La vivienda también va a la huelga

Se cuestiona que pueda detenerse el trabajo para exigir una vivienda, como si la vida pudiera dividirse entre lo que sucede dentro y fuera de la jornada laboral. Me cuesta reconocer la vida real en esa frontera. Quien termina de trabajar necesita un lugar al que regresar, dormir y cuidar. La incertidumbre de no saber si podrá seguir pagando su casa le acompaña hasta su puesto, aunque no figure en el contrato.

Por eso resulta tan estrecha la objeción de que la vivienda no pertenece al conflicto laboral, formulada por el presidente de la CEOE. Una mejora salarial puede desvanecerse en la siguiente renovación del alquiler. Las horas ganadas mediante una reducción de jornada pueden perderse en desplazamientos más largos cuando nos expulsan del barrio. Incluso abandonar un empleo abusivo depende de si podemos sostenernos sin ingresos y de si eso pondrá en peligro nuestra casa.

La huelga general del 11 de noviembre permite expresar esa conexión. La presión turística, la expulsión hacia las periferias o la falta de alquiler asequible tienen manifestaciones y responsabilidades diferentes. Pero comparten una experiencia: disponer de ingresos ya no asegura disponer de un hogar. Por eso la vivienda desborda cualquier intento de encerrarla en una reivindicación aislada.

Los derechos humanos ofrecen un lenguaje para comprenderlo. La Declaración de Viena de 1993 afirmó su universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Estas palabras adquieren cuerpo cuando observamos qué sucede al perder una vivienda. Puede quebrarse la continuidad escolar, interrumpirse un tratamiento médico o desaparecer la cercanía de quien ayudaba a cuidar. Un desahucio tiene una dirección postal, pero sus consecuencias se despliegan por muchos lugares de la vida. La vulneración sigue avanzando después de que la puerta haya quedado cerrada.

Pienso en la vivienda y en la educación, reunidos estos días en la Puerta del Sol, como derechos llave: abren posibilidades que otros derechos necesitan para hacerse efectivos. Una casa permite estudiar, preservar la intimidad y descansar. La educación proporciona herramientas para conocer los derechos y defenderlos. También la salud y unos ingresos suficientes permiten ejercer otros derechos. Esas llaves alzadas y sonando en las manifestaciones expresan algo más que el deseo de abrir una casa: recuerdan todo lo que depende de poder habitarla.

Los servicios públicos hacen posible que el ejercicio de un derecho dependa de la necesidad y no de la capacidad de pago. Cuando su garantía se entrega al negocio, una parte creciente del salario o de la pensión debe destinarse a comprar lo que debería estar asegurado. Quienes carecen de recursos ven estrecharse sus posibilidades de vivir con dignidad. Y aprendemos a buscar una salida individual para aquello que deberíamos poder exigir juntos.

La fragmentación también se instala entre quienes aún pueden pagar y quienes ya han quedado fuera. La sanidad privada parece una solución mientras alcanza el dinero, y una vivienda en propiedad puede hacernos olvidar a quienes viven pendientes de la próxima renovación del alquiler. Pero ninguna tranquilidad particular sustituye a una garantía colectiva. Defender los servicios públicos significa asumir una responsabilidad por la vida de otras personas, también cuando su necesidad no coincide con la nuestra.

Las movilizaciones dan una dimensión colectiva a experiencias que demasiadas veces se viven en soledad. Donde cada cual había aprendido a sentirse culpable por no llegar, aparece la posibilidad de reconocer responsabilidades y actuar junto a otros. Esa solidaridad exige acompañar protestas cuando la reivindicación principal no es la propia. Estar por la educación aunque no tengamos hijos, por las pensiones aunque falten años para jubilarnos, por la vivienda aunque tengamos resuelto dónde dormir esta noche.

Me interesa esa solidaridad que permanece cuando ya hemos conseguido algo para nosotras. La que entiende que una conquista seguirá siendo frágil mientras quienes están al lado continúen perdiendo las condiciones para vivir. Ahí encuentro el sentido de esta huelga general: en la posibilidad de defender juntos los derechos que necesitamos para sostener nuestras vidas. Porque sí, esto es hacer política y democracia más allá de las urnas.