistía, por el contrario, es una decisión política que puede criticarse, como todas, pero es coherente con la estrategia del gobierno en Cataluña desde hace años. Hace tiempo que el PSOE ha buscado el apoyo parlamentario de los nacionalistas y ha defendido abiertamente medidas para la normalización política de Cataluña, incluyendo el indulto a los líderes del ‘procés’. Por lo tanto, la propuesta de una ley de amnistía puede molestar, pero no debería sorprender.

Además, esta estrategia ya ha pasado varias veces por las urnas. En las elecciones catalanas de 2021, los electores podrían haberse rebelado votando al PP o Vox, o podrían haber cerrado filas con el separatismo de Junts y ERC, pero el partido más votado fue precisamente el Partido de los Socialistas de Cataluña, impulsor de estas medidas, que, por cierto, han reducido el apoyo al independentismo hasta límites desconocidos en los últimos años.

No ha sido la única vez. En las elecciones municipales de mayo de 2023, el PP logró un enorme poder institucional pero solo sumó 760.000 votos más que el PSOE. A pesar de haber convertido las elecciones locales en un plebiscito contra Pedro Sánchez y su posición en Cataluña, la derecha volvió a quedarse sin su anunciado vuelco. Las elecciones generales de julio redujeron aún más esa distancia y confirmaron que el relato de la España que se rompe solo representa al PP y a Vox.

Cualquier negociación supone aceptar obligaciones indeseadas, requiere ceder. Quien firma sabe lo que ha cedido, pero está convencido de haber obtenido un valor mayor. Seguro que el PSOE no es ajeno al conflicto emocional que conlleva una ley de amnistía ni a la pintoresca visión de la realidad que suelen tener los nacionalistas de todo cuño, pero la investidura de Pedro Sánchez no responde a una ambición personal sino a una aspiración compartida por millones de españoles y españolas: evitar un gobierno del PP, con vicepresidente y ministros de Vox incluidos. No había más alternativa. Sin este pacto, España ya engrosaría la lista de países conquistados por la ultraderecha.

Desde el punto de vista formal, la amnistía será una ley orgánica, aprobada por las Cortes Generales y necesitada de una mayoría cualificada. Y, como todas las leyes, sometida a los controles previstos en la Constitución. Previsiblemente será recurrida ante el Tribunal Constitucional, los jueces ordinarios podrán presentar una ‘cuestión de constitucionalidad’ y también podrán apelar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Estado de Derecho está a salvo. Si la norma no se ajusta a derecho, será corregida.

Por lo tanto, tenemos una decisión política controvertida pero legitimada por las urnas y un procedimiento de aprobación revestido de todas las garantías constitucionales. Solo cabe concluir que el ruido de la derecha responde a una falta de aceptación de los resultados electorales.

Lo que sí pone en riesgo a España es que el resto de actores del juego democrático pongan en cuestión el mandato electoral cuando no les gusta el resultado. Este violento brote antidemocrático está impulsado por tres entidades muy interesadas en desviar la atención sobre sus propias crisis internas: un PP con un líder cuestionado internamente, un partido de financiación oscura como Vox y un Consejo General del Poder Judicial cuyos miembros sí que vulneran la constitución desde hace más de cinco años. A ellos se suma la habitual corte de grandes empresarios, obispos, medios de comunicación afines y asociaciones policiales, caldo de cultivo habitual del pensamiento más reaccionario.

A pesar de sus esfuerzos, prevalecerá el mandato de las urnas y volveremos a tener un gobierno progresista que impulse las políticas que esperamos quienes seguimos sosteniéndolo repetidamente con nuestro voto. Unas expectativas que, además, poco tienen que ver con los intereses de los independentistas y mucho más con la garantía de las pensiones, la lucha contra el cambio climático o el fortalecimiento del sistema educativo, por poner algunos ejemplos. Es hora de dejar atrás la investidura y pensar en la acción de gobierno.