A modo de explicación

España se estructura políticamente como un sistema parlamentario, lo que significa que forma gobierno quien reúne una mayoría en el Congreso de los Diputados.

En las elecciones del 23J, el PP sacó más votos que el resto, pero no el suficiente número de diputados como para formar gobierno, aun contando con los de VOX. Habría que preguntarse por qué Núñez Feijóo no ha podido sumar los votos de otros partidos, pero eso forma parte de otro tipo de análisis.

El PSOE parece que va a llegar a acuerdos con el resto de fuerzas políticas para configurar una mayoría en el Congreso que le permita formar gobierno. Para ello está dispuesto a tramitar y dar su respaldo a una ley de amnistía que en la práctica elimina los posibles delitos en los que pudieron incurrir políticos y funcionarios catalanes en octubre de 2017. Hay mucha gente, incluso juristas, que opinan que esa ley no sería constitucional.

El sistema legal español dispone de cautelas que impiden que una ley inconstitucional pueda salir adelante. El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución Española y el órgano que, a instancia de parte (Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas), puede decidir al respecto. Y sólo cuando la ley haya sido aprobada, no antes.

Presionar por los medios que se consideren adecuados en contra de una posible amnistía es legítimo, siempre que no se crucen determinadas líneas rojas, como son el respeto a las instituciones, las personas y a la propiedad. Manifestarse en contra de la posible ley de amnistía es totalmente lícito. Insultar o atacar física o verbalmente a los promotores de esa medida no lo es.

En Democracia hay que respetar al contrario, no demonizarlo ni deslegitimarlo. Y mucho menos señalar a las personas y hacerlas objeto de vejaciones para atacar sus propuestas; eso es el método fascista.

En Democracia, las propuestas se llevan al Parlamento —que es el representante de la soberanía nacional—, se discuten y se argumenta a favor y contra. Y se aprueba lo que decida la mayoría. Sin crispación ni tensiones. Y, como queda dicho, si alguien considera que esa norma vulnera los principios constitucionales, se puede recurrir a las cautelas que el sistema permite, como el Tribunal Constitucional, que tendrá siempre la última palabra. Eso debería ser la norma.

Es fácil, ¿no?