La memoria necesita historia

En Galicia se han multiplicado en los últimos años las iniciativas para declarar Lugares de Memoria Democrática: antiguas prisiones, campos de concentración, lugares de ejecución, cementerios o espacios asociados a la represión franquista. Un proceso que persigue objetivos legítimos: proteger vestigios amenazados, reconocer a las víctimas y favorecer el conocimiento público del pasado.

La legitimidad de estas iniciativas no elimina la necesidad de rigor histórico. Un ejemplo es el uso de la expresión “campo de concentración”. La categoría se aplica de forma indistinta a espacios de reclusión muy diferentes. Pero campos de concentración, batallones de soldados trabajadores, prisiones, destacamentos penales o colonias penitenciarias militarizadas pertenecían a estructuras y tenían funciones distintas. Formaban parte del entramado represivo, pero no eran equivalentes.

La isla de San Simón se presenta como un campo de concentración, cuando la documentación la sitúa dentro de la red penitenciaria. Allí fueron internados detenidos gubernativos, procesados y condenados. Su funcionamiento respondía a la lógica de una institución penitenciaria y no a la de un campo de concentración militar. Reconocer este hecho no reduce la gravedad de lo ocurrido en ella ni disminuye el valor del lugar como espacio de memoria.

En Lavacolla existió un campo de concentración y fueron empleados batallones de soldados trabajadores en las obras del aeropuerto. El problema está en confundir ambas instituciones. El primero constituía un establecimiento de concentración que se utiliza durante 1939; los segundos eran unidades militares destinadas al trabajo. Estaban relacionados, pero no eran la misma institución.

Expresiones como “trabajo esclavo” tienen impacto moral, pero no deben ocultar las diferencias entre instituciones que cumplían funciones distintas. No se encontraba en la misma situación un soldado incorporado a un batallón de trabajadores, sometido a la jurisdicción militar y obligado a cumplir servicios considerados parte de sus obligaciones militares, que un penado destinado a un destacamento penal. Confundir ambas realidades impide entender cómo operaban y qué papel jugaban los distintos mecanismos de utilización de mano de obra creados por la dictadura.

Se tiende a utilizar las mismas categorías para realidades muy diversas confundiendo prisionero de guerra con preso, o las distintas categorías de presos. No son intercambiables, designan situaciones jurídicas distintas. Se simplifican trayectorias institucionales complejas: muchos establecimientos cambiaron de función con el paso del tiempo. Una prisión puede ser primero habilitada y después central y un campo convertirse en prisión central a su cierre. Ignorar esos cambios facilita el relato, pero dificulta la explicación histórica.

Lo anterior no pone en cuestión las solicitudes ni tampoco la legitimidad del movimiento memorialista. De hecho, muchas de las investigaciones hoy disponibles existen gracias al trabajo de asociaciones que recuperaron archivos, localizaron testimonios y promovieron estudios. Razón para exigir que en las reivindicaciones se eviten las simplificaciones que puedan poner en cuestión la solidez del conjunto.

El principal riesgo no es académico, sino público. Una política de memoria construida sobre conceptos imprecisos resulta más vulnerable a la crítica. Basta demostrar que un lugar no fue exactamente lo que se afirma para pasar a desacreditar todo lo demás, incluso lo que está documentado. Cuando una prisión se presenta como un campo, un batallón de trabajadores se confunde con un destacamento penal o una hipótesis se convierte en certeza sin suficiente respaldo documental, el problema no afecta únicamente a un caso concreto. Se resiente la credibilidad de la reivindicación en su conjunto.

La historia es compleja y difícil de resumir, pero la memoria necesita de esa complejidad. Donde el homenaje y la reivindicación presentista sustituyen a la investigación aparecen las distorsiones, cuando la investigación guía el reconocimiento público, la memoria gana credibilidad. El respeto a las víctimas no necesita de la exageración del pasado ni adaptar las categorías históricas a las necesidades de cada campaña memorial. Exige comprenderlo con la mayor precisión posible. Porque la memoria democrática necesita reconocimiento institucional, pero también necesita historia. Sin ella, corre el riesgo de debilitar las mismas causas que pretende defender.