Para quién se gobierna el agua

Urge abrir un debate sobre el agua que permita definir unas bases justas sobre su gestión al servicio del conjunto de la sociedad. Un debate que debemos acometer antes de que la evolución climática abone posturas muy enfrentadas. Y para ello es preciso poner sobre la mesa datos objetivos sobre el estado del agua, los consumos y aprovechamientos y su importancia social y económica, y analizar cómo se gestiona. En este artículo aportaré datos, de fuentes oficiales y públicas, referidos a la Cuenca Hidrográfica del Duero, pero el panorama es trasladable a gran parte de las cuencas hidrográficas de España.

Según el Informe de seguimiento del Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero (año 2018), el consumo de agua se distribuía entre: 86,83% regadío, 7,36% abastecimiento a poblaciones, 1,58% ganadería, 1,21% industria y 3,01 energía. Los datos de empleo de cada sector y su aportación al valor añadido bruto regional son los siguientes: de las personas empleadas en la demarcación española del Duero, en 2018 (INE), el 73,4% trabajaba en el sector servicios, 14,0% en la industria, 6,9% en la construcción y 5,8% en el sector agrario. Y la aportación de estos sectores a la riqueza regional (VAB: Valor Añadido Bruto) era para ese año: un 69,50% el sector servicios, 20,03% la industrial, un 6,77% la construcción y un 3,69% del sector agrario. Y dentro del sector agrario (Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León) el secano representa el 91% de las tierras de cultivos, frente al regadío que supone el 9%, lo que reduce notablemente su papel en el empleo y la riqueza regional, pese a su mayor aportación, por hectárea al empleo, y al VAB. Indudablemente existe un empleo, una industria y unos servicios ligados a la agricultura y todos los sectores económicos están imbricados entre sí, pero estos datos son muy representativos del peso relativo de cada sector.

Pero igualmente importante es que el agua sea apta para el consumo. Según la CHD la contaminación de origen agrario constituye el principal problema en la Cuenca del Duero, y ha obligado a declarar como “vulnerable ”el 15% de la Comunidad, afecta directamente a 387 municipios y supone un grave problema de salud pública, limita el suministro de agua y obliga a disponer de costosos sistemas de depuración.

También es importante conocer cómo están organizadas las CCHH responsables de la planificación y gestión del agua, y que peso tienen en ellas, junto con los representantes de la administración nacional y autonómica, los sectores que consumen –abastecimiento, agricultura e hidroeléctricas–, pues explica cómo se está gestionando el agua.

Aunque obviamente los usuarios más numerosos son los ciudadanos, representados por sus Ayuntamientos responsables de la gestión del suministro, sin embargo, en la Junta de Gobierno de la CHD de los 9 representantes de los usuarios, solo 2 son de los municipios, frente a 4 de los regadíos y 3 de las hidroeléctricas; en el Consejo del Agua, solo 6 de los 26 vocales nos representan, frente a 16 de los regadíos y 4 de las hidroeléctricas; y en la Asamblea de Usuarios y Junta de Explotación solo 36 de los 166, representan a los Ayuntamientos frente a los 100 vocales de los regantes y 30 de las hidroeléctricas.

Es evidente que la reducida representación municipal y la sobrerrepresentación de los grandes consumidores de agua (empresas agrarias e hidroeléctricas) está condicionando la gestión del agua a favor de los intereses de estos grupos económicos, impidiendo un cambio en la orientación de la política hidráulica, a todas luces necesaria en el escenario de carestía de agua al que nos enfrentamos. Sobra decir que en este contexto organizativo en el que se otorga más representación a quien más agua gasta, los esfuerzos desarrollados en las ciudades y pueblos de ahorro de agua, mejora de gestión y depuración de los vertidos se convierten en irrelevantes.

Es urgente, por tanto, abrir un debate social sobre la gestión del agua que tenga en cuenta los intereses del conjunto de la sociedad, ineludiblemente ligados a la salvaguarda de nuestros ríos y acuíferos. Este debate debe propiciar entre otras cosas un cambio en el modelo de gestión y de gobernanza del agua, que otorgue el peso que corresponde a la representación de los ciudadanos y sus Ayuntamientos, única garantía de que la gestión del agua sea justa y esté por encima de los intereses cortoplacistas de determinados sectores económicos que no por importantes dejan de ser minoritarios.